En abril de 2019, dos adultos y un menor de edad que consumían alcohol y marihuana en una villa de un complejo turístico de La Ceiba, Atlántida, indujeron a una adolescente de 16 años a beber de un vaso con licor y posteriormente abusaron sexualmente de ella.
Según investigaciones del Ministerio Público (MP), el vaso no sólo contenía licor, sino también metanfetamina, droga ilegal que produce euforia de manera inmediata y que, en algunas personas, intensifica el deseo sexual por la liberación masiva de dopamina.
En 2021, el MP logró que el tribunal de La Ceiba condenara a dos de los victimarios: el menor de edad y Luis Ulloa Hernández. Mientras tanto, Juan Manuel Gómez Castejón permanece prófugo y las autoridades nacionales lo buscan con una orden de captura emitida por un juez.
Entre 2019 y 2025, la familia de esta menor de edad y unas 23,000 mujeres más presentaron denuncias por agresión sexual (de diferente tipo) ante el Ministerio Público, según recuentos realizados por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
El caso de la adolescente representa un claro ejemplo de sumisión química, una práctica delictiva ejecutada por individuos que suministran a una persona sustancias psicoactivas sin su consentimiento o conocimiento, con el propósito de anular su voluntad, reducir su capacidad de resistencia o inducirla a un estado de indefensión que facilita la comisión de delitos como el abuso sexual.
La sumisión química constituye una forma de violencia diferenciada por el uso de drogas o alcohol para manipular o controlar a la víctima, afectando su capacidad de tomar decisiones conscientes o de defenderse. Las sustancias más utilizadas en estos delitos incluyen benzodiacepinas, alcohol, ketamina, GHB (ácido gamma-hidroxibutírico) y, en este caso particular, metanfetaminas.
Carolina Sierra, directora del Centro de Derechos de Mujeres, señala que este tipo de agresiones, en las que los victimarios utilizan drogas, ha existido en Honduras, aunque hasta ahora ninguna institución del Estado las registra como tales, permanecen invisible.
“Por una parte, no hay una documentación oficial de cuantos casos de violencia sexual son en este escenario. Igual es probable que muchas mujeres tengan miedo a denunciar porque con seguridad pueden ser estigmatizadas por no recordar qué pasó. En muchos casos de violencia sexual, el testimonio de las mujeres no basta, ellas terminan siendo investigadas y el MP muy pocas veces puede sostener un caso en un juicio”, dice Sierra.
Según Sierra, “la violencia sexual es el segundo delito más cometido contra la mujer, después de la violencia doméstica, en 2024, las denuncias sumaron alrededor de 2,968 en las diferentes tipologías de violencia sexual (...)”.
“Más allá de las estadísticas, hemos constatado en levantamiento de información en las comunidades la normalización y la impunidad de todos estos casos, casos, incluso, conocidos en los cuales están vinculadas niñas que son llevadas por hombres mayores o casos de incestos conocidos por las comunidades y las autoridades no actúan de oficio”, dijo en entrevista con Diario La Prensa.
El World Drug Report 2025 (Informe Mundial sobre las Drogas 2025), publicado en junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), indica que en Honduras 29 personas por cada 100,000 habitantes (unas 2,900 al año) resultan víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, la violencia sexual contra las mujeres en Honduras no alcanza los niveles críticos de los países vecinos, donde la tasa es más elevada, como en El Salvador (107 víctimas por cada 100,000 habitantes) o Costa Rica (187 víctimas por cada 100,000 habitantes), país actualmente golpeado por el narcotráfico.
Esto incluye, según el informe, cualquier “acto sexual no deseado, intento de obtener un acto sexual, o contacto o comunicación con la intención de obtener un acto sexual, sin consentimiento válido o con consentimiento como resultado de intimidación, fuerza, fraude, coerción, amenaza, engaño, uso de drogas o alcohol, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad”.
Honduras reúne condiciones que favorecen la práctica de la sumisión química contra mujeres, dado que, de acuerdo con la UNODC, las anfetaminas se han posicionado como las sustancias de mayor predominancia en el mercado clandestino de drogas sintéticas.
Mauricio Pastrana, psicólogo con dos másteres en drogodependencias, considera que “existe la posibilidad que muchas mujeres sean víctimas de la sumisión química, pero estos casos no llegan a las autoridades o a donde los especialistas” por distintos factores: las agredidas, bajo los efectos de la droga, no recuerdan lo sucedido, carecen de pruebas o sienten vergüenza de lo ocurrido.
Pastrana detalla que estas drogas presentan “efecto demasiado rápido (mareo, desinhibición o sueño tras pocos sorbos)” y las víctimas pueden experimentar “visión borrosa, dificultad para hablar o coordinarte sin haber bebido tanto; sensación de confusión o desconexión (como si todo fuera muy lento o no pudieras reaccionar)”.
Este psicólogo, con consultorio en Plaza Millenium de San Pedro Sula, aconseja a las mujeres que “si sienten algo inusual tras beber poco, avisen a alguien de confianza inmediatamente y si tienen sospechas de haber sido drogadas deben buscar ayuda rápida de amigos, personal del lugar, seguridad); no vayan solas y pidan a alguien de confianza que las acompañe, si es grave, llamen a emergencias de inmediato”.
Pastrana recomienda a las mujeres, cuando estén en lugares de fiesta, “cuidar las bebidas, no aceptar bebidas de desconocidos ni de personas que no confíen plenamente, ver cuando preparan las bebidas, mantener el vaso en sus manos, incluso al ir al baño o bailar”.
