Enee cerrará 2025 con pérdidas eléctricas mayores a las heredadas en 2022

Ni el control total de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ) ni los más de 12,000 millones de lempiras aprobados para el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas ( PNRP ) lograron contener la crisis sobre pérdidas energéticas de la estatal.

El PNRP, creado para revertir un problema histórico y financiado con fondos públicos, se fijó la meta ambiciosa de reducir 14 puntos porcentuales en cuatro años (2023–2026).

Sin embargo, los resultados han sido prácticamente nulos. Las pérdidas apenas variaron del 36% en 2022 al 35.8% en junio de 2025, según boletines oficiales de la Enee. En el plan inicial debía cerrar este año con pérdidas del 23,89%.

De acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Enee cerrará 2025 probablemente con pérdidas de energía de 34.40%, un nivel superior al 33.36% registrado en 2022, pese a las promesas oficiales de rescate y eficiencia.

Esta cifra contradice el discurso oficial y confirma el fracaso de una de las estrategias más costosas del sector energético hondureño.

Boletín

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Solo entre 2022 y junio de 2025, la estatal ha perdido más de 46,000 millones de lempiras en energía no facturada, lo que equivale a 40 millones de lempiras diarios en pérdidas, "un agujero que continúa drenando las finanzas públicas y limitando la inversión social", menciona un informe de la oenegé.

Sin embargo, a través de su cuenta en X, el ministro de Energía, Erick Tejada, ha defendido los avances del programa. Afirmó que entre 2010 y 2022 las pérdidas crecieron 16.34%, con un impacto económico de L89,000 millones.

Tejada aseguró que desde septiembre de 2023, cuando las pérdidas eran de 37.44%, la Enee ha logrado reducirlas en 3.2 puntos porcentuales con un 34.25% registrado hasta abril, con una proyección de alcanzar una baja de cuatro puntos porcentuales al cierre de 2025.

Es decir, que -según Tejada- la meta de reducción de pérdidas ahora es de 33.64%, más alta que 2021 y más baja que la meta planteada por el PNRP, fijada en 23.89% en 2025 y en 20.89% para 2026.

“Esta reducción de pérdidas es la mayor registrada en 16 años en Honduras”, escribió el funcionario, quien además reprochó las críticas al afirmar que “cuando no tienen cómo atacar al Gobierno o a la Enee, vuelven con la cantaleta de las pérdidas, como si hubieran caído del cielo”.

LA PRENSA Premium analizó el comportamiento de las pérdidas energéticas en los últimos cuatro años, el cual revela que, lejos de disminuir, estas aumentaron en comparación con el periodo gubernamental anterior.

Según cifras oficiales, en 2018 las pérdidas de energía alcanzaban el 32.46%, un año después subieron a 33.19%, y en 2020 escalaron hasta 37.76%. Para 2021, el índice mostró una leve mejora al 33.36%, aunque el avance no fue sostenible.

Con la llegada del Gobierno de Xiomara Castro en 2022, las pérdidas se ubicaron nuevamente en 36.05%, lo que motivó la creación del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), con la promesa de reducirlas 4 puntos porcentuales para 2023.

Sin embargo, el resultado fue el contrario, pues en 2023, las pérdidas aumentaron a 37.77%, y pese a ese revés, las autoridades mantuvieron el objetivo de una reducción de cuatro puntos porcentuales para el año siguiente.

El compromiso era cerrar 2024 con 26.89%, pero las cifras oficiales revelan que apenas bajaron a 36.01%.

La meta fijada para 2025 es llegar al 23.89% de pérdidas, una reducción que —según los antecedentes y los propios análisis técnicos— parece prácticamente inalcanzable.

Hasta junio de 2025, las pérdidas eléctricas se situaban en 35.83%, muy lejos del casi 23.89% prometido y del 20.89% proyectado para 2026, una meta que los expertos consideran irreal con la estructura actual de la estatal.

Cabe mencionar que las cifras sobre pérdidas de energía presentan inconsistencias entre los reportes del PNRP y las declaraciones del ministro Tejada, con diferencias de entre uno y dos puntos porcentuales, por lo que para este artículo se tomó como referencia cifras que registra la ASJ de los boletines de la Enee.

Cuando la presidenta Xiomara Castro asumió el poder en 2022, prometió rescatar la Enee y “acabar con la corrupción y las pérdidas eléctricas”.

Ese mismo año, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Energía, bajo la cual se creó el PNRP —una estructura paralela con autonomía presupuestaria— y posteriormente la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), que sustituyó al fideicomiso administrado por la Empresa Energía Honduras (EEH).

Durante este período, el Gobierno destinó más de L16,500 millones entre el PNRP y la UTCD; contrató 4,507 empleados para combatir las pérdidas, e invirtió L1,000 millones en vehículos y equipos, según datos de la ASJ. No obstante, el impacto de esa inversión sigue sin reflejarse en resultados tangibles.

Desde su creación, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) ha manejado un presupuesto acumulado de L14,194 millones, sin incluir los recortes aplicados en 2023. Sin embargo, solo ha logrado ejecutar L3,825.4 millones, lo que refleja una baja capacidad de ejecución.

En 2022, el programa dispuso de L3,878 millones, pero únicamente se ejecutaron L1,479.6 millones, equivalente al 38%.

Para 2023, el presupuesto inicial ascendió a L5,489 millones, aunque fue reducido a L2,499.9 millones hacia finales del año. Finalmente, se ejecutaron L1,886.8 millones, lo que representó un 75% del monto disponible.

En 2024, los fondos asignados bajaron inicialmente a L2,015 millones, pero posteriormente se incrementaron a L2,921 millones. De ese total, se ejecutaron L2,305 millones, alcanzando un 79% de ejecución.

Para 2025, el presupuesto original del PNRP era de L894.1 millones, pero fue ampliado a L1,905 millones. Hasta el 14 de octubre de este año, se habían ejecutado L697.3 millones, lo que equivale al 37%.

Para el economista Ismael Zepeda, el problema no es de voluntad política, sino de gestión. “Reducir nueve puntos porcentuales en un solo año es casi imposible. Técnicamente no se ha hecho una buena planificación desde el principio”, afirmó.

Zepeda considera que el programa se convirtió en una estructura burocrática sin impacto real. “Hay salarios, gastos operativos, y mucha transferencia de recursos, pero no hay beneficios reales”, agregó.

El especialista también cuestionó la transparencia del manejo financiero. “Puede haber maquillaje de cifras, eso es innegable. Y aunque se asignen 12 o 13 mil millones anuales a este programa, la población no ha visto ninguna mejora en el servicio”, sentenció.

El economista y experto en energía Kevin Rodríguez fue más directo y expresó que “estamos hablando de un fracaso total. El PNRP es un fracaso directo de la ley energética de 2022. Se creó una estructura paralela con su propio presupuesto y ahora no puede eliminarse fácilmente. Es un problema de gobernanza”, aseguró.

Rodríguez explicó que la Enee mantiene pérdidas totales de 36.4% hasta julio, aunque el gobierno insista en un 34%. “El problema es que cuando una empresa pierde el 37% de su producto, es inviable. Si fuera una empresa privada, ya estaría quebrada”, comparó.

Según sus estimaciones, las pérdidas representan unos 38 millones de lempiras diarios. “Y lo más grave”, añadió, “es que el monto perdido hoy es mucho mayor que hace una década porque el costo del kilovatio hora es más alto y la demanda de energía creció un 5% anual. En resumen, estamos perdiendo más energía y más dinero que antes”.

Rodríguez también señaló el efecto estructural de la empresa, al decir que “la Enee está fragmentada. Hay una gerencia de distribución, el PNRP, la UTCD y fideicomisos que operan como compartimentos estancos. En cualquier empresa, esto sería inviable; aquí, simplemente genera caos”, agregó.

Por su parte, el exgerente de la estatal, José Arriaga, advirtió que las pérdidas eléctricas amenazan la viabilidad de la empresa. “La Enee no recupera los costos del suministro. Con pérdidas totales de 37.5%, no puede invertir en transmisión ni en distribución, lo que deriva en cortes de energía y sobrecarga en la red”, explicó.

Según Arriaga, si no se reduce efectivamente el nivel de pérdidas, la estatal requerirá más de 13 mil millones de lempiras anuales en transferencias del Estado para subsistir, restando recursos a sectores como salud y educación.

“En República Dominicana, el Estado subsidia temporalmente a las distribuidoras mientras reducen pérdidas, pero aquí no hay un plan de salida. Seguimos transfiriendo fondos sin exigir resultados”, advirtió.

El monitoreo ciudadano de la ASJ detalla que en 2021 las pérdidas de energía eran del 33.36%, equivalentes a L10,488 millones. Para 2025, la proyección supera los L11,454 millones, es decir, el país terminará con más pérdidas y más deuda que hace cuatro años.

Durante este periodo, el saldo de deuda de la Enee subió de L66,000 millones en 2021 a L75,880 millones en 2025, un aumento del 15%, impulsado principalmente por las pérdidas.

Para Liliam Rivera, especialista en Finanzas Públicas de la ASJ, la estrategia de la Enee debe replantearse. “Se requiere un rediseño del modelo de negocio de la Enee. No se puede seguir inyectando miles de millones sin metas verificables ni transparencia en los resultados”, explicó.

La pregunta de fondo —coinciden los expertos— es si el país puede seguir subsidiando una empresa que pierde más de un tercio de la energía que genera. “Las altas pérdidas crean incertidumbre para todo el sector eléctrico. Sin una reducción efectiva, la Enee no será sostenible en el mediano plazo”, advirtió Arriaga.

Rodríguez, por su parte, lo resumió sin rodeos al decir que "lo que se pierde hoy en energía equivale a lo que Honduras invierte anualmente en seguridad. Si eso no sacude al gobierno, nada lo hará”.