El director departamental de Educación de Cortés, Jaime Rodríguez, denunció la tarde de este viernes haber recibido amenazas a muerte luego de hacer pública una investigación sobre una presunta red de irregularidades en el manejo de plazas dentro del sistema educativo en el departamento.
Rodríguez explicó que las amenazas se habrían producido durante horas de la noche, poco después de brindar declaraciones a medios de comunicación, en las que expuso supuestos hallazgos relacionados con nombramientos irregulares y personal que, según dijo, no se habría presentado a laborar.
El funcionario señaló que la investigación se realizó siguiendo instrucciones de autoridades del sector educativo y en el marco de procesos de transparencia institucional, asegurando que el trabajo permitió identificar a 152 personas vinculadas a plazas bajo la modalidad de servicio civil desde el año 2024.
De acuerdo con lo expuesto, parte de estos casos estarían relacionados con supuestos vínculos familiares de figuras políticas, entre ellos diputados y exautoridades, situación que ha generado controversia tras las declaraciones públicas de Rodríguez.
El funcionario afirmó que parte del personal señalado ya fue separado de sus funciones, indicando que al menos 39 personas habrían sido canceladas y el resto suspendidas de pago mientras continúa el proceso de verificación administrativa.
El director departamental sostuvo que la planilla irregular representaría un impacto económico significativo para el Estado, estimando un monto cercano a los 25 millones de lempiras mensuales, aunque aclaró que la investigación aún está en desarrollo y respaldada por documentación oficial.
Asimismo, detalló que tras hacer públicas las denuncias comenzó a recibir amenazas en las que, según su testimonio, se le advertía que conocían sus movimientos y lugar de residencia, lo que motivó a interponer una denuncia formal ante las autoridades competentes.
Rodríguez aseguró que las amenazas ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público, como parte del procedimiento legal correspondiente, y solicitó medidas de seguridad ante el riesgo denunciado.
El funcionario también hizo un llamado a las autoridades educativas y a los centros escolares del departamento a no prestarse a supuestas irregularidades administrativas, advirtiendo que se han realizado inspecciones en distintos establecimientos para verificar la situación del personal.
Finalmente, reiteró que su labor no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de depurar el sistema educativo y garantizar el uso correcto de los recursos públicos, mientras expresó preocupación por su seguridad personal y la de su familia ante las amenazas recibidas.
