El Congreso Nacional presentó una propuesta de reforma orientada a endurecer las penas contra la criminalidad organizada y fortalecer la protección legal de operadores de justicia y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
La iniciativa surge tras recientes hechos violentos registrados en el país, especialmente los ataques armados en el norte de Honduras que dejaron varios miembros de cuerpos de seguridad muertos.
La propuesta contempla reformas al Código Penal con el objetivo de imponer sanciones más severas a quienes atenten contra policías, militares, jueces y fiscales durante el ejercicio de sus funciones.
Las autoridades del Poder Legislativo consideran que la legislación actual requiere mecanismos más estrictos para disuadir ataques contra instituciones encargadas de la seguridad y el orden público.
“Quienes atenten contra la vida de los policías, militares, operadores de justicia y jueces en el desempeño de sus labores tienen que ser castigados. Hemos visto la semana anterior el asesinato o la masacre contra cinco oficiales en el departamento de Colón”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Reformas al Código Penal
La reforma se enfocará en modificar los artículos 540-A y 540-B del Código Penal hondureño.
Con estos cambios, el marco legal establecería la máxima pena de privación de libertad permitida en el país para quienes cometan asesinatos contra miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus funciones.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, el proyecto no será aprobado de inmediato por el pleno de diputados, sino que deberá ser sometido a consulta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El texto será remitido a la Secretaría del Congreso Nacional, que posteriormente lo trasladará a los magistrados de la CSJ para obtener un dictamen jurídico en un plazo estimado de entre tres y cuatro días.
“Tenemos que proteger también al policía, militar y operador de justicia. Ellos realizan una labor de seguridad para el pueblo hondureño y el delincuente tiene que saber que, si atenta contra la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, un fiscal o un juez, le caerá todo el peso de la ley y esta reforma”, añadió Zambrano.
Invasiones de tierras
De manera paralela, la junta directiva del Congreso Nacional y la Comisión de Seguridad anunciaron la finalización de un dictamen orientado a combatir las ocupaciones ilegales de tierras.
El tema ha generado preocupación entre sectores productivos debido al impacto que, según empresarios y autoridades, provoca en la estabilidad económica y las inversiones del país.
La propuesta busca reforzar la protección de la propiedad privada y otorgar mayores herramientas a las fuerzas de seguridad para ejecutar desalojos y acciones preventivas.
Los impulsores del proyecto señalaron que detrás de varios conflictos territoriales operarían estructuras ajenas a los reclamos de grupos campesinos organizados.
Además, el Congreso programó la lectura en primer debate del decreto especial contra las invasiones, con el objetivo de iniciar el proceso de socialización y posterior votación.
La agenda legislativa contempla incluso la dispensa de debates para acelerar su aprobación, en medio de los recientes hechos violentos que, según autoridades, han dejado alrededor de 20 muertos en conflictos agrarios.
Finalmente, la presidencia del Congreso hizo un llamado a las distintas bancadas políticas para revisar el proyecto y presentar observaciones en el menor tiempo posible.
Según el Legislativo, el objetivo es fortalecer el marco legal para brindar mayor seguridad jurídica a la inversión privada y reducir la conflictividad en las zonas rurales del país.
