Diversos casos de supuesto manejo irregular e indebido de nuestros impuestos aparentemente desviados a cuentas particulares están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. A medida que se aplican auditorías forenses respecto al destino de cantidades millonarias durante la pasada administración, presidida por doña Xiomara Castro, van aflorando nuevas pesquisas que permiten ir reconstruyendo lo ocurrido durante el anterior cuatrienio presidencial.
Destaca la construcción de hospitales que no fueron concluidos. De por medio están empresas nacionales y extranjeras involucradas, al igual que funcionarios estatales. Una oferta de préstamo blando por parte del Gobierno hispano por medio de la Agencia de Cooperación Española fue rechazada, sin ofrecer explicaciones convincentes para tal determinación de utilizar fondos propios, lo que, de acuerdo con José Manuel Matheu, exministro de Salud, alteró el plan originalmente propuesto por él.
El presupuesto originalmente destinado para edificar tales hospitales experimentó ajustes presupuestarios que elevaron las cifras de L1,874 millones a L7,674 millones para los de Santa Bárbara, Ocotepeque, Salamá, sin que hubiese ampliación en sus dimensiones.
El conjunto de las anomalías hoy detectadas -facilitada por la investigación conjunta de La Prensa y El Heraldo- ha provocado la orden de suspender dichas construcciones en tanto continúa la búsqueda de nuevas pruebas y elementos de juicio a efecto de deducir responsabilidades. En la sucursal sampedrana del Banco Central de Honduras, la exfiscal Francia Medina logró sustraer de sus bóvedas L88 millones, aparentemente gracias a la manifiesta negligencia de exfuncionarios de dicho ente.En el Instituto Nacional Penitenciario (INP), las denuncias de familiares de los reclusos y resolución judicial dan cuenta de presuntos robos en el dinero entregado a los internos para la compra de tarjetas utilizadas en los economatos.
La Prensa Premium reveló el presunto desfalco de L8 millones, lo que ha obligado a las Fuerzas Armadas a una investigación interna contra el coronel Juan Carlos Osorto, exdirector de la Penitenciaría Nacional de Támara. En la Secretaría de Educación se sospecha de la existencia de docentes ya fallecidos o que ya no imparten clases que continúan devengando salario dentro del sistema público nacional.
El actual Congreso Nacional había aprobado reforma orientada a exonerar de multas contempladas en la legislación electoral a candidatos y autoridades electas que incumplieron con la obligación legal de presentar informes financieros de campaña, maniobra afortunadamente frustrada por la intervención de su titular Tomás Zambrano.
En la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) ocurrían allanamientos ilegales, reintegro de policías previamente depurados, estructuras criminales, lo que obligó a suprimirla tras el asesinato de cinco agentes en Corinto, creándose la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones.
La corrupción generalizada en distintas dependencias estatales ha merecido el justificado rechazo y condena ciudadana, que aspira a que todo tipo de acciones delictivas sean debidamente investigadas y sancionadas, poniendo fin al reino de la impunidad aún prevaleciente.
