Siete pandilleros condenados por extorsionar a transportistas y comerciantes en el Valle de Sula

Varios de ellos fueron detenidos durante una operación coordinada con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Siete pandilleros condenados por extorsionar a transportistas y comerciantes en el Valle de Sula
San Pedro Sula

Hoy, siete integrantes de maras y pandillas fueron hallados culpables del delito de extorsión en perjuicio de transportistas y pequeños y medianos propietarios de negocios en el Valle de Sula.

Las resoluciones judiciales se alcanzaron mediante audiencias de estricta conformidad y procedimientos abreviados, mecanismos que permitieron agilizar los procesos y garantizar que los implicados enfrenten la justicia.

En una de las audiencias, Wilmer Adonay Zelaya Escobar, Melvin Adolfo Morán Torres y Erick Adolfo Paz Pineda fueron condenados a 10 años de prisión y al pago de 10 mil lempiras de multa por el delito de extorsión.

Asimismo, Kimberly Dianne Quintanilla Sánchez y Moisés Bonilla Bárnica recibieron una condena acumulada de 16 años de reclusión, distribuidos en 10 años por extorsión, 2 años por tráfico ilícito de drogas y 4 años por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Por la vía abreviada, la FESCCO también logró sentencias condenatorias contra Jesús Cantoral Cortés y Juan Ramón Hernández Gonzales, ambos por el mismo delito.

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En otra causa, el ente acusador informó que tres miembros de la Pandilla 18 fueron declarados culpables tras ser capturados el 20 de marzo de 2024 en La Lima, Cortés, durante una operación coordinada con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Por estos hechos, Any Paola Peralta Fúnez y Eynar Josué Álvarez García recibieron 10 años de cárcel —6 por asociación para delinquir y 4 por tráfico ilícito de drogas—, además de una multa de dos mil lempiras cada uno. En tanto, Michael Josué Izaguirre fue sentenciado a 16 años de prisión, por los delitos de asociación para delinquir (6 años), porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido (6 años) y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido (4 años).

Estas acciones, según la FESCCO, reflejan el compromiso del Ministerio Público de continuar combatiendo de manera decidida la extorsión y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la economía en la zona norte del país.

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Redacción La Prensa
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