Socios de Koriun exigen devolución de sus ahorros frente a la alcaldía de Choloma

Inversionistas denuncian engaño y falta de respuestas tras el colapso del esquema financiero; advierten que podrían movilizarse hacia Casa Presidencial.

Socios de Koriun exigen devolución de sus ahorros frente a la alcaldía de Choloma
Choloma, Honduras.

En medio de gritos, pancartas y visibles muestras de indignación, un grupo de personas afectadas por la empresa Koriun realizó este viernes una nueva protesta frente a la alcaldía de Choloma, exigiendo la devolución inmediata de sus ahorros.

Con frustración y enojo, los manifestantes denunciaron que no han recibido explicaciones claras ni avances concretos sobre el paradero de su dinero, pese a múltiples promesas por parte de autoridades locales y nacionales.

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“Todo iba bien mientras Iván estaba a cargo de la administración, nunca tuvimos problemas”, expresó uno de los inversionistas presentes.

Los socios afectados, muchos de ellos personas de escasos recursos que invirtieron sus ahorros con la esperanza de obtener rendimientos rápidos, acusaron a las autoridades de inacción. Reclaman una respuesta urgente del gobierno y del sistema judicial.

Durante la manifestación, advirtieron que las protestas continuarán hasta que se les garantice la devolución total de sus fondos. Además, anunciaron que, de persistir la falta de respuestas, están dispuestos a movilizarse hacia la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

“No nos vamos a rendir. Nos sentimos engañados por un sistema que solo protege a los poderosos”, dijo una mujer que aseguró haber perdido los ahorros de toda su familia.

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Koriun ofrecía atractivos intereses semanales del 5%, que se acumulaban hasta un 20% mensual. Sin embargo, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) confirmó que la empresa no estaba autorizada para captar fondos del público, y que su modelo operativo correspondía a un esquema Ponzi.

Según las autoridades, la firma utilizaba el dinero de nuevos aportantes para pagar a inversionistas anteriores, una estructura insostenible que ha dejado a unas 35,000 personas afectadas en al menos siete departamentos del país.

Pese a la magnitud del caso, los avances judiciales siguen siendo limitados, y hasta el momento no se ha logrado recuperar el capital de los afectados, lo que ha intensificado la presión ciudadana.

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Redacción La Prensa
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