El periodista y empresario de medios Rodrigo Wong Arévalo reaccionó este miércoles al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en Honduras, y afirmó que las instituciones están cumpliendo con su función.
Wong Arévalo, uno de los comunicadores mencionados por Hernández en publicaciones y señalamientos previos, manifestó su satisfacción porque, a su criterio, el Ministerio Público está actuando con independencia y ejerciendo la defensa de los ciudadanos.
“Como periodista y como ciudadano tengo que decir que estoy satisfecho de saber que las instituciones de Honduras están funcionando, que no están oxidadas y que lo están haciendo con un nivel de independencia como lo demanda la ley”, expresó en una entrevista a TSIHonduras.
El comunicador señaló que los periodistas cumplen un papel importante dentro de la democracia al informar y exigir el respeto a las leyes y las instituciones. Además, sostuvo que espera que el proceso judicial contra el exjefe militar continúe conforme al ordenamiento jurídico.
Durante sus declaraciones, Wong Arévalo acusó a Roosevelt Hernández de haber tenido actuaciones que, según su versión, afectaron el proceso electoral de 2025, incluyendo las elecciones primarias del 9 de marzo y la declaratoria de resultados.
Responsabilidades durante el proceso
El periodista afirmó que Hernández comprometió a las Fuerzas Armadas al no cumplir, según su interpretación, con el papel que establece la Constitución respecto a la subordinación de la institución militar al Consejo Nacional Electoral durante los procesos electorales.
También señaló al exjefe militar de haber tenido enfrentamientos con consejeras del Consejo Nacional Electoral, mencionando a Cossette López y Ana Paola Hall, y aseguró que el Ministerio Público apenas inicia una investigación que podría incluir más elementos.
Wong Arévalo agregó que existen pruebas y testimonios que, según él, forman parte del expediente, incluidos señalamientos realizados por periodistas y miembros del órgano electoral. Sin embargo, será el Ministerio Público y el Poder Judicial los encargados de determinar responsabilidades durante el proceso.
