Honduras enfrenta una nueva demanda internacional, con lo que ya acumula 17 casos pendientes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial.
Aunque el país formalizó su salida del Ciadi el 25 de agosto de 2024, esto no lo exime de enfrentar nuevas acciones legales internacionales, tal como lo habían advertido previamente expertos en arbitraje y derecho internacional.
De acuerdo con la información disponible, el objeto de la controversia está relacionado con proyectos inmobiliarios y de desarrollo vinculados al sector construcción.
La empresa demandante, Overseas Real Estate LLC (EUA), administradora de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) Ciudad Morazán, ubicada en Choloma, Cortés, ha invocado el mecanismo complementario del Ciadi, amparándose en dos instrumentos: la Ley de Inversiones de Honduras (2011) y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
La demanda fue registrada el 15 de mayo de 2025 y reclama 100 millones de dólares al Estado hondureño.
Reacciones y análisis legal
El arbitrista internacional Javier Briceño consideró previsible esta nueva demanda. “La denuncia del convenio Ciadi nunca fue una solución porque los otros tratados de inversión ya proveen rutas alternas. La solución no es cerrar uno de esos caminos, sino detener las actuaciones que motivan a los inversionistas extranjeros acudir a esos caminos”, declaró.
Briceño estimó que un proceso como este podría tardar entre tres y hasta once años. Asimismo, criticó la postura del gobierno: “El Gobierno está tomando una postura hasta cierto punto confrontativa, pero en el ejercicio de su soberanía ellos tienen esa facultad. El hecho que prefieran litigar cada uno de sus casos genera un costo sustancial para el Estado porque las firmas que se han contratado —que no solo es una— se le está pagando al equipo de la PGR y a dos firmas extranjeras que no cobran barato”.
A su juicio, una solución viable sería negociar directamente con el inversionista.
Manuel Antonio Díaz Galeas, procurador general de la República, confirmó a medios que están atendiendo la demanda con el mismo enfoque dado a otros casos similares. “Nosotros ya estamos al tanto de esta pretensión y estamos dándole el abordaje que le hemos dado al resto de demandas arbitrales promovidas contra el Estado, incluyendo Próspera”, expresó.
Las Zede y su situación jurídica
Pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el marco legal que dio vida a las Zede, estas estructuras siguen operando. La sentencia invalida las normas que las crearon, pero no ordena el cierre automático de las Zede. No obstante, los efectos jurídicos de dicha resolución son significativos.
Expertos coinciden en que la salida de Honduras del Ciadi ha restado atractivo al país para los inversionistas internacionales, sumándose a la ya existente inseguridad jurídica, considerada uno de los factores que más afectan la competitividad nacional.
En una entrevista en un noticiero de un medio televisivo, el experto en arbitraje internacional Juan Diego Lacayo subrayó que la salida del Ciadi no garantiza inmunidad frente a estas disputas.
“De nada sirve que Honduras haya finalizado el convenio con Ciadi, ya que si Honduras tiene tratados de libre comercio como el DR-CAFTA, leyes para la promoción y protección de inversiones y aun si la contraparte inversionista que viene a invertir al país tiene una nacionalidad de un país que es parte del convenio Ciadi, es suficiente para convocar a un proceso internacional de inversión y hacer valer sus derechos”.
