Con 25 empresas dividieron contratos de hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara

LA PRENSA Premium tuvo acceso a 33 de los 47 contratos adjudicados para la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque. La documentación revela un esquema de fragmentación, modificaciones y brechas entre los pagos

Con 25 empresas dividieron contratos de hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara
Tegucigalpa, Honduras

El proyecto que prometía modernizar la red hospitalaria del occidente de Honduras terminó atrapado entre obras inconclusas, ampliaciones de presupuestos millonarios y contratos bajo sospecha.

La Unidad de Investigación de LA PRENSAPremium obtuvo acceso a 33 de los 47 contratos adjudicados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para la construcción de los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara. Los documentos analizados suman unos 2,500 millones de lempiras de los 7,674 millones asignados a los tres proyectos.

Los expedientes revelan cómo la SIT repartió los 33 contratos con 25 empresas, pero también evidencian modificaciones contractuales realizadas mientras las obras estaban en marcha, incrementos presupuestarios y discrepancias entre los montos pagados y el avance físico reportado en los proyectos. Esta información coincide con lo expuesto en la resolución judicial que autoriza la paralización de las obras, firmada el pasado 5 de mayo de 2026.

La resolución del Poder Judicial sostiene que las construcciones fueron paralizadas debido a inconsistencias entre la ejecución real y los desembolsos realizados, hallazgos que hoy forman parte de investigaciones del Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Los 14 contratos restantes no fueron encontrados en la plataforma de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), pero la revisión documental permitió identificar procesos contractuales que aún aparecen como abiertos: en algunos casos se registró la convocatoria y recepción de ofertas, pero el proceso no fue adjudicado o no llegó a formalizarse mediante contrato.

La SIT fragmentó los hospitales en 47 contratos

En lugar de centralizar la edificación de cada centro hospitalario en un único contratista, la SIT fragmentó la ejecución de los proyectos a través de contrataciones directas.

El TSC y el Ministerio Público informaron que investigaban 47 contratos, de esos, este equipo obtuvo 33 que fueron repartidos en 25 empresas que recibieron uno, dos y hasta tres contratos.

Las obras civiles, la terracería, las estructuras principales, las instalaciones eléctricas y los sistemas complementarios —como las redes de climatización— se licitaron de forma separada.

LA PRENSA Premium tuvo acceso a 9 de 11 contratos del Hospital de Ocotepeque, cuyo monto era de 812 millones de lempiras, es decir el 49.66% del presupuesto total proyectado de 1,635 millones, en donde se mencionan que el hospital debería tener concluida su segunda etapa para su previo equipamiento.

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Sin embargo, el hospital está en las mismas condiciones en que las dejó Octavio Pineda, exministro de la SIT, quien al finalizar su mandato informó que el avance de la obra estaba en el 32%.

En una visita por este centro asistencial se observó tramos de concreto sin finalizar, la maquinaria parada y una estructura a medio terminar que hoy solo conserva los sueños de los pobladores.

Para el Hospital de Ocotepeque se revisaron 9 de 11 contratos, por 812 millones de lempiras, equivalentes al 49.66% del presupuesto de 1,635 millones.

De esos 9 contratos, las empresas con mayor participación fueron Desarrollos Internacionales Múltiples S. de R.L. de C.V, a la que se le adjudicaron 325 millones de lempiras por trabajos de electrificación y sistemas de aire acondicionado, así como Honduran Structural Steel, Construction and Commerce S. de R.L, encargada de estructuras y cimentaciones por un monto inicial de 290 millones de lempiras.

Sin embargo, este último monto no se mantuvo estable. Uno de sus contratos, por 177 millones de lempiras, fue posteriormente modificado a 221 millones, un aumento de 43 millones, es decir 24.47% más del monto inicial. Con este ajuste, el valor total adjudicado a la empresa asciende a 334 millones de lempiras.

La Ley de Contratación del Estado permite modificaciones de hasta un 25% del presupuesto inicial.

Para el centro asistencial en Salamá este equipo también revisó 9 de los 11 contratos. En los documentos, los acuerdos firmados sumaban 688 millones de lempiras, o sea el 42.07% del techo financiero de 1,635 millones presupuestados por Pineda a finales de 2025.

El avance en obras es similar al de Ocotepeque, ya que en este municipio de Olancho la estructura hospitalaria se quedó estancada en el 31%. Este rotativo también visitó el hospital en construcción, que lucía descuidado, inconcluso y con equipo abandonado.

TSC realiza análisis de contratos de hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara

De los 9 contratos analizados, 3 empresas concentran dos convenios de obra cada una dentro del mismo proyecto.

La de mayor monto fue Naveda Metzgen & Asociados S. de R.L. de C.V. (N&M Construcciones S. de R.L. de C.V), a la que se le asignaron inicialmente 189 millones de lempiras para trabajos de estructura, monto que posteriormente fue ajustado a 236 millones, con un incremento de 47 millones, es decir el 24.86% del valor total del trabajo.

A esta empresa se le suma otro contrato por 97 millones de lempiras destinado a cimentación del edificio. En conjunto, la constructora acumula adjudicaciones por 333 millones de lempiras.

En segundo lugar aparece S.F. Construcciones S.A., con dos contratos que suman 280 millones de lempiras, destinados a la instalación del sistema eléctrico y de telecomunicaciones del centro asistencial.

La tercera empresa es Construcción y Tecnología S. de R.L., a la que se le adjudicaron 92 millones de lempiras para trabajos de fachada y pavimentación en el exterior del hospital.

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En Salamá se revisaron 9 de 11 contratos, por 688 millones de lempiras. El avance físico se mantiene alrededor del 31%, según registros citados por la SIT, pero el Poder Judicial dice que solo es el 25%.

En el caso de Santa Bárbara también se analizaron 12 de 25 contratos, que alcanzan los 749 millones de lempiras, de un presupuesto macro asignado de 4,404 millones, quedando disponibles 3,655 millones.

Este centro asistencial es el que menos desarrollo presenta, según los últimos datos de la SIT, este quedó en 22% de construcción aunque tiene más dinero invertido que Salamá.

La distribución de contratos en este caso fue más diversificada, ya que no se observa repetición de empresas en distintas licitaciones dentro del mismo grupo de obras. Sin embargo, dos contratistas concentraron los montos más altos.

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La Empresa de Materiales Estructurales para la Construcción S.A. de C.V. estuvo a cargo de la cimentación del hospital con un contrato inicial de 229 millones de lempiras, posteriormente modificado a 287 millones, lo que representa un incremento de 57 millones, y en porcentaje es el 24.97% del valor adjudicado.

Por su parte, A&V Ingenieros S. de R.L. firmó un contrato por 172 millones de lempiras para el montaje de estructura metálica en los módulos 6, 7 y 8, así como trabajos de cimentación asociados.

En Santa Bárbara se revisaron 12 de 25 contratos, por 749 millones de lempiras dentro de un presupuesto de 4,404 millones, dejando 3,655 millones aún sin ejecución identificada en los expedientes revisados.

A la distribución individual por región se añaden dos contratos globales que abarcan las tres infraestructuras sanitarias. El primero corresponde al diseño integral del sistema hospitalario, adjudicado a la empresa española GHESA Ingeniería y Tecnología S.A. por un monto de 289 millones de lempiras (equivalente a 11.4 millones de dólares en el contrato original), esta fue la única firma que obtuvo un contrato en dólares.

El segundo contrato general, que ronda los 3 millones de lempiras, se destinó a los estudios de suelo y la perforación de pozos. Esta licitación fue otorgada a la empresa Corporación de Soluciones Integrales S. de R.L, una entidad cuyos registros comerciales revelan que su actividad principal está vinculada al suministro de mobiliario y equipo de oficina, un rubro ajeno a la ingeniería especializada y la infraestructura hospitalaria, pero que sí hacen obras de infraestructura.

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Sin embargo, este esquema de reparto directo contraviene lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras.

La normativa constitucional determina de forma obligatoria que todo proceso de precalificación institucional debe fundamentarse en la verificación fehaciente de la capacidad técnica, legal y financiera de los interesados para asegurar la correcta ejecución del contrato.

Específicamente, la ley exige evaluar la experiencia comprobada de la empresa, la disponibilidad real de personal, equipo e instalaciones, la capacidad administrativa y técnica disponible, la solvencia y capacidad financiera.

La adjudicación de estos contratos obvió este filtro legal. Una fuente de La Presa Premium vinculada a los hospitalarios, quién pidió hablar bajo anonimato, indicó que en el país solo existen tres empresas certificadas y con la experiencia requerida para edificar obras hospitalarias de alta complejidad.

Una es Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción (Serpic), Constructora Sato y el Consorcio Ixchel (este último con credenciales de la banca multilateral tras desarrollar salas neonatales junto al Banco Interamericano de Desarrollo - BID).

Ninguna de las constructoras que lideran el grueso de los 47 contratos de la SIT figura dentro de este grupo de idoneidad técnica especializada

El 5 de mayo de 2026, el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada y Corrupción ordenó mediante el oficio 200-2026 la suspensión inmediata de las obras y el congelamiento de pagos en los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

a medida instruye a la Secretaría de Salud a detener cualquier vínculo contractual con las empresas involucradas, mientras avanzan las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública y posibles afectaciones al patrimonio del Estado.

La resolución judicial también respalda los hallazgos previos de LA PRENSA Premium sobre el incremento del presupuesto, que pasó de 1,874 a 7,674 millones de lempiras, y advierte una brecha entre ejecución financiera y avance físico, inferior al 25% en Santa Bárbara y Salamá frente a más del 70% ya comprometido.

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Redacción web
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Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.