Honduras regresó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, después de permanecer 18 meses fuera del organismo. Con esta decisión, el gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la credibilidad internacional y enviar un mensaje de confianza a los inversionistas globales.
El gobierno de Xiomara Castro formalizó la salida del Ciadi el 25 de agosto de 2024, al argumentar que la medida buscaba proteger la soberanía nacional, salvaguardar las finanzas públicas y evitar demandas multimillonarias de inversionistas extranjeros. No obstante, la decisión no evitó que el Estado recibiera nuevas demandas ni que los procesos existentes continuaran su curso.
La medida fue cuestionada por diversos sectores, que consideraron que enviaba un mensaje negativo a los inversionistas al poner en duda las garantías de seguridad jurídica. Honduras tenía 35 años de pertenecer a este centro internacional de resolución de conflictos.
El 6 de marzo de 2026, el presidente de la República, Nasry Asfura, firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como Convenio del Ciadi.
“La inversión sigue a la confianza. Cuando los inversionistas saben que las reglas son claras y que los contratos serán respetados, están mucho más dispuestos a poner el capital a trabajar”, dijo Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial y presidente del Consejo Administrativo del Ciadi.
“Con la firma del Convenio del Ciadi, Honduras está enviando una señal clara de que está abierta a los negocios y comprometida con la creación de las condiciones para que crezcan la inversión privada y, en última instancia, el empleo”, agregó.
Honduras es el 166.º Estado signatario del Convenio del Ciadi. Tras la ratificación, el país se convertirá en Estado miembro del Ciadi y participará en la gobernanza del organismo a través de su representación en el Consejo Administrativo.
El Gobierno hondureño y los inversionistas extranjeros en el país tendrán entonces acceso a arbitraje y conciliación en virtud del Convenio del Ciadi, un tratado internacional que establece el marco jurídico para la resolución de diferencias relativas a inversiones. También podrán utilizar los servicios de mediación del Ciadi, ya sea como alternativa al arbitraje o de forma complementaria.
“Al reincorporarnos al Ciadi, Honduras adopta estándares internacionales reconocidos globalmente para la solución de controversias en materia de inversión. Esto no debilita al país; lo fortalece. Nos coloca en el marco de previsibilidad que los mercados internacionales valoran y que los inversionistas requieren”, dijo Nasry Asfura, presidente de Honduras, durante la ceremonia de firma del convenio.
"Si se quiere atraer inversión hay que estar dentro del Ciadi"
Expertos en arbitraje y derecho internacional señalan que Honduras no debió abandonar el centro de arbitraje internacional y consideran que su regreso envía una señal de confianza para los inversionistas.
Graco Pérez, abogado experto en derecho internacional, declaró a LA PRENSA que Honduras nunca debió salir del Ciadi y calificó como correcta su reincorporación, ya que el organismo representa un mecanismo que brinda garantías a los inversionistas.
“Si se quiere atraer inversión hay que estar dentro del Ciadi. Lo veo positivo; sin embargo, no es lo único. Para que llegue inversión también se necesita seguridad jurídica, seguridad ciudadana, condiciones e incentivos, leyes claras. Son muchos factores, pero retornar al Ciadi es un paso”, señaló.
Tal como se había advertido, aun con la salida del Ciadi, las demandas contra el Estado continuaron su curso. Antes de la salida oficial del organismo se sumaron tres nuevas demandas, dos del sector de energía renovable y una vinculada a proyectos inmobiliarios y de desarrollo del sector construcción.
“Eso no resolvía las diferencias que tiene Honduras en el Ciadi; hay que hacerles frente, no ignorarlas. Es un centro de disputa entre los inversionistas y el Estado y un medio de solución. No debe verse como que, por pertenecer al Ciadi, necesariamente se pierden las demandas”, explicó Pérez.
El abogado advirtió que con el reintegro al organismo podrían surgir nuevas demandas, aunque también podrían alcanzarse acuerdos en los casos existentes.
“Lo importante es que Honduras no esté generando esas demandas, porque muchas veces surgen por incumplimientos. Se deben respetar los convenios, acuerdos y tratados. Puede haber diferencias, pero los acuerdos deben cumplirse”, sostuvo Pérez.
Actualmente hay 14 casos de demandas pendientes en el Ciadi, relacionados con sectores como energía, servicios financieros, proyectos inmobiliarios, transporte y construcción, además de ocho casos concluidos.
Por su parte, Javier Briceño, arbitrista internacional, consideró que el regreso al Ciadi envía un mensaje de confianza a los inversionistas para que coloquen su capital en Honduras y generen empleo.
“El tema de las demandas no es poca cosa. Había demandas antes de que Honduras se saliera, pero es cierto que esa decisión aceleró la aparición de nuevos casos. Si esos procesos se pierden, podría representar un problema económico”, advirtió. Frente a otros Estados, Honduras había quedado en desventaja, recalcó a este rotativo.
Briceño detalló que tres demandas fueron concluidas: una del sector aéreo, en la que el inversionista desistió unilateralmente del proceso, y otras que se resolvieron mediante acuerdos entre las partes.
Recordó además que la salida de Honduras del Ciadi afectó en su momento las negociaciones con China para un Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que se buscaban otros mecanismos de arbitraje internacional.
El especialista señaló que, aunque el regreso al Ciadi representa un primer paso, el país debe trabajar en infraestructura y simplificación administrativa.
“El inversionista no debería estar rogando para instalar sus operaciones en el país. El Estado, a través de sus oficinas administrativas, debe hacer los procesos más expeditos. El inversionista busca expandir su capital, pero puede hacerlo en Honduras o en cualquier otro país que le ofrezca mejores condiciones”, enfatizó Briceño.
Se debe mejorar otros aspectos, indican empresarios
Juan Carlos Sikaffy, empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró a LA PRENSA que la seguridad jurídica es integral y calificó como “un paso gigantesco” el regreso al Ciadi.
Sin embargo, advirtió que durante los últimos años se ha producido un deterioro en aspectos como la tenencia de la tierra, la administración de justicia y la estabilidad de las leyes, lo que ha afectado la credibilidad del país.
“La mala administración de la justicia y el cambio frecuente de leyes han dejado un daño enorme en la credibilidad del país. Hay que reconstruirla de nuevo, y creo que las acciones que ha tomado este gobierno han ayudado a iniciar ese proceso”, expresó.
Sikaffy agregó que es necesario fortalecer tanto la seguridad jurídica como la seguridad ciudadana, para dar al inversionista la certeza de que las reglas no cambiarán de manera arbitraria.
¿Qué es el Ciadi?
El Ciadi administra procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación en disputas relacionadas con inversiones, en virtud de contratos de inversión, tratados internacionales o leyes nacionales que remiten controversias al organismo.
Los casos de arbitraje son resueltos por tribunales independientes, generalmente designados por las propias partes involucradas.
En la actualidad, 158 Estados han ratificado el Convenio del Ciadi.
El organismo forma parte de la estrategia del Grupo Banco Mundial para impulsar la inversión y contribuir a la generación de empleo, mediante la promoción de un entorno favorable para la actividad empresarial y la movilización de capital privado.
En 2025 cayó la Inversión Extranjera Directa (IED)
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras cerró 2025 por debajo de la meta de 1,000 millones de dólares.
El año pasado finalizó con un flujo de 882.4 millones de dólares, una disminución en comparación con 2024, cuando alcanzó 993.9 millones de dólares, según datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH).
