En una covacha construida con láminas oxidadas, madera reciclada y pedazos de plástico vive Elsy García, una hondureña que emigró desde La Mosquitia en busca de un mejor futuro en San Pedro Sula.
Tiene tres hijos y comparte el hogar con su compañero de vida, quien trabaja como guardia de seguridad. Ella no tiene empleo y las condiciones en las que vive su familia son precarias igual que el de miles de personas en la otra San Pedro Sula.
Con el rostro desencajado, observaba a través de una pantalla la tragedia ocurrida en el bordo de Esquipulas y lamentaba la muerte de seis menores en un incendio. "Que Dios nos libre de algo así", dice a punto de llorar.
No es la primera vez que un siniestro cobra vidas en los bordos. Sin embargo, acapara la atención unas semanas luego se olvida pues no existe un plan integral para recuperar estas áreas y reubicar a familias como la de Elsy García.
El peligro persiste y deja en evidencia la ausencia de una estrategia del Gobierno central y de la Municipalidad de San Pedro Sula para atender a las personas que viven en los estos asentamientos informales del valle de Sula, particularmente en la capital industrial.
Fue el exalcalde Roberto Larios Silva quien impulsó un proyecto de reubicación en Vida Nueva, en el sector de Naco, con el propósito de trasladar a las familias que comenzaban a ocupar los bordos.
La municipalidad compró 150 manzanas de tierra al Fondo Ganadero; Sin embargo, fueron invadidas y el proyecto nunca se concretó. Posteriormente hubo otros intentos, aunque sin resultados.
Para comenzar hasta la fecha no existe un censo actualizado que determine cuántas personas viven en estas franjas de protección.
Los estudios de la Comisión de Acción Social Menonita (Casm) muestran un crecimiento acelerado de la población asentada en los bordos.
En pocos años, el número de familias pasó de unos cuantos millas a decenas de millas, impulsado por el desempleo, el alto costo del alquiler, la migración interna y el desplazamiento provocado por la violencia.
No hay una cifra oficial
Las cifras más recientes de Casm estiman que únicamente en los principales bordos viven más de 30,000 personas. No obstante, otras investigaciones, que incluyen todos los asentamientos informales vinculados a estas zonas, elevan la población a más de 100,000 habitantes.
La diferencia responde a los distintos criterios utilizados para medir el fenómeno, pero todas coinciden en un mismo punto: la población continúa creciendo mientras no existe un plan de reubicación ni políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda digna.
Mientras la ciudad construye edificios de apartamentos, centros comerciales y nuevas urbanizaciones, la otra San Pedro Sula continúa expandiéndose sobre terrenos que nunca debieron ser habitados.
En estos denominados "cinturones de miseria" viven principalmente albañiles, empleadas domésticas, recicladores, vendedores ambulantes, obreros, madres solteras y personas que dejaron de poder pagar un alquiler tras migrar, en su mayoría desde zonas rurales.
Denis Cabrera, sociólogo y encargado de programas de Hábitat para la Humanidad, considera que el fenómeno debe analizarse dentro del contexto de pobreza que enfrenta el país y de la falta de oportunidades para acceder a una vivienda adecuada.
"Acá en la ciudad no hay oportunidades. Muchos pobladores migran y no tienen capacidad de pagar un alquiler en un asentamiento formal; entonces se van generando todos estos nichos de asentamientos informales".
Cabrera sostiene que, mientras las condiciones del país no mejoren, la situación habitacional seguirá deteriorándose y resolver el problema requiere inversiones millonarias.
"Podría hacerse un plan a largo plazo mediante una política pública que regule y evite la creación de nuevos asentamientos. Hay una complicidad de algunos gobiernos locales que permiten estas ocupaciones y no las regulan", lamentó.
El representante de Hábitat para la Humanidad también señaló que, después de la pandemia, aumentó considerablemente la llegada de población misquita a los bordos. Elsy
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, afirma que esta problemática refleja la alta vulnerabilidad en la que viven millas de familias a lo largo de los 50 kilómetros de bordos del municipio, donde se estima que habitan entre 18,000 y 22,000 personas.
El jefe edilicio considera que el problema tiene su origen en la ausencia de una reforma agraria y de políticas agropecuarias que reduzcan la migración desde las zonas rurales hacia las ciudades.
No obstante, Contreras también sostiene que los bordos se han convertido en un negocio para terceros que invaden las franjas de protección de los ríos para construir viviendas de zinc, cartón y plástico, las cuales alquilan entre 1,500 y 2,000 lempiras mensuales.
"La mayoría de los ocupantes de estos bordos no son los propietarios originales, sino personas que enfrentan una severa explotación inmobiliaria y la imposibilidad de pagar servicios básicos o impuestos en zonas urbanas formales", afirmó.
El alcalde reveló que hace año y medio su familia donó 15 manzanas de tierra en el sector Chotepe para desarrollar, junto con Cepudo, un proyecto habitacional destinado a trasladar a unas 200 familias mediante viviendas gratuitas. Sin embargo, la iniciativa fracasó porque los pobladores se negaron a abandonar los bordos.
Contreras concluyó que la solución no depende únicamente de decisiones municipales, sino también de una política firme del Gobierno central para reducir la vulnerabilidad de estas familias.
No existe un plan y es necesario
Por su parte, Martín Mayorquín, experto en desarrollo urbano, explica que desde hace siete u ocho años los principales bordos ubicados dentro de la ciudad y conectados con corredores como la prolongación de la avenida Junior, el segundo anillo, el bulevar del Norte, El Carmen, Santa Marta y Rivera Hernández han registrado un acelerado proceso de ocupación.
Mayorquín advierte que las construcciones han dejado de ser temporales y ahora incluyen estructuras más permanentes, así como negocios que podrían instalarse en otras zonas de la ciudad.
A su juicio, la planificación urbana resulta fundamental y para ello existe un Plan Maestro de Desarrollo Municipal que lamentablemente no se respeta.
"Es necesario revisar las ocupaciones, su legalidad y funcionalidad, así como determinar si realmente están siendo utilizados por personas que necesitan una vivienda o por quienes buscan instalar un negocio. Son situaciones completamente distintas", asegura.
El especialista considera indispensable realizar un nuevo censo y que refleje a cuantas familias son en realidad. Explica que desde 2017 se habla de más de 20,000 familias viviendo en los bordos, pero es necesario actualizar esa información.
"Es claro que no existe un plan y estos lugares únicamente reciben atención cuando ocurre una tragedia o durante las campañas políticas", concluyó.
