San Pedro Sula, Cortés
El Gobierno está obligado a tomar medidas ante el incremento de invasiones y saqueos de propiedades privadas en Honduras, entre ellas la de Yadira Gómez, ministra de Turismo.
Gómez informó que un grupo de garífunas invadió su propiedad desde el miércoles 8 de octubre en Triunfo de la Cruz, Tela. Explicó que el terreno fue adquirido por su padre hace más de 30 años y aclaró que los invasores se mantienen en el área verde y no han saqueado la vivienda.
“Pienso que debemos sentarnos, dialogar y llegar a un consenso. Por un lado, es cierto que hay una sentencia que el Estado de Honduras perdió y que otorga autoridad a ciertos grupos garífunas para tener sus tierras en esa zona. Por otro lado, están las personas que compraron sus propiedades, tienen dominio pleno y han construido sus casas. Existe un problema que el Estado debe resolver”, expresó.
La funcionaria reconoció que el Estado debe indemnizar a las personas que construyeron propiedades en tierras reclamadas por los garífunas, aunque se desconoce si el Gobierno está en condiciones de hacerlo.
Por su parte, una mujer garífuna que participa en la toma manifestó a medios: “No queremos su casa, estamos dispuestos al diálogo. La sentencia es a favor nuestra; el trabajo que estamos haciendo es del Estado, pero tenemos diez años sin cumplimiento”.
Añadió que continuarán tomando “lo que es nuestro, nuestras tierras” y aseguró que “el Gobierno no tiene voluntad política de devolvernos nuestras tierras”.
Fallo internacional
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en 2015, ordena la restitución y el respeto de los derechos territoriales del pueblo garífuna. El fallo dispone que Honduras cumpla con una serie de reparaciones, entre ellas:
Restitución de tierras: devolver los territorios ancestrales a las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
Saneamiento de la propiedad: regularizar los títulos y anular los otorgados a terceros sobre los territorios ancestrales.
Los garífunas dicen que debido al incumplimiento de la sentencia, lo que habría provocado que algunos grupos optaran por acciones equivocadas que incluyen el uso de la fuerza para despojar a inversionistas de condominios, casas de playa y villas.
Invasiones en zonas turísticas de Honduras
La ocupación ilegal de la propiedad de Gómez, en Triunfo de la Cruz, se suma al reciente caso del complejo residencial Trujillo Beach Eco Resort, donde un grupo de personas —entre hombres y mujeres— irrumpió de forma violenta y saqueó varias viviendas pertenecientes a residentes canadienses.
Según información obtenida entre el domingo 5 y el jueves 9 de octubre, los invasores permanecen dentro del complejo, que cuenta con unas 100 viviendas adquiridas por aproximadamente 400 turistas extranjeros.
Julio Chi Ham, presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba y expresidente de la Cámara de Turismo de Trujillo, confirmó a LA PRENSA que una familia canadiense permanece en su vivienda por miedo a perderla.
“Les dijeron que si salen, no volverán a entrar. Esto ya se salió de control. El Gobierno debe dar seguridad jurídica, y quienes reclaman deben hacerlo por la vía legal”, aseveró.
Aunque los afectados interpusieron la denuncia, siguen esperando acciones de las instituciones de seguridad.
Respuesta del Estado
Manuel Díaz Galeas, procurador general de la República, aseguró que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha asumido con decisión el cumplimiento de la sentencia, incluso con la creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI).
“Debemos nuevamente sentarnos con representantes del pueblo garífuna y retomar el esfuerzo conjunto para el cumplimiento de la sentencia”, indicó.
Denuncias y preocupaciones
Allan Bernárdez, director ejecutivo de la Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras (Planaponh), manifestó que existe algo “oscuro” detrás de este conflicto.
“La Fiscalía y la DPI dicen que no pueden intervenir porque tenemos órdenes del Gobierno de no meternos ahí. Es increíble, estamos en un estado de indefensión. Si la institucionalidad no actúa correctamente, habrá personas inocentes que perderán sus vidas”, advirtió.
Bernárdez también denunció que algunos jóvenes son utilizados a cambio de alcohol o terrenos para participar en invasiones y saqueos. “Queremos luchar por la preservación de la vida de los jóvenes”, agregó.
Empresarios locales alertaron que otros grupos, no garífunas, estarían aprovechando la situación para invadir los parques nacionales Jeanette Kawas y Punta Izopo, en Tela, Atlántida.
Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela (CCIT), dijo a LA PRENSA que como organización y como ciudadanos están preocupados.
“Durante años hemos convivido con la comunidad garífuna, que siempre ha sido amable y solidaria. Sin embargo, creemos que algo los está motivando a tomar estas acciones, y eso debe ser investigado por las autoridades competentes”, señaló.
Ávila destacó que Tela ha tenido un desarrollo turístico importante en los últimos años, pero advirtió que esta situación está afectando la inversión.
Posición del gremio legal
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recordó que, aunque existe una sentencia a favor del pueblo garífuna, no puede vulnerarse el derecho de quienes adquirieron propiedades de buena fe y conforme a la ley.
“No es cierto que la policía no pueda actuar. Si la persona acredita el dominio, el Código Procesal Penal permite el desalojo preventivo. Solo debe interponer el delito de usurpación y el desalojo debe ordenarse de inmediato”, explicó.
Solórzano sostuvo que la institucionalidad del país no está funcionando. “Parece que, cuando ocurren estos hechos, el Gobierno los celebra, y esa no es la manera de hacer valer el derecho en un Estado de derecho”, concluyó.
