El sistema de salud nacional ha venido de crisis en crisis y de gobierno en gobierno sin que se hayan aplicado las correcciones adecuadas para que los hondureños más necesitados tengan acceso al derecho a la salud que la Constitución Política de Honduras consagra en uno de sus capítulos.
El gobierno dirigido por el presidente Asfura aún no ha nombrado un ministro y estas funciones las asumió el presidente mismo. Sin embargo, los problemas han aflorado rápidamente con el incumplimiento de compromisos denunciados por el Colegio Médico y otros gremios y sindicatos relacionados con el sistema de salud.
Durante el gobierno reformista del general Oswaldo López Arellano, el doctor Enrique Aguilar como ministro y el doctor Carlos Godoy Arteaga como director general de Salud impulsaron un sistema que fue realmente exitoso y que ellos llamaron Programa de Extensión de la Cobertura.
Se trataba de un sistema piramidal de complejidad ascendente en el nivel de las atenciones que tenía su gran base en los centros de salud rural, que actuaban en ese tiempo dirigidos por una auxiliar de enfermería, a quien auxiliaba la comunidad con sus representantes en el Comité de Salud: un guardián de salud, un representante de salud y una partera empírica. Los escalones siguientes eran los centros de salud con médicos, los centros hospitalarios de emergencia, los hospitales regionales, culminando en la cúspide de la pirámide los hospitales nacionales.
Los pacientes deberían fluir, de acuerdo con la severidad de sus males, a través de estos niveles, que podrían conducirlos a un hospital nacional, siempre que los otros niveles no tuvieran la competencia necesaria para la atención de las enfermedades.
De esta manera, los hospitales regionales y los nacionales se liberaban de funcionar como enormes centros de salud rural o regional, porque las dolencias primarias eran atendidas en los niveles rural y municipal, y los grandes hospitales dedicaban sus esfuerzos a resolver los problemas médicos de gran magnitud por la gravedad de su diagnóstico o por requerir intervenciones quirúrgicas de alta complejidad.
Este sistema funcionó de maravilla, con gran satisfacción de pacientes, de las comunidades y de los servidores de salud, incluidos los voluntarios comunales.
Fue tal el éxito que la OMS divulgó la experiencia a nivel mundial y fueron muchas las delegaciones de gobiernos amigos las que vinieron a ver cómo funcionaban los servicios de salud de nuestro país para poder implantarlo en otras latitudes.
El Gobierno se proponía universalizar los servicios de salud con un lema realmente motivante que impulsaba la OMS: Salud para todos en el año 2000.
Desgraciadamente con el retorno a los gobiernos electos, no necesariamente democráticos, el sistema de extensión de la cobertura fue abandonado y se retornó al enfoque hospitalario, para el cual no estábamos preparados por la escasez de recursos económicos y de personal adecuadamente formado para atender todos los niveles de la pirámide.
Volver a ese sistema es mandatorio, ahora adaptado a las circunstancias de nuestros días, en los que, aunque no parezca, hemos avanzado un poco.
En vez de guardianes de salud poner un médico en cada comunidad con centro de salud rural, fortalecer el personal de enfermería con enfermeras profesionales, sustituir a las parteras empíricas por enfermeras obstétricas y al guardián de salud por un epidemiólogo.
Los centros municipales y de emergencia deben contar con especialistas de las cuatro ramas básicas de la medicina: médico general o internista, pediatra, ginecólogo y cirujano. Así, en los hospitales regionales y nacionales se atendería a los enfermos con dolencias de mayor complejidad que requieren de la atención de otras ramas especializadas de la medicina mediante una remisión razonada y fiscalizada.
Solo cuando tengamos organizada esta red podremos entonces comenzar a ampliar la red hospitalaria para crear centros especializados.
A propósito, ahora que el Congreso Nacional está dispuesto a aprobar muchas leyes para favorecer los intereses del pueblo, sería bueno incluir una disposición para que los jueces obliguen a los responsables de crímenes o de accidentes a pagar, como parte de la sentencia, el valor de la atención en salud que reciben las víctimas atendidas en los centros estatales de salud. El próximo miércoles expondré otras sugerencias.
