Tegucigalpa, Honduras. Una hondureña de 43 años fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia San Francisco, en Comayagüela, Francisco Morazán, señalada de ofrecer plazas de trabajo en instituciones del Gobierno a cambio de pagos de hasta 20,000 lempiras.
La detención se ejecutó mediante una orden judicial emitida el 22 de mayo de 2019 por los juzgados de Tegucigalpa, como parte de una investigación por el delito de estafa relacionada con supuestas ofertas laborales que nunca se concretaron.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Usurpaciones, durante 2019 la sospechosa habría ofrecido puestos de trabajo en distintas instituciones gubernamentales a varias ciudadanas, a quienes solicitaba 20,000 lempiras por cada plaza.
Sin embargo, las oportunidades laborales prometidas no se materializaron, por lo que las afectadas acudieron a las autoridades policiales para interponer las denuncias correspondientes. Estas quejas dieron origen a las investigaciones que permitieron obtener la orden de captura.
Las autoridades también informaron que la mujer registra un antecedente de detención en 2015 por hechos similares. En esa ocasión, presuntamente ofrecía plazas de trabajo en el Ministerio de Salud y solicitaba pagos que alcanzaban los 47,000 lempiras por cada puesto.
Según la información policial, la detenida presuntamente se desempeña como administradora de un centro de salud y también es señalada como supuesta enfermera auxiliar. Su caso está relacionado con denuncias de personas que habrían entregado dinero bajo la promesa de conseguir un empleo en el sector público.
El artículo 365 del Código Penal de Honduras establece que comete el delito de estafa quien, mediante engaño, obtiene un beneficio económico y ocasiona un perjuicio patrimonial a otra persona. La legislación contempla penas de dos a cuatro años de prisión cuando el monto defraudado supera los 5,000 lempiras, sin perjuicio de las agravantes que puedan aplicarse.
Tras su captura, la mujer será trasladada y puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes que deberán continuar el proceso legal correspondiente y determinar su responsabilidad.