Un informe presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expone presuntos actos irregulares durante diez años (2007 a 2018) en torno a la asignación y uso del Fondo Departamental otorgado por el Congreso Nacional a congresistas.
Según ASJ, los fondos asignados a los legisladores fueron utilizados en actos irregulares y no para obras y proyectos sociales, como rezan los principios del acuerdo.
Entre dichas irregularidades, destacan el desvío para “fines políticos, corruptos y enriquecimiento ilícito”.
El informe de la instancia de sociedad civil, titulado “Fondo Social Departamental del Congreso Nacional 2007-2018: marco legal, controles institucionales y resultados sociales”, revela que al menos 2,340 millones de lempiras sufrieron el desvío en distintos mecanismos de corrupción.
MINUCIOSAS OPERACIONES
Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de ASJ, describió que el Fondo Departamental lo asignaba la comisión de presupuesto del Congreso Nacional, pero el presidente del Poder Legislativo quien decidía a quién asignar los recursos, tanto a diputados de su mismo partido político como de opositores.
En 2019, explicó, se hizo una reformulación del fondo, con el objetivo de “garantizar la impunidad en delitos de corrupción y de limpiar los fondos en el que el Tribunal Superior de Cuentas hizo un rol importante”.
En 1998
Fue fundada la ASJ, por hondureños y estadounidenses. Su objetivo, describen, es estar “unidos por una visión de que exista mayor acceso a la justicia para los más vulnerables, mediante iniciativas orientadas a exponer y combatir la corrupción, la injusticia y la violencia”.
Ramírez dijo que el TSC ha publicado solamente 60 informes de auditorías de más de 700 diputados que recibieron fondos departamentales durante el decenio expuesto en la investigación. En total, 62,280,000 millones de lempiras habrían sido aprobados para el fondo sin que el TSC los haya regulado.
OTROS HALLAZGOS
Entre otros hallazgos figuran: la utilización de oenegés sin experiencia en obras de infraestructura vial para ejecutar proyectos de más de 8 millones de lempiras; la falta de verificación de la documentación requerida para emitir los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas; la falta de presentación evidencia (fotografías) que demuestren el antes, durante y después de los trabajos realizados por los ejecutores de los proyectos; diferencias en la ubicación de los proyectos plasmada en papel al momento de solicitar los fondos y lo presentado al momento de liquidar los fondos; contradicciones entre lo encontrado por los auditores en el trabajo de campo y lo plasmado en los informes de auditoría especial que exoneraron de responsabilidad administrativa, civil y penal.
Al consultar a algunas de las alcaldías, estas aclararon que los trabajos no se habían realizado.
En las primeras auditorías especiales aparecen diputados que habían sido investigados, imputados y en algunos casos, sobreseídos por delitos de corrupción y en algunos casos, se logró identificar a los diputados gestores de los proyectos, como fue el proyecto Fumigación y combate al dengue en los municipios de Marcovia, Morolica, Apacilagua, Namasigüe, San Isidro, San José y El Corpus en el año 2013, gestionado por el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Cabe señalar que Francisco Morazán es el único departamento que tuvo informes remitidos al Ministerio Público, seis de los nueve informes, elaborados por la misma persona. Todos los informes de auditoría fueron firmados y aprobados por el magistrado José Juan Pineda, cuando la presidencia del TSC en 2019 estaba a cargo del magistrado Roy Pineda.
Ante los resultados, la ASJ recomendó un registro público e independiente de oenegés, fundaciones o asociaciones que ejecutan fondos públicos y autónomo con propio sistema de fiscalización; derogar o adecuar a la convencionalidad constitucional la Ley Especial de Fondos Públicos; intervenir la Dirección de Auditorías Especiales del TSC mediante una comisión independiente e interpelar a los magistrados del TSC y garantizar el derecho a la verdad de la población.
