19/04/2024
12:32 AM

MP acusa a desarrolladores del proyecto Ciudad Jaraguá

La investigación del MP condujo a supuestas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto Ciudad Jaraguá.

San Pedro Sula, Honduras.

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y exfuncionarios municipales por la construcción en la zona de reserva El Merendón de lo que se conoce como proyecto habitacional Ciudad Jaraguá.

El MP, en su comunicado de prensa, describe al Merendón como “una importante reserva natural y área protegida por ser el hábitat de una inmensa diversidad de flora y fauna, además de la principal fuente de agua de los sampedranos”.

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Los señalados son:

José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora Desarrollos Urbanos Gutiérrez D.UG., a título de autor del delito de urbanización ilegal.

Wilfredo Umanzor Sabillón, representante legal de la empresa Yesera Umanzor, como supuesto autor de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

Samuel Alexandar Fajardo Escalante, de la Unidad de Contaminantes en San Pedro Sula.

Martín Ramón Galo Roldán, de la Unidad de Cuencas.

Santos Turcios García, jefe de la unidad de Licencias Auditorias y Seguimientos.

Fausto Daniel Bográn Cárcamo, director de la Unidad de Protección y Control Ambiental.

A ellos se les supone responsables de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Cristy María Raudales Barahona, gerente general de la División Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Pedro Sula, por suponerla responsables de tres delitos de abuso de autoridad.

Investigación

De acuerdo a las investigaciones hechas por el Ministerio Público, este proyecto, ubicado entre Armenta y El Zapotal, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños y perjuicios al medio ambiente, principalmente a las fuentes de agua, flora y fauna de la zona de reserva.

“Se logró comprobar que los funcionarios municipales incurrieron en otras acciones típicas constitutivas de delito, quienes cooperaron desde sus cargos en la División Municipal Ambiental (DIMA), autorizando los permisos para corte y aprovechamiento de productos forestales y licencias ambientales sin observar las disposiciones administrativas”, dijo el MP.

A medida que el proyecto avanzaba, los representantes legales de las desarrolladoras del proyecto Ciudad Jaraguá continuaron con la construcción y contrataron a dos empresas para realizar trabajos de voladura de rocas con explosivos y urbanización del proyecto, pero esas compañías que no estaban autorizadas legalmente, agregaron los fiscales.

Otro de los hallazgos dados a conocer por el Ministerio Público fue que, supuestamente, las empresas “Inversiones MPG S. A. de C.V” e “Inmobiliaria El Activo S de R. L.” al momento de realizar los descombros de árboles en Armenta y El Zapotal, no contaban con permiso.

“El daño fue incalculable, ya que arrancaron de raíz especies de madera de color que están vedadas en todo Honduras, causando severos daños ambientales en perjuicio de los pobladores en la capital industrial”, dijo el MP.

Otro dato importante que se descubrió fue que los desarrolladores dividieron el proyecto habitacional en tres partes para luego solicitar la licencia ambiental como un proyecto de categoría 3.

Pero los diferentes dictámenes e informes emitidos por el Ministerio Público concluyeron que ese proyecto, de acuerdo con sus dimensiones, que supera los 30,000 m2, su impacto ambiental, su construcción, características de la urbanización, ubicación geográfica y zona considerada ambientalmente frágil, es de categoría 4.

“Es así que los funcionarios municipales (...) debieron rechazar la solicitud, para que fuera la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente la única autorizada legalmente para categorizar el proyecto y extender la licencia ambiental correspondiente a categoría 4”, dicen los fiscales.

En total, son nueve allanamientos de domicilio que se efectúan con el objetivo de cumplir órdenes de capturas libradas a empresarios y empleados de la municipalidad de San Pedro Sula por supuestas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto Ciudad Jaraguá.