Conciliación, una opción para Honduras ante las demandas millonarias en el Ciadi

El Estado de Honduras enfrenta actualmente 14 demandas multimillonarias relacionadas con diversos sectores, un escenario que, de acuerdo con expertos, podría representar un riesgo significativo para las finanzas públicas si los procesos concluyen con fallos adversos.

Ante esta situación, consideran que la búsqueda de mecanismos de conciliación, cuando sea jurídicamente viable, podría ser una alternativa para reducir la exposición del Estado a eventuales pagos millonarios y evitar un mayor impacto sobre los recursos públicos.

Además de atender los litigios en curso, expertos advierten que Honduras debe fortalecer el respeto a las reglas del juego y garantizar seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros. La aplicación clara y estable de las normas, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos, resultan fundamentales para prevenir nuevas controversias y posibles demandas contra el Estado.

Un entorno de mayor certeza jurídica también puede contribuir a recuperar la confianza de los inversionistas y atraer inversión extranjera directa, necesaria para generar nuevas fuentes de empleo, dinamizar la actividad económica y favorecer el crecimiento del país.

En este contexto, Honduras regresará el 16 de agosto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Grupo del Banco Mundial (BM), tras casi dos años de ausencia. El retorno permitirá al país contar nuevamente con este mecanismo internacional para la resolución de controversias relacionadas con inversiones y forma parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones para la inversión y reforzar la confianza de empresas e inversionistas extranjeros.

El Gobierno de Xiomara Castro formalizó la salida de Honduras del Ciadi el 25 de agosto de 2024, al argumentar que buscaba proteger la soberanía nacional y las finanzas públicas frente a demandas multimillonarias. Sin embargo, la decisión no impidió la presentación de nuevos casos ni detuvo los procesos en curso. Además, fue cuestionada por sectores que advirtieron que podía enviar una señal negativa a los inversionistas y afectar la percepción sobre la seguridad jurídica del país.

Honduras había pertenecido durante 35 años al Ciadi. El 6 de marzo de 2026, Nasry Asfura, presidente de la República, firmó nuevamente el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocido como Convenio Ciadi, con el objetivo de fortalecer la inversión y enviar una señal de confianza a los inversionistas.

Actualmente, Honduras enfrenta 14 casos pendientes relacionados con sectores como energía, transporte, construcción y finanzas. La salida del Ciadi no detuvo las demandas. El 8 de agosto de 2024, antes de que la salida se hiciera efectiva, se presentaron dos nuevas demandas relacionadas con el sector de energía renovable. Posteriormente, el 15 de mayo de 2025, ya fuera del Ciadi, se registró otra demanda vinculada con proyectos inmobiliarios y de desarrollo del sector de la construcción.

José Francisco Quiroz, subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), estimó en entrevistas anteriores que el Estado podría ahorrar hasta un 50 % de los costos derivados de las demandas mediante la implementación de acciones preventivas. El funcionario señaló que la institución debe pasar de una actuación reactiva a una estrategia que permita anticiparse a posibles conflictos legales.

“Los datos realmente en cuantía de cuánto se está ahorrando el Estado, pero si le puedo hablar de que se puede ahorrar un 50 por ciento de todo, de todas las acciones que hay contra el Estado. Yo sugiero y hago un llamado también que debemos de ir trabajando en una nueva ley, debemos de tener, la PGR debe tener una, no actuar reactivamente”, señaló.

Quiroz también indicó que, ante las demandas que existen contra el Estado, que en total suman más de 13,000, la PGR trabaja en una evaluación que incluye una auditoría de cada uno de los casos. Explicó que este proceso no será sencillo debido a la gran cantidad de expedientes que debe revisar la institución.

Graco Pérez, abogado experto en Derecho Internacional, explicó que la salida de Honduras del Ciadi envió un mal mensaje a los inversionistas y no evitó que las demandas siguieran su curso e incluso que se sumaran nuevas.

“Fue una mala estrategia y mandó un mal mensaje, nosotros tenemos un sistema judicial muy cuestionado y los inversionistas quieren asegurar sus inversiones, no van a ir a un país, donde el derecho interno esta cuestionado y no darle opciones internacionales”.

Pérez indicó que en algunos casos es posible conciliar, pero, en su opinión, el Estado es muy débil en sus defensas y en muchas ocasiones toma decisiones que no responden a los intereses del país, sino más a un tipo ideológico o político. Agregó que algunas veces a los gobiernos no les gusta dar su brazo a torcer, pero deben pensar en las finanzas públicas, pues al final esas demandas las paga el pueblo.

“En muchos casos es mejor tratar de resolver de una forma más amigable cualquier situación que estar en estos temas de instancias internacionales porque eso toma mucho tiempo significa retrasos, es mejor solucionar y no dejar pasar instancias”.

Añadió que “el Estado como tal, debe tener abogados expertos, que conozcan las temáticas, que no se tomen decisiones que después implican hacer frente a pagos, muchos de los recursos son drenados a pagar indemnizaciones, que al final son recursos que deberían ser utilizados para otras cosas, son malas decisiones”.

A juicio de Pérez, el Congreso Nacional debería trabajar en una ley que responsabilice a los funcionarios que toman malas decisiones y que al final quien las paga son los hondureños.

Uno de los casos más recientes en el Ciadi y que, para algunos expertos, es mejor buscar la conciliación, es el de Honduras Próspera Inc., sobre todo porque la petición principal de la empresa es que se le permita seguir operando y se le reconozcan los derechos que la normativa le otorga.

Honduras Próspera Inc. demandó al Estado de Honduras ante el Ciadi por más de $10,700 millones tras la derogación de la ley de las zede (Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo). La empresa redujo posteriormente su reclamo económico a unos $1,630 millones.

Jorge Colindres, secretario técnico de Prospera Zede, manifestó que el proyecto de inversión anunciado en 2020 era de $500 millones (unos L13,405 millones al cambio actual del dólar) y se pretendía generar más de 10,000 empleos.

Sin embargo, durante la pasada administración se “quisieron desconocer los compromiso que había adquirido el gobierno de Honduras y eso resultó en una pérdida de empleo muy sustancial y que no se pudiera completar el proyecto como se tenia previsto, a pesar de todos los retos, Prospera Zede ha sido muy exitosa, ha logrado atraer más de 200 millones de dólares de inversión extranjera a Honduras y en su punto más álgido logró generar 3,500 empleos”, detalló.

Colindres explicó que el regreso de Honduras al Ciadi sirve como mecanismo para fortalecer la seguridad jurídica a favor de las inversiones extranjeras y, de esta forma, generar empleo.

Añadió que la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2024 causó un clima de inseguridad jurídica y eliminó 1,500 empleos. A marzo de 2026, contabilizaron 974 empleos dentro de Prospera Zede, acreditando una pérdida de 2,500 empleos.

“Lo que los inversores buscan en el Ciadi es que se les reconozca sus derechos, es que Honduras cumpla con los tratados internacionales, que son obligatorios y siguen vigentes al día de hoy para seguir atrayendo inversión y generando empleo como se previó siempre”.

En las zede hay 600 empresas establecidas, de las cuales tres, los inversionistas más grandes, son los que están demandando al Estado de Honduras. Actualmente, unas 2,400 personas trabajan, residen o están emprendiendo negocios dentro de Prospera Zede, en la isla de Roatán.

Explicó que, a través de los distintos tratados internacionales vigentes, siguen impulsando el desarrollo de Roatán y La Ceiba y continúan generando empleo. Incluso, se han reactivado todos los proyectos de construcción.

Están construyendo cinco torres de cinco pisos cada una, con una inversión de $6 millones, dentro de Prospera Zede. Adicionalmente, están creando un proyecto de cabañas tipo microhotel, con una inversión de $2.5 millones. Todo esto dará un repunte al número de empleos.

A finales de 2024 y durante 2025, la construcción estuvo detenida. En los próximos cinco años, Prospera podría invertir más de $1,000 millones y generar una cuantiosa cantidad de empleos.

“Esperamos que en el tema del Ciadi se pueda llegar a una conciliación”, concluyó.

Es importante destacar que Honduras requiere con urgencia atraer nueva inversión extranjera directa (IED), luego de que en los últimos dos años ha tenido una caída importante por diversos factores.

Honduras cerró 2025 con una inversión extranjera directa de $881.2 millones, es decir, $19.6 millones menos que en 2024 y $175.7 millones menos que en 2023, año en el que se registraron $1,056.9 millones, de acuerdo con el informe del Banco Central de Honduras (BCH).