En abril de 2014, Honduras fue conmocionada por un hecho violento sin precedentes: el crimen en serie de ocho niños en la colonia La Pradera, en San Pedro Sula, norte de Honduras.
Las víctimas eran escolares de entre 7 y 12 años que, según las investigaciones, fueron torturados y asesinados en una “casa loca” de La Pradera. Sus cuerpos fueron abandonados en cañeras y solares baldíos del sector.
El caso volvió a cobrar vigencia este martes 24 de febrero de 2026 con la captura de Roger Marín Zalavarria Fúnez, alias Saylin, en la colonia Losusa, sector Chamelecón, sector sureste.
Saylin, sindicado por la Policía como cabecilla de la Pandilla 18 a nivel nacional e internacional, fue detenido la madrugada del martes por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Al momento de su arresto se le decomisaron un fusil AK-47, una pistola y supuesta droga, según el informe oficial.
Las autoridades informaron que a Zalavarria Fúnez se le sigue una línea investigativa porque, de acuerdo con las indagaciones, habría ordenado el asesinato de los ocho menores en 2014 en la colonia La Pradera.
Indicaron que documentarán su presunta autoría en los crímenes seriales. Según la información policial, en la fecha en que ocurrieron los asesinatos, Saylin estaba privado de libertad en el desaparecido centro penal de San Pedro Sula por otros delitos.
Las investigaciones establecen que Zalavarria Fúnez, junto a otros cuatro jefes de la Pandilla 18 identificados como Wilmer de Dios Herrera, Dany Danilo Díaz López, José Virgilio Sánchez Montoya, alias el Pechocho (fallecido), y Howen Ariel Romero Vallecillo, habrían ordenado la muerte de los menores desde la cárcel.
Reportajes de LA PRENSA destaparon los crímenes seriales
De acuerdo con las investigaciones, a los niños los querían obligar a “colaborar” con la pandilla como “punteros” (menores que avisan si llega la Policía a un sector).
Los crímenes comenzaron a investigarse como un patrón sistemático luego de que LA PRENSA publicara en exclusiva que no se trataba de casos aislados, sino de hechos vinculados entre sí.
El caso que impulsó la investigación periodística fue el del pequeño Keneth Alejandro Castellanos (de 7 años), hallado ultimado el 1 de mayo de 2014 en un solar baldío de la colonia San Sebastián, sector La Pradera, tras permanecer varios días desaparecido.
Keneth fue encontrado sin vida 24 horas después de que su familia sepultara a su hermano mayor, Antony Castellanos (de 12 años), quien también fue raptado y asesinado junto a su amigo Luis Edgardo Hernández Argueta (de 12). Los cuerpos de ambos fueron hallados el 29 de abril de 2014 en las cañeras del ingenio Santa Matilde.
Entre las víctimas también figuran Carlos Merlo (de 12 años) y Luis Fernando Álvarez Jiménez (de 16), quienes fueron asesinados bajo el mismo patrón criminal en el sector de La Pradera.
A la lista se sumaron otros tres niños de 10, 11 y 12 años, hallados asesinados a balazos y con señales de tortura en las cañeras de la aldea La Sabana, en San Manuel, Cortés. Su identidad no fue revelada por las autoridades por razones de seguridad para sus familiares.
Las averiguaciones policiales establecieron que estos menores también estaban siendo presionados para integrarse a la pandilla.
El relato de alias El Tío sobre el crimen de Keneth
Uno de los siete pandilleros capturados y condenados por los asesinatos es Héctor Alejandro Medina Alcerro, alias El Tío, miembro de la Pandilla 18, en cuya vivienda mantuvieron secuestrados a Antony Castellanos y a Luis Edgardo Hernández Argueta antes de asesinarlos.
Según su confesión ante las autoridades, Keneth Alejandro llegó en bicicleta a la casa de Medina Alcerro mientras buscaba a su hermano. En el lugar, él y otros miembros de la estructura criminal lo habrían torturado y asesinado para evitar que los delatara. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en un solar baldío de la colonia San Sebastián.
Medina Alcerro confesó que en su vivienda, ubicada en la colonia La Pradera, colocaron una bolsa plástica en la cabeza del menor, lo golpearon y le dispararon en varias ocasiones.
Relató que, tras matarlo, lo envolvieron en una sábana, lo subieron a una carreta tirada por caballos y lo abandonaron en un solar baldío del sector.
Wendy Castellanos, madre de Keneth y Antony Castellanos, emigró hacia Estados Unidos tras los crímenes, al asegurar que no recibió apoyo estatal y temer por la seguridad de sus otros hijos.
Los crímenes tuvieron repercusión internacional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó los hechos desde su oficina en Honduras e instó a las autoridades nacionales a adoptar medidas para esclarecer los casos y llevar a los responsables ante la justicia.
