Cuando el fiscal general actúa de manera totalmente sesgada, parcializada, actuando como juez cuando tal atribución no le compete, se evidencia que está promoviendo los intereses del oficialismo, haciendo caso omiso de los límites y atribuciones que la ley le asigna. Ha desnaturalizado el concepto mismo de sus funciones, rebasándolas, subordinando la legalidad de su investidura a propósitos estrictamente político-partidarios.
Su más reciente iniciativa, el antejuicio contra dos integrantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Barahona, tal como han señalado distinguidos miembros del foro hondureño, significa la instrumentalización y manipulación de la justicia, careciendo tal acción de sustento legal.
Rápidamente, se ha institucionalizado el acoso selectivo, el abuso de poder, la indefensión ciudadana, el sálvese quien pueda, la ley de la selva, degradando su elevado cargo, con ello dañando la imagen y credibilidad del Ministerio Público y de su personal, con el agravante de que en el Poder Judicial, en sus más altas instancias, encuentra respaldo a su accionar.
Ya sectores de la sociedad civil han apelado a la Corte Interamericana de Justicia haciéndole ver que se están violentando derechos humanos de los imputados, que hoy por hoy se encuentren indefensos ante las acometidas provenientes del fiscal general, siguiendo instrucciones de instancias superiores a efecto de colocar barreras pseudo-jurídicas a efecto de obstruir el proceso electoral, cada vez más cercano y a la vez distante de llevarse a cabo de manera transparente, honesta y pacífica.
Con ese accionar se están atizando antagonismos de imprevisibles consecuencias, polarizando a la ciudadanía en vez de garantizarle elecciones limpias, no contaminadas, con resultados aceptados por todos los partidos, más allá de cualquier duda. En otras palabras, se está arrojando gasolina a la hoguera, con maniobras que merecen el repudio y condena colectivos.
El respeto a la institucionalidad electoral en estos momentos es primordial para garantizar un proceso electoral transparente, en el cual se asegure el derecho al voto de los ciudadanos habilitados y se respete su voluntad expresada en las urnas, sea el ganador que sea. En este espacio editorial hemos demandado una reflexión, una honrosa rectificación y un cese de zancadillas, cuando aún hay tiempo para ello. De persistir en ellas, nadie puede garantizar lo que puede ocurrir en los próximos días y semanas antes del 30 de noviembre.
