Designados presidenciales: quiénes son y por qué son clave para Nasry Asfura
Designados de Nasry Asfura pasan a un rol funcional y visible, articulando labores con el Congreso, aliviando el sistema de salud e impulanzando alianzas con productores y empresarios
- Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 08:52 /
Tras la toma de posesión del presidente Nasry “Tito” Asfura el pasado 27 de enero, la figura de los designados presidenciales ha pasado a ocupar un lugar visible y activo dentro de la agenda gubernamental, estableciendo un giro frente al rol secundario y protocolario que estos cargos desempeñaron durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández (2014-2022) y Xiomara Castro (2022-2026).
En ambos periodos anteriores, los designados presidenciales fueron ampliamente percibidos como figuras decorativas, limitadas casi exclusivamente a funciones de representación y a la eventual suplencia del mandatario, sin una participación sostenida en la gestión pública ni en la toma de decisiones estratégicas.
La fórmula que acompaña a Asfura para el período 2026-2030 está integrada por tres designados presidenciales, electos de manera conjunta con el presidente mediante voto popular. Se trata de María Antonieta Mejía, primera vicepresidenta, exdiputada por Francisco Morazán y dirigente del Partido Nacional.
También, Carlos Alberto Flores Guifarro, segundo vicepresidente, médico cirujano plástico y profesional del sector salud. Asimismo, Diana Waleska Herrera Portillo, tercera vicepresidenta, empresaria y política originaria del departamento de Choluteca.
Los tres fueron juramentados por el Congreso Nacional junto al presidente y forman parte del Poder Ejecutivo conforme a lo establecido en la Constitución de la República.
Protagonismo
El papel de los designados presidenciales está regulado principalmente por el artículo 242 de la Constitución de Honduras, el cual establece que son electos de forma conjunta con el presidente como parte de una misma fórmula.
Su función esencial es sustituir al presidente en caso de ausencia temporal o permanente. Si la ausencia es temporal, el presidente puede delegar funciones en uno de los designados, pero si la ausencia es absoluta corresponde al Congreso Nacional elegir a uno de los tres para concluir el período presidencial.
En el caso extremo de que falten el presidente y los tres designados, el Ejecutivo sería asumido de forma provisional por el presidente del Congreso Nacional o, en su defecto, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Fuera de estos escenarios, la Constitución no asigna funciones administrativas propias a los designados presidenciales; es decir, no dirigen secretarías ni tienen competencias ejecutivas automáticas, su papel operativo depende exclusivamente de las responsabilidades que el presidente en funciones decida delegarles
109,000
lempiras
gana mensualmente cada designado presidencial
El marco legal también establece que los designados presidenciales no pueden ser removidos discrecionalmente por el presidente, ya que fueron electos por voto popular, solo pueden dejar el cargo por renuncia voluntaria, incapacidad legal o juicio político, conforme a la ley.
Este diseño constitucional ha sido objeto de críticas históricas por parte de analistas y juristas, quienes señalan que la falta de funciones explícitas ha contribuido a que el cargo se convierta, en la práctica, en una figura de bajo impacto político.
Aunque aún no se ha publicado el detalle oficial de salarios para período 2026-2030 y del pasado gobierno no hay registros públicos, el exsecretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, reveló en su momento que a cada designado le correspondía un salario de 109,000 lempiras brutos.
Además, cada designado ha contado históricamente con presupuestos anuales para funcionamiento de oficina. En el caso del gabinete de Castro, esa partida oscilaba entre 6 y 12 millones de lempiras anuales por designado, destinados a personal, logística y gastos administrativos, informó en su momento Pastor.
No obstante, una revisión a los registros de ejecución de la Secretaría de Finanzas indican que entre los tres despachos, en total, los designados de Castro recibieron entre 14 y 20 millones anuales.
Es decir, una proyección conservadora refleja que, de mantenerse estas cifras, el staff completo de los tres funcionarios con sus respectivos equipos absorbería entre 18.5 millones y 24.5 millones de lempiras al año.
Operadores clave
Desde el inicio de su mandato, el presidente Asfura ha buscado romper con la inercia histórica del cargo y ha definido un rol activo para sus designados, particularmente en el contexto de la crisis sanitaria nacional.
El propio mandatario asumió de manera directa la titularidad de la Secretaría de Salud, una decisión excepcional en la historia reciente del país, y designó a los vicepresidentes como parte de un equipo político-técnico de respaldo.
María Antonieta Mejía fue asignada a la coordinación legislativa y normativa, con el objetivo de facilitar reformas, decretos y aprobaciones necesarias para la implementación del plan de gobierno y las medidas de emergencia en salud.
De su lado, Carlos Flores Guifarro, por su perfil médico, funge como enlace directo con el gremio de salud, colegios profesionales y personal sanitario, en un momento de alta conflictividad y demandas estructurales del sistema.
En tanto, Diana Herrera Portillo tiene a su cargo tareas vinculadas a la seguridad alimentaria y la articulación con el sector empresarial y productivo, especialmente en regiones fuera del eje central del país.
En contraste, durante la administración de Xiomara Castro, los designados presidenciales fueron señalados reiteradamente por su escasa incidencia en la gestión pública, limitándose a actos protocolarios y representación política, una tendencia que ya se había consolidado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
El actual modelo impulsado por Asfura, aunque no modifica el marco constitucional, sí redefine el uso político del cargo, apostando por una mayor funcionalidad, coordinación y visibilidad, especialmente en sectores estratégicos y en momentos de crisis.
Gabinete de Asfura
Con la juramentación de Rony Francisco Pacheco Elvir como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah avanzó el jueves en la conformación de su gabinete.
El pasado 27 de enero marcó el inicio de la nueva etapa política en Honduras con la toma de posesión de Asfura para el período constitucional 2026-2030. Desde ese mismo día, el mandatario comenzó a delinear su equipo de confianza con la juramentación de Mireya Agüero como secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Emilio Hernández Hércules como secretario de Finanzas, y Sulmy Ortez al frente de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
En los días posteriores, la conformación del gabinete se fue ampliando. El miércoles, el secretario de Comunicaciones y Estrategia de Casa Presidencial, José Augusto Argueta Padilla, anunció la incorporación y juramentación de más funcionarios que asumirán responsabilidades en áreas clave del Ejecutivo.
Entre los nombramientos confirmados se encuentran Juan Carlos García como secretario de la Presidencia; Aníbal Ehrler al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), acompañado por Fernando Joel Vásquez como viceministro, Sulema Esmeralda Bustillo como gerente administrativa y Aden Santiago López como secretario general.
En el sector educativo y político-administrativo, Ivette Arely Argueta asumió la Secretaría de Educación, mientras que Sulmy Ortez lidera Gobernación, Justicia y Descentralización, respaldada por Jorge Rubén Godoy como secretario general.
En el ámbito económico e institucional, Roberto Lagos fue ratificado como director del Banco Central de Honduras (BCH), mientras que Gerardo Alonso Fajardo fue nombrado comisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), con Armando Vinicio Valdés como subcomisionado.
Asimismo, Belkis Escobar asumió la dirección de Aeronáutica Civil; María Eugenia Núñez fue nombrada directora de Infraestructura Nacional, y Ricardo José Godoy quedó al frente de la Dirección de Carreteras, áreas estratégicas para el desarrollo vial y la conectividad del país.
En la Secretaría de Finanzas (Sefin), además de Emilio Hernández Hércules como titular, se confirmó a Roberto Enrique Chan López como viceministro de Presupuesto; Lilian Odalis Rivera Ochoa como viceministra de Crédito e Inversión Pública; Ronay Adalid García Gómez como gerente administrativo, y Olga Suyapa Iría Santos como secretaria general.
En materia de salud, el presidente Asfura tomó una decisión inusual al asumir directamente la titularidad de la Secretaría de Salud, en medio de la crisis estructural del sistema sanitario. Para esta labor contará con el apoyo de Ángel Eduardo Midence Ochoa como subsecretario de Redes Integradas y José Miguel Castillo Hurtado como subsecretario de Proyectos e Inversión en Salud, además del respaldo de los designados presidenciales.
En el área laboral, Fernando Puerto Castro fue juramentado como secretario de Trabajo y Seguridad Social, acompañado por Daniel Humberto Discua como subsecretario de Relaciones Laborales y Yulisa del Carmen Martínez como subsecretaria de Empleo y Seguridad Social. En el eje de transparencia, María Fernanda Andino asumió la Dirección de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).
