Resolución judicial confirma segmentación de contratos de tres hospitales

El 5 de mayo de 2026, el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada y Corrupción emitió el oficio 200-2026, mediante el cual ordenó la suspensión inmediata de las obras y el congelamiento de los pagos de los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

La resolución instruye a la Secretaría de Salud a detener cualquier relación contractual con las empresas constructoras vinculadas a los proyectos.

La medida tiene carácter preventivo y busca evitar la continuidad de los trabajos mientras se desarrollan las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública y posibles afectaciones al patrimonio del Estado.

Además, el fallo judicial respalda hallazgos previamente documentados por LA PRENSA Premium, en los que se reporta un incremento del presupuesto total de los tres hospitales, que pasó de 1,874 millones a 7,674 millones de lempiras.

Según la resolución, existe además una diferencia significativa entre la ejecución financiera y el avance físico de las obras. El documento señala que en los hospitales de Santa Bárbara y Salamá el progreso de construcción es inferior al 25%, mientras que los compromisos contractuales ya superan el 70% del presupuesto total asignado.

El juzgado también cuestiona el esquema de ejecución utilizado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el cual consistió en dividir los proyectos en múltiples contratos adjudicados a distintas empresas, justo como lo expone este equipo periodístico en su investigación.

De acuerdo con la resolución, esta fragmentación dificulta el control técnico y financiero de las obras y complica la supervisión del uso de los recursos públicos.

El documento añade que este modelo ha estado acompañado de ampliaciones presupuestarias no previstas inicialmente, lo cual ha derivado en incrementos significativos en el costo total de los proyectos.

En el caso del Hospital de Santa Bárbara, la resolución a su vez identifica un problema de planificación relacionado con el acceso al terreno, ya que el área prevista para la entrada pertenece a una organización no gubernamental. Esta situación podría obligar a rediseñar la infraestructura de acceso, generando nuevos retrasos y costos adicionales.

El juzgado justificó la suspensión de las obras como una medida para preservar evidencia relevante para la investigación, incluyendo registros de pagos, bitácoras de obra y documentación contractual.

La paralización busca evitar que la continuidad de los trabajos altere posibles elementos de prueba mientras el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) continúan las auditorías en curso.