Invertech no está autorizada para captar dinero de inversionistas

Aunque Inversiones Tecnológicas ITCommMedi@ S. de R.L. (Invertech) se presenta como una empresa comercial diversificada, su modelo de captación de capital y promesa de rentabilidad guarda similitudes con estructuras que han sido cuestionadas y denunciadas recientemente, como el caso de Koriun Inversiones, que concretó una estafa piramidal a más de 5,000 personas en el país.

Tras salir a la luz la operatividad de esta empresa, que prometía rendimientos elevados y constantes del 17% a 22% mensual, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs) informó que Invertech no está autorizada para ofrecer productos de inversión ni para recibir recursos del público, y no figura como entidad regulada dentro de su sistema financiero.

De acuerdo con la institución, Invertech únicamente se encuentra inscrita en el registro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una persona jurídica dedicada a Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), específicamente en el rubro de compra, venta y arrendamiento de bienes raíces.

La Cnbs fue enfática en aclarar que este tipo de registro no constituye una autorización para captar dinero del público. “Las constancias de registro otorgadas a personas naturales o jurídicas bajo la categoría APNFD no habilitan a estas entidades para recibir depósitos o inversiones, únicamente certifican su inscripción como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos”, detalló el ente regulador.

En el caso particular de Invertech, su inscripción se limita exclusivamente a actividades inmobiliarias, por lo que no está facultada para desarrollar operaciones financieras u otras actividades distintas a las registradas. Además, conforme a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, este registro es independiente de otros requisitos legales que deben cumplirse ante distintas instituciones del Estado.

En su sitio web, Invertech dice ser una entidad de carácter comercial dedicada a la compra y venta de tecnología, bienes raíces y servicios de Internet, pero a través de su modelo de negocio también ofrece a terceros la posibilidad de participar como “aportantes de capital” bajo un esquema que, según su descripción, no constituye una actividad financiera ni de préstamo, sino una participación en utilidades comerciales.

Incluso menciona que los inversionistas firman un contrato mediante el cual se convierten en copropietarios proporcionales al monto aportado y este capital es utilizado para financiar sus operaciones comerciales.

La empresa establece que por cada 100 dólares (más de 2,700 lempiras) invertidos se garantiza una ganancia mínima mensual de 17 dólares (cerca de 500 lempiras), lo que representa un rendimiento del 17% mensual. Este porcentaje puede incrementarse según el monto invertido, alcanzando hasta un 22% mensual en niveles superiores de inversión.

El capital invertido debe mantenerse durante un período mínimo de 180 días (seis meses). Posteriormente, la cuenta pasa a ser de tipo “corriente”, permitiendo al inversionista retirar total o parcialmente su dinero en cualquier momento, según la empresa. Asimismo, tienen la opción de capitalizar sus ganancias, es decir, reinvertirlas para incrementar su capital y, por ende, sus ingresos futuros.

Las ganancias se calculan cada 30 días y son comunicadas a los inversionistas mediante estados de cuenta enviados por WhatsApp, respaldados, según ellos, en un sistema digital interno operado a través de una intranet privada.

El proceso de pago funciona bajo dos modalidades: el retiro de ganancias, donde el inversionista puede solicitar el pago mensual y se realiza en un plazo de hasta cinco días; el otro método es la capitalización, donde las ganancias se reintegran al capital inicial, aumentando el rendimiento futuro.

Los pagos se convierten, describen, de dólares a lempiras según el tipo de cambio de compra establecido por el Banco Central de Honduras.

Invertech sostiene que no es una financiera, no otorga préstamos ni cobra intereses y afirma que opera exclusivamente como una comercializadora y que las aportaciones no son préstamos, sino inversiones. Bajo esta lógica argumentan que los inversionistas participan en las ganancias generadas por las actividades comerciales y no en intereses derivados de operaciones crediticias.

De acuerdo con Invertech, beneficia a sus socios con promociones por acceso a compra de productos tecnológicos, adquisición de vehículos financiamiento de viviendas y servicios de internet a precios preferenciales.

La Cnbs, por su parte, advirtió que los fondos entregados a entidades no autorizadas carecen de protección legal y no están sujetos a supervisión financiera. Esto implica que las personas que invierten en este tipo de esquemas asumen un alto nivel de riesgo.

Recomendó a quienes hayan realizado aportaciones a empresas no reguladas que soliciten la devolución de su dinero y presenten las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Asimismo, reiteró que cualquier entidad que no esté bajo su supervisión no ofrece garantías sobre los recursos captados, por lo que hizo un llamado a la población a actuar con cautela y verificar siempre, a través de canales oficiales, si una empresa cuenta con la debida autorización antes de invertir.

La Cnbs recordó que, conforme a la Ley del Sistema Financiero, tiene la facultad de investigar a personas o empresas sospechosas de captar fondos de manera irregular. En estos casos puede exigir la presentación de libros contables, documentos y cualquier información relevante.

Si se comprueba la captación ilegal de recursos, el ente regulador puede ordenar la suspensión inmediata de estas actividades, exigir la devolución de los fondos a los inversionistas y remitir el caso al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

Reiteraron que mantienen una supervisión permanente sobre las entidades debidamente autorizadas, en coordinación con el Banco Central de Honduras, como parte del marco legal vigente para garantizar la estabilidad y transparencia del sistema financiero nacional.

Tras salir a la luz su operatividad de esta empresa, se generan serias interrogantes legales y financieras, pues en la práctica el modelo descrito por Invertech presenta características que han sido asociadas en otros contextos con esquemas de captación irregular de dinero. El negocio ha experimentado un crecimiento acelerado, manteniendo entre su cartera a más de 28,000 socios, todos hondureños.

LA PRENSA Premium pudo constatar que el establecimiento se encuentra contiguo a varios locales en renta y en un edificio de dos plantas ubicado en la 32 calle, entre la 6 y 7 avenida de la colonia Luisiana, en San Pedro Sula. Aunque su ubicación resulta poco visible al quedar entre pasajes de tierra, se sitúa cerca de una zona de alto flujo vehicular, constante tránsito peatonal y fácil acceso.

Vecinos del sector se mostraron herméticos al abordar el tema y algunos manifestaron no tener conocimiento sobre el funcionamiento del lugar o que eran nuevos trabajando en los alrededores.

La empresa inició operaciones en 2022 en La Entrada, Copán, y desde el 2 de enero de 2026 comenzó a operar en San Pedro Sula, con proyecciones de expansión hacia Choloma. LA PRENSA Premium consultó al Ministerio Público en San Pedro Sula sobre posibles denuncias de afectados por esta nueva estructura financiera, pero indicaron que hasta el momento no se ha registrado ningún reporte, la misma respuesta fue brindada por la Policía Nacional.

De acuerdo con otras fuentes, en el departamento Copán está la matriz de Invertech, y se han identificado como un negocio vinculado a la comercialización de bienes diversos y como un negocio relacionado con bienes raíces, así como con la venta de teléfonos, motocicletas, muebles y otros.

El establecimiento está ubicado en la vía que conduce desde La Entrada hacia Copán Ruinas. "Los conocí como proveedores de Internet, nada más", dijo un de los pobladores de Nueva Arcadia.

La gerente de Invertech, Lidia Guerra, defendió públicamente el modelo de negocio, asegurando que no se trata de un esquema piramidal.

“No somos una empresa piramidal porque trabajamos con bienes y raíces y somos una empresa comercializadora. Compramos y vendemos desde un teléfono hasta un carro o una casa”, afirmó en declaraciones al noticiero Hoy Mismo.

Según ellos, el capital invertido por los "socios" se utiliza en actividades comerciales diversas, donde los inversionistas firman contratos y que pueden retirar su capital después de seis meses.

La propia gerente reconoció que Invertech cuenta únicamente con un “registro” ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pero no con una autorización formal o permiso para operar como entidad financiera.

Aunque el negocio afirma contar con permisos municipales en Copán y estar en proceso de obtenerlos en San Pedro Sula, esto no sustituye la regulación financiera necesaria cuando se manejan inversiones de terceros. Según los encargados de Invertech, el negocio es 100% hondureño y el gerente principal es hondureño.

El economista José Luis Moncada advirtió que el modelo de Invertech podría estar cruzando una línea peligrosa: “Yo no invertiría ni un centavo en una empresa que no tiene las condiciones de un banco o financiera, la Cnbs no registra, autoriza operaciones bajo normativa estricta; esto es un riesgo altísimo para miles de personas”.

Moncada incluso comparó el caso con experiencias anteriores que terminaron en pérdidas masivas para los inversionistas, señalando la urgencia de una intervención estatal.

LA PRENSA Premium conversó con abogados especialistas en derecho mercantil de bufetes en San Pedro Sula, quienes pidieron anonimato de identidad por razones de seguridad.

En su análisis indicaron que uno de los primeros aspectos a verificar es el registro legal de la sociedad, lo que permitiría identificar quiénes son sus representantes legales y socios formalmente inscritos. Es fundamental conocer dónde se encuentra inscrita la empresa para tener claridad sobre su estructura jurídica.

Asimismo, hablaron sobre la importancia de comprobar si la entidad cuenta con permiso de operación municipal, un requisito básico para cualquier actividad comercial dentro del país.

“Si realmente son aportantes, automáticamente se convierten en socios de la empresa. Eso implica que su incorporación debe quedar reflejada en una escritura pública mediante la protocolización de un acta donde se formalice la entrada de un nuevo socio”, detallaron.

En esa misma línea, recordaron que la legislación mercantil es clara respecto al número de integrantes permitidos en este tipo de sociedades. El artículo 69 del Código de Comercio enfatiza que “ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 25 socios”.

Esta limitación legal entra en contradicción con modelos que aseguran contar con cientos o incluso miles de participantes bajo la figura de “aportantes”.

Uno de los principales puntos señalados por los expertos corporativos es la falta de autorización por la Cnbs, entidad encargada de supervisar actividades relacionadas con la captación de fondos. “Siempre debe registrarse ante la Comisión”, recalcaron, al enfatizar que este paso es fundamental para garantizar transparencia y legalidad.

En estos esquemas es común que a los inversionistas se les denomine “copropietarios”, una figura que, según dijeron, puede prestarse a interpretaciones engañosas. “El hecho de aportar o llamarle copropietario implica que recibirá utilidades o dividendos, pero si no se hace de la manera correcta puede convertirse en un velo o cortina para ocultar irregularidades”, explicaron.

Aunque en Honduras es válido celebrar contratos privados de inversión, similares a los utilizados en la bolsa de valores, aclararon que estos no utilizan las mismas denominaciones; es decir, no se les llama propietarios ni aportantes, son figuras distintas y legalmente diferenciadas.

De igual manera se refirieron a la importancia de entender el tipo de sociedad bajo el cual operan estas empresas. En una sociedad de responsabilidad limitada (S. de R. L.) cada aportación debe ser inscrita formalmente, lo cual garantiza trazabilidad y respaldo legal para los socios.

En contraste, en una sociedad anónima el proceso es más reservado, pero igualmente regulado, se emiten títulos de acciones firmados por las autoridades correspondientes y se registran en el libro de accionistas. Entendiéndose de otra manera, si no existe ese registro formal, ya sea en cuotas o acciones, la persona queda indefensa.

Otro elemento que a su criterio genera falsa confianza es la posesión de permisos de operación municipal, aunque estos no certifican la legalidad de las actividades financieras. “Cualquiera puede tener un permiso municipal, hasta una pulpería”, señalaron.

Además, incluso si una empresa no se presenta como financiera puede estar sujeta a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. Bajo esta normativa deben registrarse como “Actividades y profesiones no financieras designadas”, categoría que incluye sectores como bienes raíces y otros rubros vulnerables al lavado de activos. El no cumplir con estos registros no garantiza a la población que la operación sea legal ni transparente.

Al comparar este esquema con casos como Koriun Inversiones, los especialistas en derecho mercantil coincidieron que no hay diferencia, a su criterio, se trata de estrategias con un discurso “entusiasta y manipulador” orientado a captar inversionistas, pero con deficiencias en la documentación y en la trazabilidad de las operaciones.

De acuerdo con el Código de Comercio hondureño, específicamente el artículo 1068, las instituciones de crédito autorizadas sí pueden intervenir en la emisión de acciones u obligaciones, pero bajo estrictos controles. Esto incluye la realización de estudios técnicos por expertos, la elaboración de un prospecto informativo y la verificación de las garantías que respaldan la inversión.

“Esta es una manera legal de hacerlo”, explicaron, al contrastar estos procedimientos con prácticas informales que carecen de respaldo técnico y legal.

En una valoración más crítica, este tipo de negocios podría operar como una “fachada”, incluso desde su presentación digital, ya que su página web muestra un desarrollo de bajo presupuesto, algo que difícilmente correspondería al de una empresa con operaciones serias y consolidadas.

Además, un contrato privado, aunque esté autenticado, no tiene validez jurídica suficiente para atribuir a una persona la condición de “copropietario”.

Es como si al vender un terreno únicamente entreguen un contrato privado de traspaso, incluso autenticado, eso no tiene validez ni peso legal. La institución encargada de otorgar validez a la propiedad en estos casos es el Instituto de la Propiedad mediante la debida inscripción del documento, y este proceso debe realizarse a través de una escritura pública autorizada por notario.

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