Desde el 7 de julio, el cronograma electoral en Honduras está paralizado, y ayer en un procedimiento sorpresivo, el fiscal general Johel Zelaya ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) secuestrar documentos en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esta situación agrava la crisis en el órgano electoral, que el martes 29 de julio no pudo adjudicar el sistema de transmisión de resultados (Trep), como manda la ley, puesto que los colectivos de Libre impidieron que las empresas oferentes entregaran sus propuestas hace tres semanas y no se ha podido ampliar el plazo.
Libertad y Refundación rechaza que haya verificación humana en actas con inconsistencias. El 25 de julio, la consejera Ana Paola Hall interpuso su renuncia a su cargo en el CNE argumentando que ha sido víctima de “ataques sin precedentes”.
En su carta de renuncia señala que lo que origina la crisis en el CNE “es la negativa a integrar sesiones debido a la falta de unanimidad en el Trep”.
La renuncia de Hall fue enviada a la Secretaría del Congreso Nacional y, en la sesión del martes, el titular de este poder del Estado, Luis Redondo, no la aceptó y solicitó al Ministerio Público una investigación formal sobre las denuncias realizadas por Hall en su carta de dimisión.
Intervención ordenada por el fiscal general
“Hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país”, expresó Johel Zelaya en una expedita comparecencia. Argumentó que "vamos a investigar la denuncia de conspiración y extorsión que se ha hecho entre los tres consejeros.
Dijo que el Ministerio Público tiene en su poder información que vincula esta presunta conspiración con actores políticos que también habrían intervenido en el proceso electoral de 2017.
Dos horas después de la instrucción girada por Johel Zelaya, 14 miembros de la Atic; entre ellos, cuatro fiscales y diez agentes, se presentaron a las instalaciones del órgano electoral.
A su llegada al CNE, en total hermetismo, los agentes ingresaron a la secretaría general, la Unidad de Compras y Contrataciones (UCCE) y otras dependencias.
Ante la situación, Cossette López, consejera presidenta del CNE, lamentó que “para este día (ayer), a las 11:30 am, se había programado una sesión de trabajo con el objetivo de retomar los temas urgentes del proceso electoral. Sin embargo, una vez más, fuerzas externas al CNE intentan obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones”.
Reprochó que “si no es un pretexto, es otro, y si de verdad existe voluntad de investigar conspiraciones, injerencias o actos de intimidación, deberán comenzar por incluir en el expediente sus propias declaraciones, presiones y maniobras. Las amenazas contra el proceso electoral, lamentablemente, provienen de sectores instalados dentro de la propia institucionalidad del Estado”.
Cossette López acusó que la conspiración y el accionar sistemático buscan debilitar y desmantelar al Consejo Nacional Electoral.
Consejeros en calidad de investigados
Los consejeros Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa fueron citados en horas de la mañana por el Ministerio Público para rendir declaración en calidad de testigos. No obstante, horas después de la emisión del primer citatorio, el Ministerio Público cambió la citación contra los tres consejeros, quienes ahora comparecerán en calidad de investigados.
Los delitos que investigan son traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Constitución, la seguridad del Estado, su integridad territorial y la administración pública.
Tras conocer el citatorio, Cossette López escribió en su cuenta de X: “Es insostenible continuar trabajando en el CNE en un ambiente sin garantías legales ni democráticas”.
Continuó: “A pesar de las amenazas directas contra mi vida y mi libertad, he permanecido firme en mi compromiso con la ley, el proceso electoral y la democracia. Pero hoy, la amenaza ya no es solo institucional: es personal, y ocurre en absoluto desamparo de legalidad”.
Frente a la intervención, un nutrido grupo de empleados se manifestó afuera del CNE en apoyo a la titular del órgano electoral. Bajo la consigna “No estás sola”, refiriéndose a Cossette López, los empleados del CNE se tomaron las calles de acceso.
Militantes del Partido Nacional y transeúntes se sumaron al respaldo de la consejera presidenta, quien más tarde agradeció el acompañamiento en un audio.
Liberales salen a las calles
La crisis electoral arreció este miércoles, entre gritos, zafarrancho, represión policial y hasta sangre, luego de que diputados, activistas y simpatizantes del Partido Liberal se movilizaran para exigir el respeto a las elecciones generales de noviembre.
Con la consigna “¡Fuera el familión!”, en rechazo a lo que califican como una pretensión de instalación de una dictadura por parte de la familia Zelaya en los poderes del Estado, los liberales se apostaron en los bajos del Congreso Nacional.
La protesta se intensificó cuando diputados liberales —quienes, a bordo de un bus “rapidito” conducido por el diputado Jorge Cálix, llegaron a las afueras del Poder Legislativo— se sumaron a la manifestación.
Al intentar ingresar al Legislativo, los parlamentarios fueron reprimidos por un fuerte contingente policial que se instaló en los bajos del Congreso Nacional para impedir su paso.
El zafarrancho derivó en un enfrentamiento que dejó varios heridos; entre ellos, Julia Talbott, activista del Partido Liberal, quien sufrió una lesión en el brazo.
Durante la protesta, los simpatizantes liberales coreaban el nombre del presidenciable Salvador Nasralla, en respaldo a su aspiración, y denunciaron los ataques a su militancia.
