San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público (MP) inició diligencias investigativas contra el juez que dejó en libertad a los tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), a quienes se vinculó con el delito de tráfico de drogas agravado.
Según la información proporcionada por el ente fiscal al diario LA PRENSA, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado realizó un informe completo del procedimiento y motivación que tuvo el juez Marco Antonio Velasco Mejía al otorgar un sobreseimiento definitivo a favor de los policías antiextorsión Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos.
El informe, cuyo contenido y avance permanece en total reserva, indicó el MP, fue entregado la semana pasada al jefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública para que sea este quien decida, luego de realizar el análisis respectivo, si se daría paso a un proceso penal en contra de Velasco Mejía, quien se desempeña en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, de San Pedro Sula.
Los tres agentes de la Daet fueron acusados por el Ministerio Público tras encontrar droga en la vivienda que habitaban en el residencial Villas de El Merendón, el pasado 20 de octubre. Según la Fiscalía, ellos se apropiaban de droga decomisada a estructuras criminales y usaban la casa como centro de acopio de sustancias ilícitas.
El 28 de octubre, los tres recobraron su libertad luego de que Velasco Mejía resolviera que hubo una ilegalidad en el allanamiento realizado por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en la casa donde estaba la droga, indicando que se efectuó fuera del horario establecido en la ley y, por consiguiente, declaró nulas las pruebas presentadas por la Fiscalía.
El Poder Judicial dijo el martes 3 de noviembre que la Supervisión General emprendió el 29 de octubre una investigación interna administrativa en contra de Marco Velasco Mejía. Según explicó, esta busca determinar si hubo algún tipo de irregularidad en el procedimiento del juez y si existió un posible interés personal que motivara su decisión.
