Por su alto grado de opacidad y porque los gobiernos anteriores “hicieron mal uso de los fondos”, expertos le recomiendan a la nueva administración de Nasry Asfura revisar y eliminar paulatinamente el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido popularmente como Tasa de Seguridad.
Este gravamen, que castiga transacciones financieras, desalienta la inversión extranjera, impulsa la informalidad, golpea con mayor fuerza a las micro y pequeñas empresas y traslada su costo final a los consumidores de menores ingresos.
La tasa de seguridad surgió en 2011 mediante la aprobación de la Ley de Seguridad Poblacional (Decreto 105-2011), publicada en La Gaceta el 8 de julio de ese año.
En ese contexto, Honduras registraba una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con cifras que superaron los 86 por cada 100,000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
Las autoridades justificaron la medida como una herramienta temporal para fortalecer a los operadores de justicia y combatir el crimen organizado, mediante la creación de un fideicomiso.
Quince años después, el mecanismo continúa a pesar de que el país registra menos homicidios (23.23 por cada 100,000 habitantes), de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad.
Desde su implementación hasta 2025, la tasa le permitió al gobierno captar alrededor de L40,000 millones, solo entre 2012 y 2022, sumó "a través de las contribuciones especiales y de los rendimientos de las inversiones, un total de L23,549,759,266.90, cifra que equivale a aproximadamente el 10.41% del Producto Interno Bruto (PIB) real de Honduras para el año 20211", establece el informe Tasa de Seguridad Poblacional: La nueva década perdida en Honduras, publicado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
En ese informe, el CNE estableció que “alrededor de los recursos recaudados y desembolsados desde el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional se observaron significativas inconsistencias entre lo manejado por la oficina de Tasa de Seguridad Poblacional y el Banco Central de Honduras, reflejando una atmósfera de opacidad y desconfianza respecto a la veracidad de los registros de la información financiera”.
Para el economista y consultor Wilfredo Díaz, el gobierno de Asfura tiene la oportunidad de redimir su partido político, nuevamente en el poder, con la eliminación de la Tasa de Seguridad que, además de opaco, es un mecanismo “mal visto por la comunidad internacional” y un factor que disminuye la competitividad de las empresas.
“La tasa de seguridad fue un mecanismo para recaudar recursos financieros de manera temprana para hacerle frente al tema de seguridad que se dio allá por 2011. Internacionalmente, este tipo de impuestos son muy criticados porque es sobre las transacciones financieras. Es regresivo, generalmente las empresas lo toman como un costo y lo pueden trasladar al consumidor final", dijo Díaz en entrevista con Diario La Prensa.
Según él, "si lo trasladan al consumidor final, los que tienen mayor impacto son las personas de bajos ingresos, las pequeñas y microempresas que pueden tener un flujo entre los rangos que cobran la tasa reciben un costo que lo pueden absorber por competitividad, que hace más difícil su existencia, o lo trasladan al consumidor final. También es fácil evadirlo”.
Este economista radicado en Costa Rica plantea que estas tasas “no son recomendables a nivel internacional” porque “reducen competitividad, fomenta la informalidad, más que el plan de gobierno actual va a favor de generar empleo formal, esta tasa hace lo contrario. La tasa no ha sido trasparente. No ha tenido una auditoría formal, no presentan informes de la ejecución de esos fondos".
"Todo es muy opaco, lo manejaron en un fideicomiso afuera del presupuesto. Es un tema que no tiene por donde ser defendido. No es poco dinero, es bastante dinero que están recaudando con la tasa de seguridad. Se debería realizar una auditoría forense y ver cómo cerrar paulatinamente, en un año o dos años", propone Díaz, y le recomienda la nuevo gobierno “darse un tiempo para realizar el respectivo análisis e intentar cerrarlo".
"Para mí sería una iniciativa que mandaría un buen mensaje a la población. En el caso de este gobierno, sería como de redención: cometimos este error hace tantos años y ahora lo estamos intentando arreglar o meterlo dentro de presupuesto, que no sea algo opaco, sino que rinda cuentas. Se puede hacer de diferentes formar. Lo importante es que se evalúe este instrumento de recaudación”, dijo.
A juicio de Leonardo Pineda, experto en seguridad ciudadana y políticas públicas, “la tasa de seguridad es una buena idea, pero lamentablemente, los gobiernos le han dado un uso pésimo a los fondos reaudados”.
“El gobierno de Juan Orlando Hernández creó la Tasa de Seguridad y la manejó como un secreto. Esta tasa también la convirtieron en la justificación para crear la Ley de Secretividad”, dijo.
