Clovis Duarte, apoderado legal de las sociedades inversiones MPG, SA propietaria del proyecto habitacional Bosques de Jaraguá, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a los requerimientos fiscales en contra de los empresarios que invirtieron en dicho proyecto.
Este viernes la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y exfuncionarios municipales por la construcción en la zona de reserva El Merendón de lo que se conoce como proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.
“En primera instancia queremos rechazar y condenar rotundamente la detención ilegal de inversionistas de Sociedades Inversiones Mpgsa. Empresarios que son ampliamente conocidos y que ustedes pueden ver que todos los productos que comercializan, son productos de primera calidad”, dijo el abogado Clovis Duarte en una conferencia en la que presentó sus permisos municipales “actualizados hasta el 2023”.
Las personas a las que se les presentaron requerimientos fiscales por Ciudad Jaragua
Duarte reconoció que “Las investigaciones que realiza el Ministerio Público no son nuevas. En el 2015 iniciaron las investigaciones, cuando iniciaron mis representados hicieron comparecencias voluntarias ante la fiscalía del Medio Ambiente”.
Agregó que “Esta denuncia fue trasladada, no encontrando responsabilidad para nuestros representados por los proyectos de Prados Bosques de Jaraguá, y remitida a la fiscalía especial de combate a la corrupción en San Pedro Sula la cual del 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 es remitida a la unidad de apoyo fiscal de Tegucigalpa y se estructura este requerimiento fiscal metódico, espurio que ha traído la vulneración de derechos constitucionales con la detención de uno de los ejecutivos”.
Duarte asegura que tienen toda la documentación que certifica que han realizado el proyecto en el marco legal.
“Parece que en Honduras hacer las cosas bien, te trae consecuencias. Los proyectos Bosques Cumbres Jaraguá es el único proyecto a nivel nacional, que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y de aguas negras. De ahí el resto de proyectos habitacionales colindantes, vierten sus desechos al alcantarillado municipal y a la vez estas descargas van a caer a nuestros ríos”.
Asegura que ha habido anuencia de sus clientes para responder a las citas. “En forma arbitraria solicitan una orden de captura. ¿Cuándo se debe de librar una orden de captura? Cuando hay peligro de fuga, cuando hay peligro de obstrucción, cuando la persona puede ser un peligro para la sociedad, pero si estos empresarios que han comparecido de forma reiterada desde el 2015 al 2022... siete años y vienen acusarlos con delitos de bagatelas, libran una orden de captura generando una humillación porque entraron miembros de la Policía militar, miembros de la Atic y miembros del Ministerio Público rompiendo puertas . Este es un acto improcedente, ilegal que violenta las garantías constitucionales... y eso que son empresarios, no digamos qué pasará con el ciudadano común que se encuentra a merced de procedimientos”.
