ONG vinculadas a Libre recibieron más de L150 millones del Congreso y Gobernación

Más de 150 millones de lempiras provenientes del Fondo de Administración Solidaria terminaron en manos de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con escasa trayectoria, pocos años de creación y vinculadas a militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), en una operación gestada entre diputados del Congreso Nacional y la Secretaría de Gobernación.

Así lo revela una investigación desarrollada en conjunto por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, basada en documentos oficiales, solicitudes de información, informes, visitas de campo y entrevistas. El dinero, destinado a obras de infraestructura social, fue manejado por asociaciones sin trayectoria verificable y con vínculos directos al círculo de Libre.

Las organizaciones favorecidas por el gobierno son Manos a la Obra (AMO), inscrita como asociación civil en abril de 2024 -pese a que desde un año antes se le adjudicaron fondos-, y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), cuyo registro oficial data de octubre de 2021, según sus actas de constitución y los listados del Congreso Nacional.

Los fondos fueron asignados por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) entre 2023 y 2024, como parte de una millonaria partida que anualmente aprueba el Poder Legislativo para ser manejada tras bambalinas por los congresistas, similar a la figura del extinto y cuestionado Fondo Departamental.

No hay evidencia, pese a las múltiples solicitudes de este equipo, de auditorías técnicas, criterios de evaluación o mecanismos reales de rendición de cuentas. En los portales de transparencia apenas existen documentos de un caso.

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Con poca experiencia en obras civiles, ambas recibieron los recursos para programas sociales o proyectos de infraestructura menor. No existen pruebas públicas de su trabajo, ni informes técnicos, ni ejecuciones visibles, ni registro de actividades en páginas del Estado de Honduras o redes sociales, solo un sinfín de obras inconclusas, de baja calidad o que apenas están en desarrollo.

Sí hay constancia del vínculo directo de una organización con el partido de gobierno: la presidente de la Asociación Manos a la Obra es Linda María Ordóñez, exjefa de Recursos de Humano de Copeco y ex directora adjunta de la Dirección General de Propiedad Intelectual del Instituto de la Propiedad (IP).

En el caso de Mujeres Unidas Extraordinarias, figura como presidenta Bessy Jeanette Ramírez Montoya y como tesorero José Jorge Portillo. Aunque no hay constancia que ella haya sido o es funcionaria de la actual administración, Ramírez aparece en el censo actualizado de Libre.

Además, la joven estuvo vinculada a otra ONG de más recorrido, denominada Jóvenes Metas, que también recibió transferencias por 22 millones de lempiras de Gobernación provenientes del Fondo de Administración Solidaria, constató este equipo en los reportes. Portillo, tesorero de Mujeres Unidas Extraordinarias, forma parte de Jóvenes Metas.

Este caso se añade al reciente escándalo de desvío de fondos sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), institución que también maneja dinero de la misma partida y asigna presupuesto mediante la gestión de diputados.

En junio pasado, un video de una llamada entre funcionarios, reportes internos de la secretaría y una investigación periodística de este equipo revelaron que el recurso terminó en políticos y activistas de Libre.

A inicios de julio de 2025, el presidente del CN, Luis Redondo Guifarro, divulgó una serie de informes sobre obras gestionadas por los diputados entre 2023 y 2024 con recursos del Fondo de Administración Solidaria, tras la presión por el escándalo del desvío de dinero de Sedesol para fines políticos.

Dos reportes contienen el desglose de cada uno de los proyectos ejecutados por Gobernación, con el nombre del congresista que gestionó la ayuda, departamento y municipio, unidad o asociación ejecutora, tipo de obra y monto.

LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus identificaron, tras analizar las bases de datos, que Manos a la Obra fue elegida para ejecutar 124 obras de infraestructura menor y proyectos sociales entre 2023 y 2024, siendo la ONG con la cifra más alta de obras.

En tanto, 93 proyectos sociales aparecen con Mujeres Unidas Extraordinarias como su órgano ejecutor. Todos son del 2024, pero es la segunda asociación con más obras asignadas o gestionadas.

En los documentos no figuraban responsables legales, ni contactos, ni información de estructura o experiencia previa. Solo el nombre de la ONG y que el dinero provenía de la Secretaría de Gobernación.

Los informes de gastos de Gobernación, consultados por este equipo, muestran que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la institución transfirió un acumulado de L169.2 millones a las dos asociaciones, casi L20 millones más que lo divulgado por el Congreso.

Por diversos medios y fuentes, este equipo periodístico intentó confirmar en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac) de Gobernación la identidad de los representantes, directores o presidentes de las organizaciones, ya que los pocos datos públicos en su portal únicamente dan detalle de la fecha de constitución, pero inicialmente se nos negó la información legal solicitada.

Finalmente, a través de la solicitud de información SOL-SGJD-1726-2025, se confirmó que detrás de Manos a la Obra está Linda María Ordóñez y varios de sus familiares; y Mujeres Unidas Extraordinaria está a cargo de Bessy Jeanette Ramírez junto con varios parientes y cercanos.

Según el expediente PJ-12022024-70, Manos a la Obra fue fundada el 6 de septiembre de 2023, mientras su actual presidenta, Linda María Ordóñez Ordóñez, aún laboraba para el Estado.

Ese mismo día, la entonces funcionaria conformó la junta directiva de la organización, integrada exclusivamente por personas de su entorno familiar y personal de confianza. Ordóñez asumió como presidenta, y su hermana Cynthia Melissa Ordóñez Ordóñez como vicepresidenta.

Luz Raquel Melgar Rivera fue nombrada secretaria; Dinora del Carmen Barrientos Nájera, tesorera; y Andrea Michelle Núñez Barrientos, vocal. Esta junta directiva tiene vigencia para el periodo 2023-2025.

El 12 de febrero de 2024, la ONG solicitó su inscripción formal en el registro de asociaciones civiles de Gobernación. Su caso se resolvió de forma exprés, pues dos meses después, el 18 de abril de 2024, se emitió favorable su solicitud, bajo la resolución 386-2024.

Para ese tiempo, la ONG ya había manejado al menos 2.3 millones de lempiras de Gobernación para desarrollar 8 obras, según los reportes de proyectos sociales.

En tanto, el año de su inscripción recibió 74.4 millones para llevar a cabo 116 proyectos.

De acuerdo con los registros del Congreso Nacional, AMO recibió 76.8 millones de lempiras entre 2023 y 2024, convirtiéndose en la organización con mayor volumen de transferencias dentro del Fondo de Administración Solidaria.

La mayoría de estos proyectos correspondían a reparaciones menores, construcción de pequeñas obras comunitarias o distribución de insumos. El proyecto individual más costoso adjudicado a Manos a la Obra fue uno titulado “Reparaciones menores en centros educativos y de salud”, con un valor de 3.5 millones de lempiras.

Este equipo contrastó la información con los informes de gastos de Gobernación disponibles en el portal de transparencia. Según el análisis, entre 2024 y lo que va de 2025 a esta ONG se le han acreditado L87.5 millones, casi L11 millones más que lo reportado por el CN.

Esta asignación masiva de fondos se logró gracias a la gestión de varios diputados del partido oficialista Libertad y Refundación.

El acta constitutiva de AMO detalla un listado de principios y objetivos amplios que van desde la promoción de la educación, arte y cultura, hasta la protección del ambiente, ayuda humanitaria y ejecución de obras estructurales.

Sin embargo, en ningún portal de transparencia ni en redes sociales existen reportes, informes técnicos, fotografías o documentación que respalde la ejecución real de estos compromisos.

Algunos vecinos de comunidades consultadas por este equipo periodístico niegan haber visto maquinaria, personal técnico o algún tipo de intervención, pese a figurar como beneficiadas en los listados oficiales.

A pesar de los múltiples contratiempos, trabas institucionales y el hermetismo generalizado, el equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus logró finalmente rastrear la sede operativa de la Asociación Manos a la Obra.

Según un cheque emitido a nombre de una ferretería para AMO, esta ONG tiene su sede en la colonia Bella Oriente, cerca de la salida a Danlí, a la par de El Hato de Enmedio, en la capital de Honduras.

En el documento se describía la casa como una estructura de color gris, con puertas café. Tras una búsqueda meticulosa por la zona, el equipo identificó la vivienda exacta, que actualmente cuenta con un portón blanco y sin ningún rótulo visible que la identifique como sede de una organización no gubernamental.

Se tocaron los cuatro timbres disponibles, pero ninguno fue contestado. Los vecinos del sector indicaron no saber con certeza si en esa propiedad funciona una ONG, aunque algunos reconocieron que “la parte de arriba parece ser una oficina”.

Los guardias de seguridad del sector, consultados por separado, también afirmaron desconocer la existencia de una organización operando en ese lugar.

Sin embargo, un diputado del partido Libre -que solicitó no revelar su identidad- confirmó que esa es la dirección que Ordóñez les proporcionó para sostener reuniones relacionadas con los proyectos gestionados por medio de AMO.

A pesar de ello, la fachada de la casa no muestra ninguna señal institucional ni distintivo público. Desde el exterior, parece simplemente una residencia más del vecindario. Aparte de AMO, no hay redes sociales ni portales web que le puedan brindar más información a las personas interesadas en ver cómo funcionan o se gestionan las ayudas.

En documentos públicos, Ordóñez aparece que fue jefa de Recursos Humanos de Copeco entre 2022 y 2023. También ocupó la titularidad de la Dirección de Despacho de esa institución.

Después, asumió como directora adjunta de la Dirección de Propiedad Intelectual del IP. Ordóñez aún figura en el cargo en el último organigrama de esta institución, aunque en su perfil de Facebook se señala que ya no está en ese puesto.

En el censo de Libre no solo aparece como militante activa, sino como fundadora del partido.

Este equipo logró contactar a Ordoñez para obtener más información sobre el caso. Aunque accedió a responder, la entrevistada aclaró que no tenía acceso a documentación relevante en ese momento porque estaba de viaje.

La presidenta de AMO confirmó que la ONG “surgió como un proyecto familiar”. “La intención era dejarlo bastante abierto cuando solicitamos la personería jurídica, para poder ejecutar obras diversas: desde construcción hasta donación de medicamentos, cuestiones medioambientales, talleres, educación y temas de género”.

Sobre su vínculo con el gobierno, Ordoñez reconoció que “cuando la creé (la organización), sí, todavía era funcionaria. Así es. Fui directora de Recursos Humanos en Copeco”. Asimismo, confirmó que después estuvo en el IP y que su renuncia al se produjo en junio de 2025.

La entrevista aseguró que todos los proyectos cuentan con su respaldo legal, técnico y financiero y que “comenzamos a manejar fondos del gobierno a partir del 31 de diciembre del año pasado. Ese día se hizo el primer desembolso, pero la ejecución como tal comenzó más o menos en marzo de este año (2025)”.

“Antes de obtener la personería jurídica, nunca manejamos fondos del Estado”, sostuvo. Sin embargo, al mostrarle documentación que contradecía sus declaraciones, admitió que el dinero público llegó antes: “Sí, en 2023 se recibió uno. Como le digo, si revisan la fecha del desembolso, fue el 31 de diciembre de 2023. Entonces sí, no fue antes”.

Al mismo tiempo que se obtenía información clave sobre Manos a la Obra, LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus profundizaron sobre la operación de Mujeres Unidas Extraordinarias, la otra ONG que manejó grandes sumas de dinero.

Según el expediente PJ-21052021-330, su presidenta es Bessy Jeanette Ramírez Montoya y la ONG aparece formalmente inscrita en La Ceiba, Atlántida.

La organización presentó su solicitud para inscripción en el registro de asociaciones civiles el 21 de mayo de 2021, siendo resuelta favorable en septiembre de ese año, consta en la resolución 2000-2021.

Según documentos oficiales, la primera Junta Directiva de MUE fue electa el 12 de noviembre de 2020, con vigencia hasta noviembre de 2024. Pero una nueva directiva fue inscrita el 27 de noviembre de 2024 y quedó vigente hasta 2028.

En ella aparecen Bessy Jeanette Ramírez Montoya como presidenta; Ingrid Jeanette Montoya Leva, vicepresidenta; y Diego Roberto Ramírez Montoya, secretario.

Por su parte, José Jorge Portillo Aguilar es tesorero; y María Albertina Aguilar Laínez, vocal. El apellido compartido entre varios miembros sugiere un vínculo amiliar.

De acuerdo con su misión institucional, MUE trabaja por bienestar de las mujeres hondureñas mediante el emprendimiento, el liderazgo, la igualdad de género y los derechos humanos. También declara que ejecuta obras de vivienda, desarrollo urbano y rural.

Pero más allá del discurso, no existe evidencia tangible de su funcionamiento previo a recibir fondos del Estado, ni informes públicos ni presencia en plataformas de transparencia.

Pese al poco tiempo de operación, en 2024, MUE recibió 75.7 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria para la ejecución de 93 proyectos sociales. Su asignación más elevada fue una entrega de 6.5 millones de lempiras para la dotación de laptops a estudiantes.

Con sede en La Ceiba, Atlántida, MUE fue beneficiada por al menos 14 diputados de diferentes departamentos, y su alcance se extendió por regiones clave como Cortés, Choluteca, Francisco Morazán, Yoro, La Paz, Olancho y Santa Bárbara.

Este equipo contrastó la información con los informes de gastos de Gobernación disponibles en el portal de transparencia. Según el análisis, entre 2024 y lo que va de 2025 a esta ONG se le han acreditado L87.5 millones, casi L11 millones más que lo reportado por el CN.

El equipo periodístico también se trasladó hasta las oficinas de MUE, siguiendo la descripción que aparece en los expedientes de Gobernación: La Ceiba, colonia La Gloria, calle 10, cerca de la iglesia Rosa de Sarón.

En el lugar, este medio identificó una vivienda de fachada gris y portón ocre. Los vecinos señalaron que era la casa de la familia Ramírez, pero dijeron desconocer si operaba una ONG. En dos ocasiones distintas se hizo un llamado en la morada, pero nadie respondió.

El equipo también llamó al número disponible de la asociación, atendiendo Ramírez, la presidenta de la ONG. Inicialmente, la directiva de MUE dijo que participaría en la entrevista, pero que prefería prepararse. Sin embargo, tras intentar pactar un día y hora vía llamada para darle la opción que este reportaje incluyera sus declaraciones, Ramírez dijo que no estaba en condiciones de atender por teléfono y que tampoco estaba autorizados a brindar declaraciones publicas de manera individual. Dijo que hablaría una vez se haya coordinado con los canales adecuados.

Ligada a MUE emerge una tercera ONG en el caso. Según varias publicaciones en Facebook, Bessy Ramírez estuvo vinculada a Jóvenes Metas, una organización inscrita en 2017.

En agosto de 2022, como parte de Jóvenes Metas, Ramírez ganó el Premio Regional de Juventud Litoral, otorgado por el Consejo Nacional de Juventudes Hondureñas, la Unidad Europea, la Cooperación Española y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Uno de los directivos de Jóvenes Metas es José Jorge Portillo, el tesorero de Mujeres Unidas Extraordinarias. Además, en la memoria institucional de MUE presentada a Gobernación, los directivos utilizan varias fotografías de actividades que salen en el perfil de Facebook de Jóvenes Metas.

Jóvenes Metas también aparece como una de las organizaciones beneficiadas con el Fondo de Administración Solidaria. En 2023, recibió transferencias por 22 millones de lempiras desde la SGJD. En los reportes de transparencia de la institución se maneja una cifra similar.

Además, en 2023 recibió 25 millones de lempiras más de Sedesol como parte de un convenio para el manejo de becas universitarias.

La relación de Bessy Ramírez y José Jorge Portillo no se limita a esta rotación de funciones en ambas ONG, sino que ambos constituyeron una empresa denominada Caribex (o JJ Caribe) y la registraron como proveedora del Estado.

LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus también intentaron comunicarse al número atribuido a Portillo en el certificado de la ONCAE, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Este medio también llamó a Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, para referirse al tema. Vaquero escuetamente respondió: “Nosotros no desembolsamos dinero. Eso lo hace Finanzas. Nosotros hacemos un trámite específico, pero en documentos. Solo cumplimos con el mandato o el procedimiento administrativo, en su defecto”.

Sin embargo, el artículo 349 del Presupuesto General de la República de 2025 señala que las obras se gestionarán a través de las instituciones públicas y que se autoriza a Finanzas a que “realice las operaciones necesarias, previa solicitud de las instituciones referidas”. Además, los mismos reportes de gastos de Gobernación evidencian las transferencias realizadas a las asociaciones.

Aunque desde el Congreso y las entidades públicas intentan desligarse del manejo de este fondo, diputados de diferentes regiones detallaron a este medio los mecanismos que emplean para solicitar fondos al Poder Legislativo y canalizarlos hacia instituciones del Estado que consideran apropiadas para desarrollar sus proyectos.

Según un congresista de la región occidental, el proceso comienza con la presentación, ante el hemiciclo legislativo, de los proyectos que desean implementar en las comunidades. Para ello, los parlamentarios deben entregar un paquete de documentos que incluye presupuestos, estudios previos, un planteamiento claro de las necesidades y los detalles de quiénes serán los encargados de ejecutar las obras.

Una vez aprobada esta propuesta en el Congreso, el siguiente paso es que el proyecto pase a la Secretaría de Finanzas, que revisa la documentación y, posteriormente, la devuelve al Congreso con un informe sobre si la solicitud fue aceptada y qué ajustes presupuestarios, si los hubiera, deben realizarse.

Una vez aprobado el proyecto, el diputado tiene la capacidad de solicitar la liberación de los fondos a través de la institución encargada de la ejecución del proyecto.

Según el artículo 349 del Prespuesto de la República, además de Sedesol y Gobernación, las obras se gestionan a través de Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes (Condepor).

Según un análisis elaborado por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus a partir de los registros oficiales, de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización salió la mayor parte de recursos públicos gestionados por diputados entre 2023 y 2024. Solo este ministerio reporta un desembolso de 947 millones de lempiras en esos dos años.

Sigue en monto ejecutado el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con 363 millones de lempiras. En Sedesol se utilizaron 246 millones de lempiras.

El dinero se destina a organizaciones no gubernamentales, alcaldías u otras dependencias del Estado que ejecutarán los trabajos de manera directa e independiente.

Sin embargo, es en esta fase donde comienzan a surgir las irregularidades. Según denuncias recogidas por este equipo de pobladores que han sido testigos de obras finalizadas, en proceso o incluso inexistentes, se confirma que los diputados, al no estar obligados por ley a presentar informes detallados sobre el uso de los fondos, exigen que las ONG, alcaldías o instituciones tercericen las obras. Es decir, el contrato de ejecución lo obtiene el diputado, pero la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos recae en otra entidad.

Este sistema de tercerización, en ocasiones, se presenta como una manera de beneficiarse económicamente, pues se aumenta el presupuesto de los proyectos, lo que a su vez permite que los allegados de los diputados obtengan mayores ganancias.

En lugares donde las alcaldías no se alinean con el oficialismo, los congresistas imponen su criterio, tomando decisiones sin la realización de estudios previos ni consultas con los líderes comunitarios.

Un claro ejemplo de esta práctica se dio en el departamento de La Paz, donde varios proyectos fueron tercerizados y ejecutados en lugares alejados, y las obras terminaban siendo completamente diferentes a las prometidas. En algunos casos, se había prometido la construcción de un puente, pero lo que se entregó fue una “caja puente”; en otros, lo que se había solicitado como un muro de contención se convirtió en simples mallas que no cumplían la función esperada.

La denuncia más grave que ha llegado a este equipo es que a cada obra se le aumenta el presupuesto, lo que asegura que los allegados de los diputados se beneficien económicamente de la diferencia.

Así, tanto las ONG como las empresas vinculadas a familiares y amigos de los legisladores son las que terminan recibiendo la mayor parte de los recursos destinados para el desarrollo de estos proyectos.

La falta de transparencia y la opacidad en la ejecución de los fondos son las piedras angulares de una red que parece estar por encima de la rendición de cuentas, perjudicando a la ciudadanía y favoreciendo a quienes, lejos de cumplir con su responsabilidad pública, terminan lucrando con el dinero destinado al bienestar común.