La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar un recurso de amparo en el proceso que se sigue por el crimen de la joven Keyla Martínez.
Luego de este fallo judicial, el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque tiene vía libre para emitir una sentencia al agente de policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, cuyo juicio concluyó en septiembre del año.
El caso fue presentado por el delito de femicidio agravado, no obstante, un juzgado de La Esperanza, Intibucá, tipificó el ilícito como homicidio simple, por lo que el Ministerio Público presentó una acción constitucional de amparo que recientemente fue declarada sin lugar y en los mismos términos fue planteado el recurso de los acusadores privados, que también fue declarado sin lugar.
El 7 de febrero de 2021, al interior de una de las tres celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10, con sede en La Esperanza, Intibucá, fue encontrado el cuerpo de Martínez.
Durante el juicio, los fiscales evacuaron pericias técnicas – científicas y una serie de declaraciones de testigos y agentes a cargo de las investigaciones que establecen la dinámica de los acontecimientos.
Entre las pruebas aportadas en el debate se encuentra la inspección judicial de reconocimiento a la celda y los dictámenes de vídeo forense que muestran el tiempo de cinco minutos aproximados que el imputado permaneció en el recinto donde se encontraba recluida la joven y que luego se mantuvo afuera de forma sospechosa y sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las bartolinas y custodia de los detenidos.
La Fiscalía acreditó mediante la autopsia psicológica con expertos, que Keyla Patricia no sufría ningún trastorno mental que la llevara a un suicidio; aunado a eso, el dictamen de patología forense reveló que la manera de muerte es homicida y la causa de muerte fue asfixia por obturación de orificios respiratorios.
De su lado, con la prueba documental incluía los libros de novedades decomisados por la ATIC en la posta y de las patrullas asignadas a la UDEP 10 y con el conjunto del material probatorio se demostró que existió manipulación en la escena del crimen por parte del policía acusado.
