Puerto Cortés, Honduras. Un juez dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Rolando Romero Raudales, acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad, quien, según los antecedentes del caso, también habría sido encadenada a un árbol por su padre a inicios de agosto.
La resolución fue emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, luego de celebrarse la audiencia inicial y valorar los indicios y elementos de prueba presentados por las partes.
Romero Raudales es procesado por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de la menor. De acuerdo con la información judicial, las agresiones habrían ocurrido en una vivienda de la comunidad de Baracoa, Puerto Cortés, y se remontarían al momento en que la niña tenía 11 años.
En el mismo caso, la jueza dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Karla Patricia Espinoza Turcios, señalada por suponerla responsable del delito de omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, en detrimento del deber de socorro ciudadano.
Además, ambos imputados enfrentan proceso por su presunta vinculación con el delito de maltrato familiar agravado contra la misma menor.
Uno de los hechos que forman parte de los antecedentes ocurrió el pasado 2 de agosto. Según la información proporcionada, el padre habría castigado a la niña y la habría encadenado a un árbol en el patio de la vivienda después de verla con un adolescente.
La madre de la menor se habría enterado de lo sucedido, pero, de acuerdo con los antecedentes del caso, no presentó la denuncia ante las autoridades.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales y testificales. Entre estas figuró la declaración de la menor, recibida como prueba anticipada mediante la cámara de Gesell.
El Ministerio Público solicitó que se impusiera una medida cautelar que restringiera la libertad de los encausados. La defensa, por su parte, rechazó los señalamientos y pidió el sobreseimiento de sus representados.
Tras analizar los elementos presentados, la jueza consideró que existían indicios racionales suficientes para dictar el auto de formal procesamiento y determinó que ambos permanezcan bajo prisión preventiva.
La resolución tomó en cuenta, según el comunicado judicial, las disposiciones legales aplicables, el debido proceso, el principio de legalidad y el peligro de fuga, con el objetivo de garantizar la presencia de los imputados en las siguientes etapas del proceso.
Ambos fueron enviados bajo custodia de las autoridades penitenciarias al centro penal de El Progreso, ubicado en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Yoro.
La audiencia preliminar quedó programada para las 2:00 de la tarde del lunes 9 de noviembre, fecha en la que continuará el proceso judicial contra los dos imputados.
