Han pasado dos años y medio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y las esperanzas para los agroindustriales para la solución del problema de invasiones de fincas de palma africana en el departamentos de Colón se desvanecen.
Desde el 2021 los invasores volvieron a la carga y se adueñaron de unas 40 mil hectáreas cultivadas de palma, las que todavía siguen en poder de supuestos campesinos.
Esto representa cerca del 80% del total de las tierras agrícolas invadidas a nivel nacional, causando la pérdida de unos 200,000 empleos, de acuerdo a datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El nuevo Gobierno fue estrenado con la protesta de los empresarios de la palma, que se dedican a la extracción de aceite, el cual es exportado a otros países, especialmente a Estados Unidos y Europa, exigiendo el desalojo de los usurpadores.
A inicios de febrero de 2022 el Gobierno conformó una comisión integrada por Francisco Fúnes, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Sabillón exministro de Seguridad, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa). El 22 de febrero de 2022 se firmó un acuerdo con los grupos campesinos, el cual consistió en una profunda investigación por parte de juristas internacionales sobre el derecho de las tierras en disputa.
Desalojo sin resultados
Fueron 28 las cooperativas que se acogieron al acuerdo, en representación de 13 fincas de palma africana invadidas. El resto de las fincas quedaron afuera del convenio firmado, por estar usurpadas por grupos armados que no están aglutinados en las plataforma agraria. Aunque el Gobierno recuperó unas 4,000 hectáreas mediante varios desalojos, nuevamente las tierras fueron invadidas.
La comisión y el acuerdo fracasó y en la actualidad los productores exigen la solución pronta a la problemática. “Este es un problema que siempre va a existir, ya vimos que ningún Gobierno va a solucionarlo. Lo que pedimos es que sean más enérgicos contra los usurpadores de tierras porque esto aleja la inversión. Además las pérdidas que tenemos son millonarias”, aseguró Pablo Fúnez, un empresario de la palma del municipio de Sabá.
“Las tierras que ocupamos nos pertenecen porque eran de nuestros ancestros, nuestros abuelos, y sus padres. Ellos fueron desalojados de las tierras de forma incorrecta. Exigimos que se investiguen los métodos que se utilizaron para el despojo de la tierra en el Bajo Aguán”, apuntó Héctor Murillo de la Plataforma Agraria, la cual está compuesta por más de 35 empresas asociativas campesinas.
Rafael Alegría, viceministro del INA, al ser consultado sobre el conflicto de tierras en el Bajo Aguán y otras invasiones en diferentes sectores del país, dijo que “se sigue trabajando en el proceso de ponerle fin al problema. Esto se va a solucionar, téngalo por seguro, estamos trabajando en eso. Solo pido paciencia a los empresarios afectados”.
Otro de los agroindustriales del Bajo Aguán y que pidió el anonimato, dijo que no hay voluntad por parte del Gobierno de buscar una solución a las invasiones de fincas.
“Los campesinos están tranquilos ya que en el acuerdo que se firmó y mientras duren las investigaciones, ellos seguirían en poder de las fincas invadidas y cosecharán la fruta bajo la supervisión del Gobierno”, lamentó este inversionista.
Se estima que en el país hay cerca de 66,000 manzanas de tierras agrícolas invadidas, en su mayoría son cultivadas con palma africana.
El 80% de las tierras invadidas están en el Colón, y el otro 20% en Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Yoro, La Paz y Choluteca, según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Corporación Dinant es una de las empresas más afectadas por las usurpaciones de tierras en el Bajo Aguán. Seguido de Palmasol, Cooperativa Salamá, Jaremar, Aceidesa, Agropalma y Aproba y productores independientes.
Masiva pérdida de empleos
Estas empresas han tenido que despedir personal por las usurpaciones, llegando a perderse más de 2,500 puestos de trabajo en los últimos dos años.
El conflicto agrario en Colón también ha cobrado la vida de unas 23 personas desde 2019 a la fecha, relacionadas a la invasiones de palma africana.
El impacto económico en pérdidas por las invasiones en el rubro de la palma africana en el Bajo Aguán, son unos 2,400 millones de dólares (unos 60 mil millones de lempiras), en el período de 2021 a 2022, según cifras proporcionadas por el Cohep.
