Tegucigalpa, Honduras. La falta de presupuesto mantiene pendiente la instalación de varios circuitos judiciales especializados ordenados por el Congreso Nacional, debido a que el Poder Judicial no dispone de los recursos necesarios para contratar personal, habilitar instalaciones y garantizar su funcionamiento, confirmó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz.
“Los circuitos especializados no se han podido implementar por temas presupuestarios, todavía se tienen deudas con el Poder Judicial que impiden su creación; trabajamos con lo que se tiene disponible”, explicó Díaz a LA PRENSA al referirse a las dificultades que enfrenta la institución para cumplir con las disposiciones aprobadas por el Legislativo.
El magistrado señaló que, ante la insuficiencia de recursos, el Poder Judicial tendría que realizar ajustes internos para habilitar los nuevos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, consideró que lo más conveniente sería que el Congreso Nacional aprobara una asignación presupuestaria adicional que permita garantizar su funcionamiento.
Uno de los proyectos pendientes es el circuito judicial especializado en terrorismo, cuya creación fue anunciada por el Congreso Nacional el 19 de septiembre de 2026, después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad acordara declarar terroristas a determinadas estructuras criminales.
El 23 de septiembre, cuatro días después del anuncio, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, contenida en el Decreto Legislativo 208-2026 y publicada ese mismo mes.
La legislación incorpora disposiciones para proteger la seguridad y la identidad de jueces y personal auxiliar en determinadas circunstancias. Sin embargo, la aprobación de la normativa no significa que el circuito judicial ya esté funcionando. Al 1 de noviembre de 2026, no hay evidencia de que sus órganos jurisdiccionales hayan sido instalados formalmente.
Circuitos pendientes de femicidios
Otro de los circuitos pendientes es el especializado en femicidios, cuya creación quedó establecida mediante reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional el 8 de junio de 2026 y publicadas el 30 de junio en el diario oficial La Gaceta, número 37,181. Las disposiciones entraron en vigor el 4 de julio y ordenan a la CSJ crear órganos jurisdiccionales para conocer estos delitos.
El presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, informó que la institución trabajaría en la elaboración del presupuesto necesario para poner en marcha ese circuito. No obstante, autoridades judiciales indicaron a LA PRENSA que, pese a que las reformas llevan varios meses vigentes, todavía no se han instalado los órganos especializados ordenados por el Congreso.
Vallecillo también planteó la necesidad de desarrollar mecanismos de especialización judicial para atender los conflictos agrarios que persisten en Honduras, especialmente los relacionados con la tenencia de tierras y las disputas territoriales. Durante un conversatorio organizado en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), reconoció que esta problemática tiene raíces históricas y requiere respuestas institucionales.
Entre los asuntos que demandan atención figuran los conflictos territoriales en el Bajo Aguán y las controversias relacionadas con tierras de pueblos originarios. El magistrado destacó la importancia de conocer las experiencias de Costa Rica, Colombia y México para identificar mecanismos que puedan aplicarse en Honduras.
El titular de la CSJ informó que el Poder Judicial capacita jueces para atender procesos que requieren conocimientos específicos, entre ellos los relacionados con asociaciones terroristas y criminalidad organizada. Aseguró que ya se designaron jueces de circuitos especiales, aunque reconoció que las limitaciones presupuestarias dificultan la puesta en funcionamiento formal de esas estructuras.
La especialización también contempla las áreas laboral, contencioso-administrativa, civil, niñez y adolescencia, además de femicidios y otras materias. Vallecillo confirmó que solicitaron un incremento presupuestario de 1,000 millones de lempiras para habilitar los circuitos especiales y mejorar la infraestructura judicial. También expresó su expectativa de que la Secretaría de Finanzas cumpla con las transferencias correspondientes al presupuesto de 2026.