A nivel departamental, la Secretaría de Educación comenzó arealizar despidos y suspensiones de docentes y empleados administrativos en Cortés, como parte de un proceso de depuración orientado a corregir presuntas irregularidades en la asignación de plazas y contrataciones.
De acuerdo con las autoridades educativas, las medidas alcanzan a trabajadores cuyos contratos ya habían vencido, personas que no reunían los requisitos exigidos para desempeñar sus cargos y empleados que habrían sido nombrados sin participar en los concursos establecidos por la ley.
El director distrital de Educación, Gilberto Benítez, explicó que el objetivo del proceso es "sanear el sistema" y garantizar que los recursos públicos sean destinados a personal que cumpla con el perfil profesional y las funciones para las que fue contratado.
Durante la revisión también se identificaron docentes con una carga académica inferior a la establecida y casos en los que no se respetó el procedimiento legal para asignar plazas.
Según Benítez, en algunos nombramientos se omitió el orden de prelación, incorporando personal antes de atender los traslados, exonerados y aspirantes que participaron en concursos.
El funcionario indicó que estas irregularidades se detectaron principalmente en los distritos educativos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, por lo que respaldó las acciones impulsadas por la Secretaría de Educación para reorganizar el sistema y fortalecer los mecanismos de contratación conforme a la normativa vigente.
El funcionario también cuestionó la existencia de algunos cargos técnicos que, según dijo, percibían salarios de entre 60,000 y 100,000 lempiras mensuales, mientras docentes de aula con jornadas completas reciben remuneraciones considerablemente menores.
"Un docente que inicia apenas supera los 15 mil lempiras, mientras había personas con salarios mucho más altos que, según las investigaciones, ni siquiera desempeñaban funciones de manera presencial", expresó.
Mientras avanza la depuración, las autoridades educativas sostienen que las medidas buscan corregir irregularidades acumuladas durante años sin afectar el desarrollo de las clases.
No obstante, el proceso continúa generando incertidumbre entre docentes y personal administrativo, a la espera de nuevas revisiones y resoluciones sobre las plazas observadas.
