Diputados de Cortés se oponen a que el Gobierno administre aeropuertos

Parlamentarios insisten en que las terminales aéreas de San Pedro Sula, La Ceibay Roatán deben estar bajo el control de una junta como proponen los empresarios.

El aeropuerto Ramón Villeda Morales es el de más tráfico.
El aeropuerto Ramón Villeda Morales es el de más tráfico.

SAN PEDRO SULA.

Tras la escandalosa gestión de Copeco e Invest-H durante la pandemia, el Gobierno “no está en condiciones” para crear una nueva empresa que administre tres aeropuertos internacionales, consideran diputados del departamento de Cortés que este año investigaron la concesión del Ramón Villeda Morales.

Con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno está creando una sociedad de propósito especial para administrar temporalmente los aeropuertos Villeda Morales (San Pedro Sula), Golosón (La Ceiba) y Juan Manuel Gálvez (Roatán) mientras celebra un proceso de adjudicación que demorará de 12 a 15 meses.

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Tasa de salida. Los pasajeros que salen de Honduras deben pagar una tasa aeroportuaria superior al promedio regional.

A esta altura, cuando falta poco menos de un mes para que se venza la concesión de 20 años de InterAirports, el Gobierno debió tener a la nueva empresa que operaría las terminales aéreas; pero debido a la disolución de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), por causas aún no explicadas por el Ejecutivo, el proceso de selección y adjudicación fracasó el año pasado.

La nueva concesión, que esta vez será de 30 años y no de 20 como la actual, será otorgada por el Consejo Superior de Alianzas Público Privadas, creado por el Ejecutivo en diciembre de 2019, con el apoyo de expertos del BID, a cualquier empresa participante, inclusive InterAirports.

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Del boleto a Miami. La tasa de salida equivale hasta el 15% del precio de un boleto de San Pedro Sula a Miami de Spirit ($240 y $320).

Para Juan Carlos Ávila, diputado del Partido Liberal por Cortés que integró la comisión especial multipartidaria para el seguimiento al proceso de concesión del aeropuerto Ramón Villeda Morales, la sociedad de propósito especial “va a fracasar porque será utilizada para colocar a activistas del Partido Nacional”.

“Los aeropuertos no deben ser puestos en manos de activistas políticos. El tema de la aeronavegación es muy delicado, estos aeropuertos, como el de San Pedro Sula, tienen certificaciones sobre procedimientos de vuelos, despegue, aterrizaje y pasajeros. Yo quiero que, por favor, el Poder Ejecutivo tome en cuenta el informe que presentamos para que Honduras no vaya a retroceder en la administración de los aeropuertos o caer en el mal ejemplo de una concesión como la del aeropuerto de Palmerola, que solo es un beneficio para un grupo de empresarios”, expresó Ávila.

No confiamos en una sociedad especial porque será integrada por activistas nacionalistas.

Juan carlos Avila, diputado

A finales de enero, luego de que Diario LA PRENSA evidenciara con una serie de reportajes el atraso en el cual se encuentra el aeropuerto de San Pedro Sula, el Congreso Nacional creó una comisión, integrada por los parlamentarios Ávila, Jaime Villegas, Samir Molina, Patricia Murillo, Rubén García, Welsy Vásquez, Karen Ortega y Marco Handal, para que investigara el desempeño de InterAirports en esa terminal.

La semana anterior, el Congreso Nacional conoció el informe que recoge la investigación realizada por los diputados y el cual, en conclusión, explica que “durante esta concesión las mejoras realizadas por la concesionaria han sido mínimas”.

“En el caso del aeropuerto Ramón Villeda Morales, este actualmente tiene los mismos tres puentes de embarque con que lo recibieron, lo cual no ha generado mayor impacto ni capacidad de respuesta para con las necesidades de los usuarios del aeropuerto”, reza el informe.

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La comisión considera que “es importante analizar la propuesta realizada por el Cohep respecto a la creación de una Junta Administradora de Transición del Sistema Aeroportuario del Norte y Litoral Atlántico de Honduras, siendo importante la incorporación de las autoridades locales de cada municipio en donde se encuentran ubicados los aeropuertos, que permita a las mismas involucrarse en los procesos de desarrollo de los aeropuertos y por ende de sus comunidades”.

El 27 de julio, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada le envió una carta a Martha Doblado, presidenta del Consejo Superior de Alianzas Público Privadas, en el cual le propuso la creación de una junta administradora sin fines de lucro que dirigiría los tres aeropuertos con el fin de impulsar el desarrollo económico regional.

La diputada Patricia Murillo (Libre), quien no confía en una sociedad de propósito especial, está segura de que “Honduras tiene suficiente capacidad, técnica y humana, incluso financiera, para integrar una junta administradora de transición en manos de hondureños y no dentro de un esquema estatal”.

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“Dudamos de cualquier esquema estatal, crear una junta especial o estatal no nos convence a nosotros. La comisión multipartidaria está integrada por más diputados del partido que está en el Gobierno y realmente los que estamos en la oposición somos una minoría; sin embargo, logramos un consenso sobre el tema de los aeropuertos: debe prevalecer el interés de la patria”, manifestó Murillo.

La parlamentaria lamenta que “la concesión de 20 años de los aeropuertos ha sido benigna para la empresa concesionaria y llena de perjuicios para la patria, para el país”, y recuerda que InterAirports entregará el Villeda Morales “con los mismos puentes de embarque que tenía hace dos décadas”.

“Los aeropuertos no pueden ser adjudicados de dedo, como pareciera que ocurrió con el Toncontín de Tegucigalpa, que se lo dieron al Aeropuerto Internacional de Palmerola, tampoco a una empresa del Gobierno; pero independientemente de que un contrato emane del Ejecutivo tendrá que ser aprobado por el Congreso Nacional”, manifestó.

Los diputados le proponen al Gobierno que la Junta Administradora de Transición del Sistema Aeroportuario del Norte y Litoral Atlántico de Honduras, aparte de organizaciones empresariales, esté integrada por las municipalidades; en el caso del Villeda Morales participarían las alcaldías de San Pedro Sula y La Lima.

“En Honduras no podemos seguir con esas macroestructuras de sabios que la Nasa se los debería llevar. Invest-H, que sustituyó la Cuenta del Milenio porque Honduras no volvió a recibir un cinco por la corrupción, maneja desde pintar escuelas, hacer carreteras, arreglar quirófanos y comprar hospitales móviles. Pienso que el régimen actual no tiene credibilidad para confiarle los aeropuertos. Veamos el caso de Palmerola: es una concesión que le pagará al Estado cánones exiguos y el mismo Gobierno le ha avalado préstamos”, criticó.

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Murillo dijo que, independientemente de que el BID asesore al Consejo Superior de Alianzas Público Privadas para crear una sociedad especial para dirigir la transición de los aeropuertos, los hechos ocurridos en otras instituciones ponen en duda la capacidad del Gobierno para administrar empresas o proyectos estratégicos.

Citó como ejemplo que Peter Fleming ahora es el director de la división de aeropuertos de Grupo Emco, dueño de la empresa Palmerola International Airport (PIA), cuando en 2017, tras una selección de consultores realizada por la firma Mckinsey, el Gobierno lo contrató como director ejecutivo “del fracasado plan Honduras 20/20”.

Sin embargo, el diputado Jaime Villegas, del Partido Nacional, presidente de la comisión de parlamentarios que investigó la concesión, cree que el Gobierno puede administrar los aeropuertos, siempre y cuando “nombre a profesionales adecuados y capaces”; pero, a su criterio, lo conveniente es que estén en manos de una junta administradora.

“Lo que pasa es que si se lo dan a la junta administradora, como propone el Cohep, sin fines de lucro, la junta le va a pagar un canon al Estado, y si hay excedentes los invertirá en los aeropuertos. El Gobierno no tendrá que erogar ningún lempira mientras se prepara una licitación pública internacional.

No le veo ningún inconveniente para que se les otorgue, como hace más de 20 años, cuando una comisión aeroportuaria administró con éxito el Ramón Villeda Morales”, recordó.

3 claves de la nueva junta:

1

Sin fines de lucro

La junta administradora que propone el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estaría integrada también por las municipalidades. No tendría como fin el lucro, a diferencia de una empresa.

2

invertir en infraestructura

Con los ingresos captados por concepto de impuesto de salida, alquileres y otros servicios prestados a las líneas aéreas, la junta administradora invertiría en el desarrollo de la infraestructura.
3

Reducción de la tasa de salida

Debido a que la tasa aeroportuaria para vuelos internacionales la elevó la actual empresa concesionaria, la junta administradora reduciría esa cantidad para ganar competitividad.

La Prensa