Más de L13 millones gastó la Enee en celulares con destino desconocido

Un poco más de 13 millones de lempiras gastó el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en la compra de celulares y planes móviles que, de acuerdo con información en poder de LA PRENSA Premium, terminaron en manos ajenas al uso institucional.

LA PRENSA Premium reveló previamente que durante la administración anterior de la Enee se reportaron casi 200 millones de lempiras en viáticos, pasajes y comidas sin rastro público suficiente. Ahora, esta unidad documenta otra arista de ese mismo patrón: más de 13 millones de lempiras en celulares y planes móviles cuyo destino institucional tampoco está claro.

El 17 de mayo de 2023, el PNRP lanzó la licitación privada LP-ENEE-PNRP-001-2023 para la adquisición de servicio de telefonía y plan de datos.

Veintidós días después, el 8 de junio, se realizó el acta de recepción y apertura de ofertas. Ahí surgió la primera alerta: la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Enee dejó consignado en su informe de incidencias que no fue convocada a esa etapa del proceso, una omisión que marcó desde el arranque una compra con menores controles internos.

El acta de recepción y apertura de ofertas tampoco contiene la firma de ningún representante de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Enee. Su ausencia refuerza lo advertido en el informe de incidencias: que esa dependencia no fue convocada.

Tras rastrear en el portal HonduCompras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), el equipo de LA PRENSA Premium detectó que ese proceso concluyó con la firma del contrato PNRP 69-2023, el 8 de noviembre de 2023, identificado como “suministro adquisición de servicios de telefonía y plan de datos”, por un poco más de 6.6 millones de lempiras.

El monto equivale a un costo promedio de unos 6,651 lempiras por cada uno de los mil paquetes contratados.

El contrato incluía mil teléfonos inteligentes de gama media con su respectivo plan móvil. Desde el papel, fijó aparatos con cámara de al menos 12 megapíxeles, memoria RAM de 4 GB, almacenamiento de 64 GB, batería de 5,000 mAh y sistema Android 11 o superior, además de 35 GB de datos para navegar, llamadas ilimitadas a todas las redes, WhatsApp ilimitado y garantía por desperfectos de fábrica.

La primera compra se concretó en 2023, pero un año, tres meses y 16 días después el PNRP volvió a comprometer recursos públicos en otra contratación similar. El 24 de febrero de 2025 se firmó el contrato PNRP-21-2025 por más de 6.3 millones de lempiras, equivalente a un costo promedio de unos 6,300 lempiras por cada uno de los mil servicios contratados con celular incluido.

La segunda contratación se estructuró de forma distinta. Esta vez no se puso en primer plano el aparato, sino mil servicios de telefonía móvil que incluían celular, bajo la descripción de “servicio de telefonía y plan de datos”.

El contrato contempló más de 30 GB mensuales para navegar, llamadas ilimitadas a todas las redes, WhatsApp ilimitado, una vigencia de 12 meses y teléfonos con especificaciones superiores a la primera compra: cámara de al menos 24 megapíxeles, memoria RAM de 6 GB, batería de 5,000 mAh, sistema Android 14 o superior, además de cable, cargador, garantía por desperfectos de fábrica y seguro por robo y daños.

El proceso contempló mil servicios de telefonía con internet móvil, llamadas ilimitadas y WhatsApp ilimitado. Pero, igual que en la compra anterior, cada paquete incluía también un teléfono celular. La diferencia fue que esta vez el contrato dejó prevista una entrega y activación progresiva de los aparatos, conforme a la solicitud del contratante.

Entre las dos contrataciones, el PNRP gastó 13 millones de lempiras para dos mil celulares y sus respectivos servicios móviles. El gasto quedó documentado. Lo que no quedó claro fue el destino que tuvieron esos aparatos una vez ingresaron a la institución.

Sin embargo, la documentación revisada no permitió establecer con certeza si esta segunda contratación correspondía al pago anual derivado de la primera compra o si se trató de una nueva adquisición independiente.

Pero el punto delicado sobre cómo se compraron los celulares, sino lo que ocurrió con ellos después. Una fuente que conoció de cerca esa operación dijo a LA PRENSA Premium que dentro de la Enee no existía claridad sobre a qué personas del PNRP se entregaron los aparatos ni sobre el uso específico que se les dio.

Según esa información, los celulares no quedaron, en su mayoría, en manos del personal del programa. Parte de esos aparatos terminó en poder de personas ajenas al PNRP y sin vínculo laboral conocido con la estructura que debía utilizarlos en campo.

Dicho en términos más simples, la Enee no solo comprometió más de 13 millones de lempiras en dos contratos para telefonía móvil. También perdió claridad sobre el destino de bienes que fueron comprados con fondos públicos para un programa específico.

Sin embargo, consultada por LA PRENSA Premium, la excoordinadora del PNRP, Lesly Vanessa Arias, sostuvo que los celulares y planes de datos fueron asignados al personal técnico del programa, entre ellos especialistas, supervisores y cuadrillas de campo.

Explicó que los dispositivos servían para asignar trabajos a las cuadrillas, registrar labores ejecutadas, atender nuevos servicios, peticiones, quejas y reclamos, revisar anomalías, reemplazar equipos dañados y mantener comunicación entre técnicos electricistas e ingenieros supervisores.

“(Los celulares) fueron entregados con actas de asignación. Hay un acta por cada plan asignado. Los documentos están en el PNRP; yo ya no tengo acceso a esa información, pero la nueva administración tiene personas a cargo ahí”, dijo Arias Salazar.

Para establecer si esos celulares siguen dentro del programa y a nombre de quiénes están asignados hoy, LA PRENSA Premium consultó al gerente general de la Enee, Eduardo Oviedo, quien respondió que no podían pronunciarse sobre el tema porque el PNRP se encuentra bajo una junta interventora.

En tanto, esa comisión, nombrada en marzo de este año, no se pronunció sobre el caso porque se encuentra identificando presuntas irregularidades que luego serán consignadas en un informe.

No obstante, funcionarios del actual gobierno dijeron bajo reserva a esta unidad de investigación que entre los casos sometidos a revisión de la comisión interventora se encuentra, precisamente, el proceso de licitación privada LP-ENEE-PNRP-001-2023, del que derivó la primera compra de celulares y planes móviles.

Según esa información, hasta ahora no existe un informe que establezca con claridad a quiénes fueron entregados esos aparatos, cómo fueron utilizados o si todavía siguen dentro del PNRP.

Además, esta unidad de investigación intentó establecer, a través de solicitudes de información, cuántos empleados llegó a tener el programa durante la administración anterior, pero en distintas ocasiones la respuesta fue que, por el cambio de administración, esos datos aún no estaban claros.

Ante esa falta de información oficial, este medio consultó a la excoordinadora Arias Salazar, quien estimó que antes de su salida el PNRP tenía alrededor de 1,550 técnicos y unos 300 administrativos, es decir, casi dos mil empleados en total.

Si el programa llegó a tener casi dos mil empleados, como sostiene su excoordinadora, la compra de dos mil celulares y servicios móviles alcanzaba, en términos de volumen, para cubrir prácticamente toda su estructura.

La dimensión del programa ayuda a entender mejor el caso. El PNRP fue impulsado en 2022 por el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro como una solución para reducir pérdidas de energía, recuperar ingresos y ejecutar acciones como la instalación de medidores.

Sin embargo, parte de su rastro documental desemboca en una compra millonaria de celulares cuyo destino institucional hoy nadie explica con claridad.

En otras palabras, un programa levantado para reducir pérdidas y ordenar la operación de la estatal terminó arrastrando un expediente en el que más de 13 millones de lempiras en celulares y servicios móviles quedaron bajo sospechas de uso discrecional y sin una trazabilidad clara dentro de la propia institución.