Zonas residenciales de Honduras bajo riesgo por los Airbnb

La plataforma Airbnb permite a los turistas, comerciantes y familias obtener alojamientos a bajos precios y con comodidades que no ofrecen los tradicionales hoteles, pero este modelo de hospedaje, que opera al margen de la ley en Honduras, está generando inseguridad en zonas residenciales que hasta hace poco eran consideradas seguras.

En Honduras operan alrededor de 4,000 propiedades dentro de este modelo que, según la plataforma de San Francisco, California, generarán más de $55.6 millones durante 2025. Solo en Tegucigalpa funcionan más 1,300 y en San Pedro Sula más de 1,100. Entre las dos ciudades ofrecen aproximadamente 1,000 opciones idóneas para las familias.

La plataforma ofrece alojamientos a huéspedes desde L259 la noche (“sin impuestos y tarifas”, dice la plataforma), tarifas extremadamente bajas comparadas con las que cobran los hoteles pequeños, medianas y grandes que, por ley, deben garantizar condiciones de higiene y seguridad.

Para los usuarios de los Airbnb, que no necesariamente son todos turistas, la plataforma es una opción inigualable en precios, pero para miles de familias hondureñas son un dolor de cabeza por las incomodidades que provocan y las amenazas de inseguridad que trasladan hasta las puertas de sus hogares.

En cientos de residenciales, como Residencial Villas del Sol de San Pedro Sula, hasta antes de que aparecieran los Airbnb, los habitantes lidiaban con problemas cotidianos, ahora, muchos viven con nerviosismo, pues cualquier individuo puede alquilar una propiedad vecina por unos días, incluyendo a aquellos con antecedentes delictivos o vinculados a organizaciones criminales.

German Pérez, expresidente del patronato de Residencial Villas del Sol, dice que los Airbnb están rompiendo la dinámica de confianza y seguridad que han consolidado durante muchos años, resquebrajan la armonía entre vecinos y debilitan los sistemas de seguridad que pagan mensualmente.

“A una residencial como la nuestra, los Airbnb nos afecta de varias formas. Por un lado, los Airbnb son casas con varias habitaciones acondicionadas que terminan eliminando su garaje. Entonces el primer problema es el estacionamiento, los clientes se estacionan sobre las aceras, enfrente de los portones de salida de los vecinos, quitan los estacionamientos a otros... El otro problema es la seguridad. Ahora no sabemos quiénes están ingresando a la colonia, ya que ellos reciben un QR para ingresar (como si fueran residentes o invitados de residentes). Ya se han reportado golpes a vehículos y robos de partes”, lamenta.

Los Airbnb, al mismo tiempo que alteran la convivencia, incrementan el número de personas en estas zonas que provocan mayor demanda de agua y, en consecuencia, menor presión en las tuberías; generan más basura, aumentan los accidentes de tránsito y los conatos de incendios debido a que estas zonas están diseñadas para vivir no para albergar negocios de alojamiento.

Decenas de personas consultadas por LA PRENSA de diferentes partes del país temen que, por medio de los Airbnb, lleguen hasta sus residencias los traficantes de drogas, armas y personas y también secuestradores que, gracias a la plataforma, tienen vía libre para ingresar a espiar y dar seguimiento a sus víctimas.

Habitantes consultados recuerdan que recientemente (el 31 de marzo de 2025), delincuentes asesinaron dentro de un Airbnb a Fernanda Jiménez y Rubén Morales, que llegaron de Lejamaní, Comayaguam para venderle un vehículo a dos mujeres y un hombre que utilizaron la plataforma para hacer la reservación.

El temor y la inseguridad inquieta a hondureños de todas partes, no solo de las dos grandes ciudades. Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio de Tela, explica que los Airbnb están desatando una crisis en las zonas residenciales en ese municipio y también golpeando a los hoteles que, para tener las puertas abiertas, deben contar con un permiso de operaciones emitido por la municipalidad y pagar impuestos al gobierno central.

“Como residente de una colonia de aquí de Tela, que tiene dos o tres casas Airbnb, me siento afectando de una manera invasiva por el tipo de usuario que llega a estos alojamientos. Ellos llegan con todas las ganas de hacer fiesta, divertirse y corren con sus cuatrimotos por todas las calles del lugar, hacen su fogata y revientan fuegos artificiales. Hacen tremendas pachangas hasta altas horas de la madrugada, cuando todos los que vivimos en estas zonas residenciales llegamos de nuestro trabajo a descansar porque al día siguiente nos toca levantarnos temprano y preparar a nuestros hijos para llevarlos a la escuela”, relata.

Ávila dice que los habitantes de las zonas residenciales de Tela están preocupados y no saben a qué entidad estatal recurrir para frenar la expansión de los Airbnb que amenazan la seguridad de los hondureños debido a que cualquier persona dedicada a actividades delictivas entra con facilidad hasta a lugares con muros perimetrales, cámaras y sistemas digitales de seguridad.

Para empresarios del turismo, este nuevo modelo de negocios opera fuera del marco legal que regula el sector hotelero en Honduras. Mientras los hoteles constituidos legalmente deben cumplir con normas de seguridad, higiene y registro de huéspedes, los anfitriones de Airbnb no están obligados a seguir estos protocolos.

Los diferentes planes de arbitrios de las municipalidades, como la de San Pedro Sula y Tegucigalpa, establecen una clasificación clara sobre inmuebles de uso habitacional, inmuebles de uso habitacional para alquiler, inmuebles de uso no habitacional, comercial, industrial, de servicios o de usos mixtos que considera para emitir los permisos de operación a establecimientos que ofrezcan servicios de alojamiento. No obstante, los Airbnb proliferan fueran de este marco regulatorio.

“Un hotel formal está obligado a pedir documentos y registrar a todos en un libro. Si hay menores, deben pedir la documentación. También, todas las empresas de turismo tienen la obligación de registrarse en el Registro Nacional Turístico (RNT). Para obtener el RNT, entre los requisitos está la firma de un compromiso ético de UNICEF contra la trata de personas y recibir capacitaciones alrededor de esto. Igualmente, para ser socio de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, los propietarios de hoteles firman un compromiso ético”, dijo una fuente del sector turístico que solicitó el anonimato.

Propietarios de hoteles, consultados por LA PRENSA, sienten que viven un momento crítico, marcado por la ventaja de la competencia desleal de los Airbnb. Pues mientras ellos pagan préstamos bancarios de largo plazo, impuestos al gobierno y generan varios empleos, los alojamientos de la plataforma aparecen de la noche a la mañana en cualquier lugar sin permiso de operaciones.

Gran parte de las ganancias generadas por Airbnb no se quedan en Honduras; la compañía estadounidense cobra una comisión por cada reserva realizada con tarjeta de crédito del huésped y otra parte la traslada al anfitrión, es decir, a la persona que ofrece y gestiona el alojamiento.

Los hondureños afectados por este modelo de negocios, basado en la intermediación digital, plantean que el Congreso Nacional debe aprobar leyes para regular estos negocios y evitar la proliferación en zonas residenciales. Las municipalidades deben exigir el permiso de operaciones y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y Departamento Administrativo de Inquilinato (DAI) iniciar investigaciones.