San Pedro Sula, Honduras. El Poder Judicial confirmó a LA PRENSA que el departamento de Inspectoría o Supervisión General investiga al juez que dejó en libertad a los tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), a quienes se vinculó con el delito de tráfico de drogas agravado.
De acuerdo con la información proporcionada por el Palacio de Justicia a Diario LA PRENSA, las diligencias se realizan contra el abogado Marco Antonio Velasco Mejía, juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, de esta ciudad.
Según se indicó, Inspectoría inició las investigaciones luego de que Velasco Mejía otorgara, el pasado 28 de octubre, un sobreseimiento definitivo a favor de Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos, todos agentes de la Daet, a quienes el Ministerio Público (MP) acusó de tráfico de drogas agravado tras hallar droga en la vivienda que habitaban, en la residencial Villas de El Merendón.
El juez argumentó en este caso que hubo una ilegalidad en el allanamiento realizado en la vivienda donde se encontró la droga. Indicó que este se efectuó fuera del horario establecido por la ley y, por consiguiente, declaró nulas las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Responsabilidad
La investigación administrativa interna contra el juez de Competencia Nacional Marco Antonio Velasco comenzó un día después de que emitiera la resolución que dejó en libertad a los agentes de la Daet, indicó el Poder Judicial.
Asimismo, explicó que las diligencias buscan determinar si hubo algún tipo de irregularidad en el proceder de Velasco Mejía y si existió un posible interés personal.
“Se instruyó la investigación por parte de Inspectoría luego de que se diera a conocer la resolución del juez. La diligencia busca establecer la motivación de su decisión, revisar el expediente, investigar si hubo algún tipo de nexo con los imputados, el abogado defensor o terceros o si hubo un interés particular o político. Una investigación completa que determine si el juez actuó con legalidad”, explicó el Poder Judicial.
De igual manera, refirió que, una vez concluido el trabajo de Inspectoría, el informe será entregado al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si se detecta alguna irregularidad administrativa, el juez podría recibir una sanción interna, que incluso podría implicar la suspensión de su cargo.
En cambio, si el informe consigna una conducta de carácter delictivo, el caso sería remitido al Ministerio Público para que determine si procede penalmente contra el juez Velasco Mejía.
La Fiscalía apeló la decisión
Los agentes de la Daet se presentaron ante los juzgados el pasado 20 de octubre. Según el expediente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, eran investigados por presuntamente apropiarse de droga decomisada a estructuras criminales y utilizar la vivienda como centro de acopio de sustancias ilícitas.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó varias pruebas que supuestamente vinculaban a los agentes con el ilícito, entre ellas videos, armas, droga decomisada en la vivienda y la orden de allanamiento.
Esta última, según la Fiscalía, establece que en el expediente consta que las autoridades se presentaron en el lugar a las 5:30 pm, por lo que considera que la diligencia fue legal.
La defensa, por su parte, alegó que el allanamiento se realizó después de las 7:00 pm, ya que hasta esa hora ingresaron los policías a la vivienda. Este argumento fue el que acogió el juez para declarar nula la carga probatoria presentada por el ente acusador y dejar en libertad a los tres acusados.
Ante esta resolución, el Ministerio Público presentó una apelación en la que argumenta que hubo obstrucción al allanamiento. En la impugnación, que será conocida por la Corte de Apelaciones de lo Penal, la Fiscalía señala que los policías boicotearon las acciones al arrancar las conexiones eléctricas para impedir y retrasar el ingreso de las autoridades a la vivienda. Debido a ello, tuvieron que buscar un técnico para restablecer el servicio de energía eléctrica.
Además, sostiene que, en un intento por dilatar la diligencia, agentes de la Daet llegaron al lugar con chalecos y pasamontañas y amenazaron a los agentes de Lucha contra el Narcotráfico que ejecutaron el allanamiento.
En la apelación, la Fiscalía señala que el juez hizo una interpretación equivocada y cometió un error al determinar que el allanamiento no se realizó a las 5:30 pm. Según el Ministerio Público, ese horario está documentado en el expediente y el juez ejecutor sostiene que fue a esa hora cuando la autoridad designada se constituyó legalmente en el lugar.
“Hubo boicot y sabotaje y eso ocasionó la demora que fue producto de la misma falta de colaboración de la Policía, que en vez de colaborar, boicotearon. Los policías arrancaron las conexiones de la luz para que nadie entrara”, establece la Fiscalía.
