Tegucigalpa. La directora global de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, dijo este sábado que en Honduras “hay ciclos de impunidad” contra “personas defensoras de los derechos humanos de tierra-territorio que han sufrido de extrema violencia y de gravísimas violaciones a los derechos humanos”.
Esas violaciones se registran “ante un Estado pasivo, negligente, que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con cuatro sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), que ya ha reconocido desde el 2015 los derechos ancestrales que tiene el pueblo garífuna (negros) sobre su territorio”, indicó Guevara a EFE en Tegucigalpa.
Guevara llegó el jueves a Tegucigalpa como parte de 35 organizaciones que conforman la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, que desde hace más de un mes exige frente a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento de cuatro sentencias a favor de cuatro pueblos afrodescendientes en el Caribe hondureño.
La funcionaria de AI subrayó que los pueblos garífunas del país “se siguen enfrentando a violaciones a los derechos humanos, al despojo de sus territorios, a la criminalización, al uso indebido del sistema de justicia para callar sus voces, a la desaparición forzada y, lamentablemente, como muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, a las amenazas contra su vida”.
Agregó que el Gobierno hondureño que preside Nasry Asfura, en vez de dibujar “un camino para la ejecución de las sentencias de la CorteIDH, ha hecho un retroceso emitiendo una legislación supuestamente para la protección de la industria agropecuaria, del turismo o de otros intereses económicos que se intentan sobreponer en menoscabo de los derechos humanos de todo el pueblo hondureño”.
“Así es que nuestro llamado es enérgico, primero a que se pare la criminalización contra cinco personas defensoras de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) del pueblo garífuna que enfrenta el uso individual del sistema de justicia, simplemente por demandar sus derechos. Estamos demandando que se quiten esos cargos precisamente para que se genere un espacio de diálogo y una ruta para la ejecución de estas sentencias de la Corte Interamericana”, expresó Guevara.
Guevara lamentó que las máximas autoridades del país no hayan recibido a la Delegación Internacional, pero destacó que lo hicieran dos magistradas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de quienes dijo que “hubo un reconocimiento general de que efectivamente el Estado ha fracasado, ha fallado en la ejecución de estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Las cuatro sentencias “son obligatorias para el Estado, siendo que es parte de la Convención Americana y que está sujeto a la jurisdicción de esta Corte”, recordó la representante de AI.
Según Guevara, los tres magistrados reconocen que en el país centroamericano “no se ha hecho ningún esfuerzo” en lo que respecta a los pueblos garífunas que reclaman derechos, aunque “no reconocen el propio fracaso del sistema judicial, sino más bien culpan al Poder Ejecutivo de no haber ejecutado ya estas sentencias”. EFE
