La situación para los trabajadores del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) ha pasado de la incertidumbre financiera a una aparente parálisis operativa forzada.
Este lunes, los empleados denunciaron que, además de adeudárseles tres meses de salario, la institución les ha retirado la flota de vehículos y las herramientas de trabajo, impidiéndoles además el ingreso a la sede de la institución.
Desde tempranas horas, los afectados se concentraron en las cercanías del puente Bonito sobre la carretera CA-13, en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras para protestar contra el Gobierno. En San Pedro Sula lo hicieron en el bulevar del norte, a inmediaciones de la Fesitranh.
A diferencia de otras jornadas, los manifestantes de La Ceiba realizaron un mitin informativo sin bloquear el paso vehicular, buscando visibilizar su crisis sin afectar a terceros.
Jorge Vaquedano, portavoz de los empleados en lucha, fue enfático al declarar que no cesarán en sus exigencias: "Aquí estamos reclamando nuestros pagos ya que no vamos a descansar hasta que nos paguen. No hemos tenido ninguna respuesta, solo promesas", lamentó.
"Lo más lamentable es que durante el fin de semana han llegado a retirar los vehículos que estaban asignados a los trabajadores, asimismo las herramientas de trabajo. Eso es con la intención ya de dejarnos sin empleo porque hasta a la empresa ya no tenemos acceso porque iban a militarizar", agregó Vaquedano.
Se conoció además que las autoridades del PNRP han prometido cancelarles los pagos atrasados a los empleados en los próximos días, "sin embargo solo dos meses ya que el tercer mes quedará retenido por si hay algún vehículo dañado se les deducirán los gastos de reparación", puntualizó Vaquedano.
Drama humano: desalojos y "calamidad doméstica"
La falta de pago ha empujado a los trabajadores a una situación de vulnerabilidad extrema. Según los testimonios, muchos se encuentran en estado de calamidad doméstica, enfrentando dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.
Vaquedano relató un hecho que refleja la gravedad del asunto, "Tuvimos que ir a ayudar a un compañero al que sacaron de su apartamento. El dueño le dijo que no le pagara los tres meses que debía, pero que desalojara hoy mismo".
Denuncias de intimidación
Los manifestantes también señalaron una presunta estrategia de división por parte de las autoridades. Según los denunciantes, se ha efectuado el pago a unos 800 empleados bajo modalidad de contrato, pero bajo condiciones de coacción.
Los empleados afirman que se les ha advertido que, si se unen a las protestas, no se les renovará el contrato. Solo en el litoral Atlántico, se contabilizan 200 empleados directamente afectados por el impago y la falta de equipo.
