La sentencia que obliga al Estado a pagar una demanda por L2,600 millones de la caja única del tesoro del Estado ganada por la empresa estadounidense DRC INC del empresario Murray P. Farmer está en manos de la Sala de lo Constitucional.
Desde la semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó una revisión al expediente por la Sala Constitucional bajo la figura de ad effectum videndi, se constató en la Corte Suprema de Justicia.
Esta figura permite que el superior jerárquico pida al inferior un expediente para verlo y emitir observaciones, por lo que la Sala de lo Constitucional revisará la sentencia del embargo. De acuerdo con la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, la Sala Civil también tiene potestad para revisar la sentencia. Si la Sala Constitucional detecta que hubo anomalías en el fallo judicial de primera instancia puede declarar nula la demanda.
2010
Se condenó al Estado a pagar 351 millones de lempiras a la empresa hondureña subcontratada y 42 millones por honorarios profesionales.
El viernes 3 de febrero la Secretaría de Finanzas y la PGR informaron mediante sus titulares, Rixi Moncada y Manuel Díaz, la notificación legal del embargo por parte del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.
Detallaron que entrarán en desacato y no cumplirán con la obligación en nombre del Estado denunciando “una red de corrupción público privada que opera utilizando el sector justicia”.
La sentencia fue dictada por un Juzgado de Letras Civil en virtud que la PGR no interpuso un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia que ordena el millonario embargo.
La no interposición de la apelación le cerró el camino a la PGR para que procediera a interponer un recurso de reposición o en su defecto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para frenar el embargo.
Reacciones
Desde el Gobierno han reafirmado la postura de no pagar ni un cinco a los demandantes, ya que el impacto que podría causar al país sería bastante considerable, señaló el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. “Es un montón de dinero y pudiera afectar la capacidad del Gobierno de hacer frente a sus obligaciones inmediatas”, dijo Barquero.
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Millones de lempiras perdió el Estado una demanda contra el IP, dijo Conan Argueta, magistrado de la Corte de Apelaciones Civil de Francisco Morazán.
El funcionario del gabinete económico expresó que “si la caja única tiene un embargo obviamente esto quiere decir que no se puede mover el dinero del Gobierno y eso va a afectar la capacidad de hacer pagos como sueldos, proyectos y todo lo demás”.
Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), precisó que “para embargar una parte de la caja o los recursos se procede a embargar las cuentas de Finanzas en el Banco Central, el embargo a veces es precautorio y otros con pagos de sentencia firme”.
Advirtió sobre el desacato declarado por la titular de Finanzas y el procurador.“Si no hace el pago lo pueden declarar en desacato y puede ir hasta a prisión como funcionario. Si no se atienden las sentencias de un juez y si no se quiere hacer entonces hay un desacato por parte de la persona que autoriza el pago”.
En 1998 la empresa DRC INC se adjudicó un contrato valorado en 19 millones de dólares para el plan de reconstrucción nacional tras el huracán Mitch. El Estado no pagó una última obra, ya que DRC INC subcontrató una empresa hondureña, en lo que intervino la justicia de EUA aduciendo que no estaba permitido.
