En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial vinculada a varios empleados y funcionarios de la alcaldía de San Marcos, en el departamento de Santa Bárbara.
El juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió, de manera separada, dictar auto de formal procesamiento con medida cautelar distinta a la prisión preventiva contra Sandra Karina Perdomo Castillo, por el delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
Se le impuso arresto domiciliario con vigilancia policial, prohibición de salir del municipio y del país, además de la suspensión del cargo como regidora municipal.
Por otra parte, Elisa Alejandra Castellanos Pineda, Dania Iveth Villaelvir Torres y Ada Lizeth Pineda Villeda enfrentan auto de formal procesamiento con la aplicación de medidas cautelares sustitutivas por el delito de malversación por uso.
La misma resolución recayó sobre Jesús Alberto Hernández Solís, señalado por administración desleal del patrimonio público.
En el caso de Lourdes Janeth Borjas Maldonado, el juez dictó sobreseimiento definitivo por el delito de malversación por uso y sobreseimiento provisional por el de asociación para delinquir.
A Castellanos Pineda, Villaelvir Torres, Pineda Villeda y Hernández Solís se les impusieron medidas cautelares sustitutivas, consistentes en: presentación periódica cada 15 días ante el Juzgado de Paz de San Marcos, prohibición de salir del departamento y del país, restricción de concurrir a determinados lugares —entre ellos su lugar de trabajo— y prohibición de comunicarse con determinadas personas, específicamente con Pedro Armando Aguilar Orellana.
