Más de 2,000 empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) fueron notificados de la cancelación de sus contratos de trabajo, a partir del 6 de abril.
La Junta Interventora, a través del abogado Óscar Javier Córdova Guevara, quien funge como secretario de la comisión nombrada por el Gobierno, instruyó proceder de inmediato a notificar a los trabajadores del PNRP la finalización de la relación laboral.
El gobierno de Nasry Juan Asfura, mediante el decreto PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero, ordenó suprimir al menos 12 secretarías y programas del Estado, además de la intervención de otras entidades con el fin de reestructurarlas o eliminarlas.
Al cierre de la última semana de marzo, representantes de la interventora se presentaron a las oficinas del PNRP en el Centro Cívico Gubernamental. Días antes, empleados del programa protagonizaron protestas a nivel nacional, exigiendo el pago de tres meses de salario adeudados, así como la garantía de estabilidad laboral.
Reducir pérdidas
“Hemos cumplido exitosamente con la misión de reducir pérdidas y generar ingresos millonarios a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”, manifestaban los reclamantes durante las protestas.
El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la ENEE fue creado mediante el decreto No. 46-2022, artículo 13, publicado en La Gaceta el 16 de mayo de 2022, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en la medición de energía eléctrica, mediante operativos masivos y la reducción de pérdidas no técnicas, como el hurto de energía.
Autoridades del programa informaron que, al cierre de febrero, se registró una reducción acumulada histórica de 4.05%, situando el indicador interanual en 33.39%, lo que representaría ingresos para la ENEE por 4,393.16 millones de lempiras.
“A la empresa EEH se le pagaron 23 mil millones de lempiras para reducir pérdidas y, por el contrario, las incrementó en casi 6%, entregando la red de distribución en agosto de 2023 con 37.44%”, afirmaron.
Además, advirtieron que un posible cierre del PNRP implicaría un incremento significativo de las pérdidas por hurto de energía, lo que podría provocar el colapso financiero de la ENEE y una tendencia hacia la privatización del servicio eléctrico.
