L2.5 millones recibieron cuñada y asistente de Isis Cuéllar por limpiar carreteras
Ilsy Baquedano y Paola Pérez Moreno recibieron de la SIT contratos para labores de limpieza en 200 kilómetros de vía, pese a que ese mismo año Sedesol les entregó dinero por ser personas supuestamente de escasos recursos
- 13 de julio de 2025 a las 23:16 /
Un sismo social y político continúa sacudiendo a Copán semanas después de revelarse una red de beneficiarios de fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), asignados presuntamente de manera irregular.
Documentos oficiales develan un entramado de cotizaciones duplicadas y favorecidos que aparentaban vulnerabilidad, pero no cumplían criterios técnicos ni sociales.
Entre los casos figuran el de Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente de la diputada Isis Cuéllar, quien recibió 92,139.99 lempiras para equipo fotográfico, e Iris Paola Pérez Moreno, cuñada de Cuéllar, beneficiada con 100,000 lempiras para reparar su casa, pero investigaciones y fotografías contradicen su verdadero estilo de vida.
Sin embargo, los indicios de corrupción no se limitan a este caso. La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium detectó que entre ambas también recibieron en 2024 alrededor de 2.5 millones de lempiras de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) por realizar labores de limpieza en casi 200 kilómetros de las carreteras CA-4 y CA-11, pese a que el mismo año se presentaron como personas en vulnerabilidad ante Sedesol y el conflicto de interés por ser parte del círculo cercano de la congresista.
Según el expediente COT-SIT-043-2024, Ilsy Baquedano se presentó como mipyme de servicios de limpieza de calles ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte para optar a un contrato. Se cotizó limpieza de derecho de vía en tramos carreteros de Copán, abarcando un total de 93.97 kilómetros.
Entre los trayectos a limpiar están la ruta CA-4 del desvío a San Nicolás al desvío a Gracias, con longitud de 33.27 kilómetros; la ruta CA-4 del límite Copán/Lempira hacia Cucuyagua, sumando 15.82 kilómetros; la ruta 132 entre Cucuyagua y Corquín, con 11.45 km, entre otros tramos.
En el proceso, desarrollado mediante contratación directa, también ofertaron Norma Carolina Fúnez, empleada de la Secretaría de Salud, y René Canales Castillo, con antecedentes laborales en sector público, dedicado a lotificación de terrenos y quien solo habría cursado la primaria.
La SIT recibió las cotizaciones y el 14 de noviembre informó a Baquedano, mediante el oficio SIT-DSE-2310-2044, la adjudicación por el monto de 1.25 millones de lempiras, pidiéndole una constancia de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae) y pólizas de seguros para el personal.
En el caso de Paola Pérez, según el expediente COT-SIT-044-2024, también ofertó en octubre de 2024 junto a Yojana Elizabeth Bueso Erazo y Mélida Xiomara Lemus Melgar, autodeclaradas en situación de pobreza ante Sedesol y beneficiadas con 100,000 lempiras cada una con el fin de reparar casas.
El proceso, igualmente, se llevó bajo la modalidad de contratación directa. La oferta de Pérez Moreno fue la más baja, con 1.25 millones de lempiras; Bueso Erazo y Lemus Melgar plantearon un monto mayor, con L1.4 millones y L1.3 millones, respectivamente.
El 14 de noviembre, a través del oficio SIT-DSE-2311-2044, se informó a Paola Pérez la adjudicación del contrato por 1.25 millones de lempiras, bajo los mismos requisitos exigidos a Baquedano.
Un total de 104.42 kilómetros de vía debían intervenirse a través de Pérez Moreno: ruta CA-11 en el segmento que conecta La Entrada con Santa Rita, con longitud de 53.80 kilómetros; ruta 127 que enlaza CA-11 con parque arqueológico El Puente, con extensión de 6.25 kilómetros; ruta CA-4 desde La Entrada al desvío a San Nicolás, abarcando 6.19 kilómetros, así como otras partes.
En las carreteras
A más de seis meses de haber prometido mejoras de limpieza en varias vías del occidente, bajo un contexto de emergencia, LA PRENSA Premium se desplazó a Copán para verificar el estado real.
En un recorrido sobre la carretera que conecta La Entrada con San Nicolás, se supo que lo único realizado han sido reparaciones menores de baches.
Algunos residentes aseguraron no recordar intervenciones recientes, mientras otros afirmaron que en ese tramo “no se ha hecho nada”.
También se inspeccionó la vía que va de la CA-4 al fin del pavimento en Trinidad, donde vecinos relataron que no se ha ejecutado ningún tipo de obra reciente ni labores de mantenimiento visibles.
Otro tramo visitado fue el que conduce de La Entrada a Santa Rita, donde el pavimento presenta condiciones aceptables, y donde transeúntes afirmaron no se han hecho trabajos de limpieza o mantenimiento en los últimos meses.
La situación se repite en la carretera de La Entrada a Santa Rosa. Pese a que estos caminos están pavimentados, se observaron hundimientos y grietas en ciertos puntos que, aunque no impiden el tránsito vehicular, representan riesgos para conductores y reflejan el deterioro progresivo de las vías.
Estas deficiencias no guardan relación con trabajos adjudicados a las ahora vinculadas, ya que fueron contratadas únicamente para labores de limpieza en derecho de vía, y no para intervenir en la reparación o mantenimiento del pavimento.
De lo que sí hay constancia es del pago tanto a Baquedano como a Pérez. La SIT desembolsó el 14 de diciembre de 2024, a través de la Unidad de Respuesta Rápida de Emergencias de la institución, alrededor de L1.25 millones para Baquedano, asistente de Cuéllar. Dos días después, el 16 de diciembre, depositó L1.25 millones a Pérez Moreno.
Proveedoras del Estado
Oncae inscribió el 18 de enero de 2024 a Paola Pérez Moreno en registro especial de compras menores, lo que le permitió participar en procesos de contratación sin necesidad de licitación formal.Según informes, se registró como persona natural, con domicilio en Santa Rosa de Copán y presentó la documentación el 22 de diciembre de 2023.
Tras revisarse determinaron que cumplía con los requisitos y la inscribieron mediante el expediente MP-2023-1363 por tres años, para actividades relacionadas con bienes y servicios.
Las compras menores, según normativa vigente, no requieren licitación o concurso, pero es responsabilidad del contratante verificar no solo documentación legal y financiera del solicitante, sino también la idoneidad técnica profesional, solvencia económica, permisos de operación, sanitarios o ambientales.
Esto permitió a Pérez Moreno ofertar servicios al Estado sin contar con empresa constituida legalmente.
También Ilsy Baquedano fue inscrita como proveedora, lo que le permitió participar en esta contratación estatal. La joven, quien figura como persona natural y con domicilio en Cucuyagua, Copán, presentó solicitud de inscripción el 16 de enero del mismo año, siendo registrada en el expediente MP-2024-1411 por tres años, en el mismo rubro.
Según indagaciones realizadas por este medio tras un recorrido en Copán, ninguna cuenta con trayectoria previa en ejecución de estos trabajos. Baquedano, de 27 años, es hija de madre soltera y hermana de un médico, creció bajo el cuidado de Alba Luz Mejía, una maestra jubilada que también recibió 100,000 lempiras de fondos de Sedesol.
En el mismo núcleo vive su tía Nora Elsa Mejía, otra docente retirada, quien igualmente accedió a fondos públicos para emprender supuestamente con un negocio de venta de productos plásticos.
Tras graduarse del colegio en su natal Cucuyagua, Baquedano incursionó en política como asistente de Cuéllar, quien fue separada de sus cargos del Partido Libertad y Refundación (Libre) tras el escándalo de Sedesol, y se fue a Tegucigalpa mientras cursaba estudios universitarios. Desde que estalló el escándalo de los cheques, su vivienda había permanecido cerrada.
Iris Paola fue criada por los Pérez Moreno, una reconocida y adinerada familia de La Unión, Copán, cuya fortuna proviene de antiguas herencias. Es hermana de la esposa del alcalde de ese municipio y trabajó durante un tiempo en la municipalidad.
Posteriormente se integró al círculo cercano de la diputada Cuéllar, con quien también guarda un vínculo familiar, como cuñadas. Pérez recibió un cheque por 100,000 lempiras para la supuesta reparación de una vivienda que no figura entre sus bienes, ya que ella, su esposo e hijo viven en una residencial de clase media-alta en Santa Rosa de Copán.
El pliego de condiciones establecido por la SIT determinaba que los servicios debían entregarse a más tardar 45 días después de la fecha de inicio indicada en la orden correspondiente. Una vez concluidos los trabajos se efectuaría de inmediato una inspección preliminar, cuyo resultado debía consignarse en un acta de recepción final, firmada por el contratante, el supervisor de obra y el contratista.
En caso de detectarse defectos o pendientes, el contratista sería instruido a realizar las correcciones a su costo dentro del plazo establecido, conforme a las especificaciones técnicas y los documentos contractuales suscritos.
LA PRENSA Premium consultó a ingenieros civiles en San Pedro Sula para analizar la coherencia entre el giro comercial de la empresa adjudicada, las labores de limpieza en derecho de vía y el monto desembolsado por el Estado.
Uno de los especialistas explicó que este tipo de trabajos suelen ser adjudicados a microempresas, dado que no se requiere maquinaria pesada ni experiencia en obras de infraestructura.
“Usualmente esos contratos de limpieza se asignan a pequeñas empresas, cada proyecto tiene sus particularidades, hay tramos con más maleza que otros, por eso el presupuesto puede variar. Antes de participar para prestar sus servicios se debe hacer una visita técnica al sitio y una inspección visual del terreno”, señaló.
Sobre el monto adjudicado, que asciende a un par de millones de lempiras, el ingeniero aseguró que “no suena descabellado si se trata de un concurso privado y dependiendo del tipo de vegetación y la extensión a intervenir, pero habría que revisar cómo se dio el proceso, pues este tipo de trabajos no los realizan las empresas constructoras tradicionales. También hay que diferenciar entre un contrato regular y una emergencia, ya que esta es algo inmediato, como habilitar un paso para no afectar la conectividad de la zona".
Otro ingeniero consultado comentó que, tras analizar la cantidad de kilómetros a intervenir y el tipo de actividad, debió haber sido algo considerable. “Tuvo que haber mucho por limpiar, aun así el monto me parece elevado, sería prudente investigar más a fondo”, puntualizó.
El cuestionamiento no solo gira en torno a la cantidad de dinero asignada, sino también a la naturaleza de las adjudicatarias, ya que ninguna de las dos favorecidas con los contratos —según registros públicos— cuenta con trayectoria conocida como empresarias del rubro o con experiencia previa en la ejecución de este tipo de trabajos.
