El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión y quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos entre 10 y 15 años, en caso de ser declarado culpable de los delitos que le atribuye el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía sostiene que Roosevelt Hernández promovió, entre mayo y septiembre de 2025, una serie de señalamientos públicos contra periodistas que habrían generado estigmatización y afectado el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. El expediente reconoce como víctimas a Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
El artículo 213 del Código Penal castiga el delito de incitación a la discriminación con penas de uno a dos años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por su parte, el artículo 548 establece de dos a cinco años de prisión e inhabilitación de 10 a 15 años para funcionarios que restrinjan arbitrariamente derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión y de prensa.
Acusación. Durante un año, el Ministerio Público recopiló publicaciones institucionales, denuncias de periodistas, testimonios, diligencias prejudiciales, peritajes sobre material audiovisual y digital, así como declaraciones de los propios investigados, elementos que ahora sustentan la acusación presentada ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el periodista Dagoberto Rodríguez el 18 de septiembre de 2025. A partir de ese momento, la Fiscalía inició una serie de diligencias para determinar si las actuaciones denunciadas constituían delitos contra la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.
El primer hecho incorporado al expediente ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando el periódico institucional FF AA Digital, en su edición 119-2025, publicó un contenido titulado “Sicarios de la verdad”.
Según el requerimiento, la publicación señalaba a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra de integrar un grupo de comunicadores que difundía información falsa.
La Fiscalía considera que el hecho adquiere especial relevancia porque el contenido fue divulgado desde un órgano oficial de las FFAA y posteriormente replicado en plataformas institucionales y redes sociales de la institución. Para el MP, esas publicaciones trascendieron el debate público y generaron una estigmatización de los periodistas denunciantes, afectando su honra, reputación e integridad, además del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión.
Como parte de la investigación, la Fiscalía incorporó al expediente un ejemplar físico de la edición 119-2025 de FF AA Digital, la declaración del denunciante Dagoberto Rodríguez, la declaración del propio Roosevelt Hernández, así como los testimonios de Erwin Roberto Lara Franco y Lourdes Sarahí Álvarez Rodas, quienes comparecieron acompañados de sus representantes legales. También se añadieron diligencias prejudiciales y un peritaje especializado sobre contenido audiovisual y digital relacionado con las publicaciones denunciadas.
El segundo episodio incluido en el requerimiento ocurrió el 1 de agosto de 2025, cuando aparecieron mantas en distintos sectores de Tegucigalpa con el mensaje: “Los sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. Las mantas contenían fotografías de periodistas y fueron reivindicadas por el denominado Movimiento Popular Hondureño.
Aunque la Fiscalía no atribuye directamente la colocación de esas mantas a Hernández, sí las incorpora dentro de la secuencia de hechos que, según su teoría del caso, evidencian la continuidad y el impacto que tuvieron los señalamientos públicos contra periodistas iniciados con la publicación de “Sicarios de la verdad”.
El tercer hecho que sustenta el requerimiento ocurrió durante los actos conmemorativos del 204 aniversario de la Independencia de Honduras, el 15 de septiembre de 2025.
Según la Fiscalía, al ser consultado sobre las garantías para las elecciones generales tras los incidentes registrados durante los comicios primarios del 9 de marzo, Hernández respondió: “Claro que no pasará, eso fue acción del crimen organizado”.
Posteriormente, de acuerdo con el expediente, el periodista José Adán López, de Radio Cadena Voces (RCV), preguntó de dónde provenía ese crimen organizado. Hernández respondió: “Se esconde en la sociedad, usted podría ser uno de ellos”.
Cuando el comunicador rechazó esa afirmación, el entonces jefe militar añadió: “Pero yo no le estoy diciendo que es usted, solo que podría ser usted”.
Para el Ministerio Público, esas expresiones fueron emitidas durante un acto público, frente a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, por lo que considera que afectaron la imagen, reputación y seguridad del periodista José Adán López, además del libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Respaldo. Organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron el caso como un precedente para la protección de la libertad de prensa.
Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), afirmó que el proceso representa un mensaje para los funcionarios públicos sobre el respeto al trabajo periodístico.
“Esto es un precedente y un llamado a los funcionarios e instituciones para que nunca más se haga una intimidación a un periodista o medio de comunicación”, expresó.
En la misma línea, Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), anunció que las organizaciones acompañarán a los periodistas denunciantes durante el desarrollo del proceso judicial.
“Anunciamos que las organizaciones vamos a acompañar a las víctimas que valientemente presentaron una denuncia ante el Ministerio Público”, manifestó.
Por su parte, Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y uno de los comunicadores señalados en las publicaciones investigadas, calificó el requerimiento como una respuesta “legal, positiva y de mucha satisfacción”.
“Este no es un triunfo de tres periodistas, este no es un triunfo del Colegio de Periodistas, este es un triunfo de toda la sociedad porque la libertad de expresión es de todos”, afirmó.
La respuesta de Hernández. Luego de hacerse público el requerimiento fiscal, Roosevelt Hernández aseguró desconocer el contenido de la acusación; sin embargo, afirmó que comparecerá ante las autoridades cuando sea citado.
“Si el Ministerio Público me requiere, yo perfectamente me aboco si ellos mandan la nota. Yo estoy llevando una vida normal, tranquila, no tengo ningún problema”, declaró.
