Garífunas mantienen ocupados 40 condominios turísticos en Trujillo
Propietarios del complejo turístico Trujillo Eco Beach Resort, de unas 350 manzanas, abandonaron sus casas tras ser amenazados por grupos garífunas, que reclaman como suyas las tierras por derecho ancestral
- Actualizado: 26 de octubre de 2025 a las 23:00 /
Unas 350 manzanas de terreno donde se ubican 40 condominios permanecen ocupados por grupos garífunas en la zona de Trujillo, Colón. Se trata del complejo turístico Trujillo Eco Beach Resort , ubicado a dos kilómetros de la playa, que suma al escenario de los conflictos históricos por la tenencia de las tierras en Honduras.
Aunque originalmente esta situación se concentraba en zonas donde residían extranjeros, también hay hondureños que han interpuesto acciones legales.
Si bien las denuncias por usurpación de propiedades privadas no son nuevas en la región de Colón, la gravedad de la situación se hizo pública el pasado 5 de octubre, cuando varios hombres se introdujeron a una de las viviendas del complejo Trujillo Beach Eco Resort. Este hecho quedó capturado en videos de seguridad .
Ese día, garífunas que se identifican como miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) se apostaron en las instalaciones del complejo de residencias, mientras que los dueños se vieron obligados a abandonar los inmuebles.
LA PRENSA Premium llegó hasta Trujillo Eco Beach Resort para constatar el estado del problema. Al sitio se llega tras un viaje de una hora desde el casco urbano de Trujillo.
En el portón principal del complejo yacen dos banderas con cuatro franjas de los colores negro, amarillo, verde y rojo, y estampados alusivos a Ofraneh.
Conflicto en Trujillo
Durante la visita de este equipo periodístico, en la zona solo estaba un hombre. LA PRENSA Premium, tras identificarse, solicitó entrevistas con representantes, pero la persona a cargo indicó que los líderes se encontraban en ese momento en Tegucigalpa para interponer una denuncia en el Ministerio Público y nadie podía referirse al tema.
Dentro del complejo, este equipo observó un grupo de personas en tiendas para acampar debajo de los árboles. Se mantienen durante el día y la noche, según información que recopiló este medio.
El complejo se sitúa a menos de dos kilómetros de la playa y, a la vez, colinda con grandes extensiones de terreno utilizadas en la ganadería y cultivos de palma africana.
Durante los movimientos, dentro de Trujillo Eco Beach Resort habitaban canadienses y hondureños que rentaban los condominios. Los inquilinos tuvieron que abandonar la zona de forma indefinida, porque recibieron un ultimátum de que si salían no podían volver a entrar a sus casas.
Los usurpadores extrajeron enseres, mientras que algunos permanecen todavía dentro de las residencias, según indicaron algunos de los propietarios.
LA PRENSA Premium habló con habitantes que viven en los alrededores del complejo, quienes relataron que desde 2008 que inició la construcción de los condominios se vieron beneficiados con mejor acceso, así como con en la instalación del alumbrado eléctrico.
“Las personas que viven en el complejo turístico no compran en pulperías de aquí, porque ellos traen toda la ciudad, pero generan empleo en jardinería, limpieza y mantenimiento y muchos que vienen de afuera tienen un trabajo en esa zona”, relató uno de los vecinos.
Indicó que genera temor, porque desconocen la identidad de las personas que ocupan el complejo.
Una pareja de canadienses que habló de forma pública ante los medios de comunicación sobre el desalojo dijeron que la única alternativa económica a su alcance fue quedarse en un hotel mientras recuperaban su inmueble. Analizaban, si no volvían a su residencia, salir de Honduras.
Otro canadiense, quien por seguridad no brindó su identidad, fue el último en salir de su casa en Trujillo Beach Eco Resort. Él decidió alojarse en un lugar seguro, con la esperanza de que las autoridades actúen frente al problema, pues hace varios años compró la propiedad con el dinero de su jubilación en Estados Unidos.
Disputa
Además de los extranjeros, un grupo de hondureños ha resultado afectado con las acciones de los grupos garífunas. Los compatriotas rentan los alojamientos por días, mientras que otros se dedican a la venta de terrenos.
La problemática se extiende a otros sectores de Trujillo, como la zona de Tres Conchas, que de Trujillo conduce a Santa Fe. En este punto, LA PRENSA Premiun dialogó con otra canadiense y una hondureña que afirmaron sufrir por problemas de ocupación.
Rosario Fajardo, dueña de propiedades en la zona, dijo que desde el 2021 se ha enfrentado a grupos que han intentado invadir su vivienda: “Tengo videos y fotografías de cómo se metieron a mi casa con machetes en mano para querernos desalojar”.
Indicó que hay un proceso legal de una de las propiedades que fue vendida por uno de los garífunas. “De ese terreno tenemos escritura y la vendieron a otro comerciante de Trujillo que comenzó a construir una casa”.
El problema también se reporta en Santa Fe, Colón, donde una pareja de hondureños desarrollaba un complejo turístico en un terreno de su posesión, pero fue invadido y sus propietarios tuvieron que recurrir a instancias legales.
La ministra de Turismo, Yadira Gómez, se suma al listado de personas protagonistas del conflicto, luego de que hombres armados ingresaran a su vivienda en Triunfo de la Cruz, Tela, en Atlántida, reclamando como suya la propiedad.
Por su parte, los garífunas se defienden en que se trata de acciones recuperación, pues sostienen que por derecho ancestral les corresponde la propiedad de las tierras, la mayoría en el Litoral Atlántico de Honduras.
“Estamos recuperando el espacio (...) no podemos invadir nuestros propios terrenos, aquí no existe la propiedad privada”, dijo Alfredo López, fiscal del Comité de Defensa de la Tierra en Triunfo de la Cruz, al noticiero Telenoticias en referencia al caso de la ministra de Turismo.
LA PRENSA Premium buscó la reacción de la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, pero no respondió a las llamadas ni los mensajes. Igualmente, se buscó una reacción de Rony Castillo, subcoordinador de la organización, pero tampoco atendió las solicitudes.
Acciones legales
Varios abogados a cargo de casos en juzgados dijeron que en la primera instancia los jueces resuelven con un sobreseimiento provisional o definitivo por temor, por lo que los defensores interponen un recurso de apelación para que el conflicto se pueda dirimir por togados fuera de Trujillo.
Un profesional del derecho comentó a este medio de comunicación que los jueces modifican fechas y horas ante la presión de los grupos de ocupación, “pues llegan al juzgado a tomárselo y quemar llantas y a pura presión logran que a los jueces les den órdenes de ceder”.
Señalaron que la presión es tal que un fiscal del Ministerio Público que interpuso una acusación, después de la audiencia con el juez, fue trasladado a otra ciudad en Copán.
Fuentes consultadas del ramo empresarial, abogados y exfiscales confesaron a LA PRENSA Premium que no podían hablar abiertamente del caso de las invasiones, ya que después son víctimas de denuncias por parte de las organizaciones que promueven estas acciones.
Las recientes usurpaciones así como varios casos del 2024 en el Ministerio Público fueron denunciadas por los afectados y hay expedientes en los cuales han hecho algunas diligencias, según consultó LA PRENSA Premium, pero no no todas han sido judicializadas.
El alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, expresó que como municipalidad defienden el Estado de derecho. Para la comuna, es importante es garantizar la propiedad privada de sus ciudadanos, por lo que “es una preocupación como municipalidad que se den este tipo de evento, pero no nos corresponde a nosotros a quién le pertenece un bien y a quién no”.
La Fiscalía es la llamada a actuar por las ocupaciones en Trujillo, en su opinión. “Nosotros hemos estado pendientes de ambas partes que están en conflicto y entiendo que hay acciones en los juzgados y se espera una respuesta de la Fiscalía para saber quién es el dueño legal de esas tierras".
“Le pedimos a la Fiscalía que dé una respuesta pronta porque nos genera incertidumbre y problemas en nuestro municipio porque el Estado de derecho deber prevalecer e independientemente de quién sea el dueño debe pronunciarse la Fiscalía", exhortó.
Recalcó que este conflicto impacta en la economía del municipio, principalmente en el rubro turístico. "Hay mucha gente que quiere permanecer, vivir e invertir en Trujillo y eso trae la duda de que si vienen a establecerse puedan tener ese tipo de problemas", valoró.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Trujillo, Marlon Santos Laínez, expresó que las invasiones golpean hasta el sector laboral, más de 200 empleos se han perdido a causa de las ocupaciones, con una incidencia directa en el muelle de cruceros.
Recordó que el problema de la ocupación se remonta a 2019: “Salió a la luz porque se ha expandido, los canadienses tuvieron que salir del país por lo que pasó en Trujillo y otros casos de Tela”.
Al menos tres propiedades de afiliados a la Cámara de Comercio de Trujillo permanecen invadidas, "pero sabemos que hay muchos afectados en el municipio que vienen peleando sus casos en los juzgados de la localidad".
“Esto afecta en un tema de imagen y con estos problemas el turista local no genera divisas a largo plazo y tampoco los extranjeros visitan por el temor”, lamentó.
Además de pronunciarse y exigir respuestas al gobierno, Laínez relató que informaron del problema a la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecámara) para realizar gestiones con entidades del gobierno y organizaciones en Tegucigalpa. “A los inversionista nos toca darle recomendaciones a los inversionistas para que puedan salir de estos problemas”, sentenció.
