Enee gastó L2.2 millones en combustible sin rastro claro de su uso

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) gastó más de 2.2 millones de lempiras en compras de combustible sin dejar claro en documentos públicos ni en registros internos cómo se distribuyó y bajo qué control se consumió.

Este reportaje forma parte de una serie documental de LA PRENSA Premium sobre el uso discrecional de recursos en la Enee. En una primera entrega, esta unidad de investigación reveló cómo durante la administración anterior de la estatal se reportaron casi 200 millones de lempiras en viajes, pasajes, viáticos y comidas sin rastro público suficiente sobre buena parte de ese gasto.

En una segunda publicación, LA PRENSA Premium documentó el uso discrecional de celulares y planes de telefonía que le costaron a la estatal más de 13 millones de lempiras. Ahora, esta investigación expone otra arista del mismo patrón: compras de combustible cuyo destino y consumo tampoco quedaron claramente documentados.

Documentos revisados por esta unidad de investigación muestran que el programa ejecutó siete compras de combustible por 2.2 millones de lempiras: tres contratos en Tegucigalpa, dos en San Pedro Sula, uno en Juticalpa y otro en Choluteca.

Además del rastro documental, una fuente de la institución que conoció de cerca el manejo de esas compras, reveló que cuando los exfuncionarios del PNRP querían evitar que esos procesos dejaran rastro público, no remitían toda la documentación a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Enee.

Lo expuesto desde dentro de la institución apunta a que esa práctica terminó volviéndose una rutina dentro del programa y generó fricciones con la gerencia de Transparencia, que reclamaba esa y otra documentación mientras la administración del PNRP se negaba a entregarla.

Ese señalamiento coincide con la revisión realizada por esta unidad de investigación, que no encontró esos expedientes ni en el Portal Único de Transparencia ni en HonduCompras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Según los hallazgos de esta unidad de investigación, la irregularidad no recae en los proveedores, sino en el manejo que el PNRP dio al combustible.

LA PRENSA Premium consultó a la excoordinadora del PNRP, Lesly Vanessa Arias Salazar, quien defendió que sí existían controles internos y documentación administrativa que respaldaba su ejecución.

Pero fue al revisar seis contratos, junto con un proceso de compra adjudicado en San Pedro Sula, donde apareció el hallazgo principal: los documentos sí acreditaban la compra del combustible, pero no permitían seguir con claridad a qué vehículos sería asignado ni cómo debía quedar controlado cada suministro.

El contrato que más expuesto dejó ese problema fue el PNRP-020-2023, por 300 mil lempiras. El documento no dijo cuántos vehículos serían abastecidos, no detalló placas, rutas ni zonas de operación y tampoco fijó el lugar donde debía entregarse el combustible.

También dejó abierta la autorización del suministro. El contrato señaló que el diésel sería entregado con autorización del contratante o de quien este delegara, pero no identificó quiénes podían emitir ese permiso ni cómo debía quedar controlado ese procedimiento.

El PNRP-021-2023 repitió buena parte de ese mismo esquema. Tampoco dejó por escrito el lugar donde se suministraría el combustible y volvió a mantener sin identificar los vehículos que serían abastecidos.

En otras palabras, el PNRP volvió a contratar diésel para una flota que en el papel seguía siendo difusa. Se compró el combustible, pero no quedaron reglas claras para reconstruir después a qué unidad fue asignado ni cómo se distribuyó dentro del programa.

El PNRP-33-2023 corrigió solo una parte del problema. A diferencia de los dos anteriores, este sí dejó por escrito el punto de abastecimiento: una estación en la Alameda, en el bulevar Centroamérica, en la capital.

Ese ajuste no es menor. Demuestra que el PNRP sí podía fijar con mayor precisión algunas condiciones del suministro, pero no lo hizo desde el inicio.

En San Pedro Sula en uno de los procesos de compra el portal HonduCompras solo deja ver la orden de compra número PNRP-CMA-036-2022 y su adjudicación, junto con las especificaciones del servicio y el punto de abastecimiento vinculado a la región 5 del PNRP. Pero el contrato como tal no fue publicado en el portal.

Con esa misma dinámica también están los contratos PNRP-022-2023, PNRP-025-2023 y PNRP-28-2023, suscritos en San Pedro Sula, Juticalpa y Choluteca, respectivamente, y que en conjunto comprometieron otros 900 mil lempiras en combustible.

En términos simples, los tres repiten vacíos similares: compran diésel para vehículos no individualizados, no detallan placas, rutas ni zonas de operación y dejan abierto cómo debía documentarse cada carga.

En ese sentido, el patrón no se limitó a Tegucigalpa y San Pedro Sula: también se extendió a otras regiones del país.

Frente a esos vacíos, la excoordinadora del PNRP, Vanessa Arias, sostuvo que las omisiones detectadas en los contratos no significaban ausencia de control y defendió que el programa sí contaba con mecanismos internos para autorizar y liquidar el suministro de combustible.

Por ejemplo, sobre a quién se delegaba la autorización que los contratos no precisan, la exfuncionaria explicó: “¿A quiénes delegamos? Delegamos a la unidad de operaciones, que era quienes extienden las órdenes para llenar combustible en los vehículos de las cuadrillas”.

Arias también sostuvo que los documentos sobre cómo se suministró y liquidó el combustible no debían buscarse en el contrato, sino en las liquidaciones y registros administrativos generados durante la ejecución y cargados en el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi) de la Secretaría de Finanzas.

“Todo ese combustible está liquidado, cada galón se liquida” y “de todo eso hay documentos, todo está en archivos”, afirmó Arias.

Pero esa explicación no cierra la grieta documental que dejan los contratos. Saúl Bueso, integrante de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Justicia del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), advirtió que esos vacíos no solo erosionan la transparencia, sino que abren margen para la corrupción.

“A eso nosotros le llamamos fraude. Esto es peligroso porque puede contribuir a la fuga de fondos que le pertenecen al pueblo hondureño, porque se paga combustible de manera anticipada y después puede terminar llenando cualquier automóvil, aunque no pertenezca a la institución”, sostuvo.

Bueso advirtió que el punto más delicado está en que los contratos no dejan claramente identificado qué vehículos podían ser abastecidos. Sin ese control, explicó, una orden de compra puede terminar amparando cargas ajenas al programa sin romper formalmente el papel.

“Si usted no dice cuáles son los automóviles, entonces puede ir cualquier automóvil con una orden de compra. El proveedor se ampara en esa orden y, al final, todas las cargas van a sumar el total pactado en el contrato”, advirtió Bueso.

Además de eso, el artículo 148, literal e, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado establece que, incluso desde la orden de compra, debían quedar claras las condiciones básicas del suministro: qué se iba a entregar, cómo se pagaría, dónde se recibiría y bajo qué forma se haría la entrega.

Los vacíos que la exfuncionaria justificó también fueron advertidos desde dentro de la propia Enee. En un informe entregado el 6 de julio de 2023 al entonces gerente general, Erick Tejada, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción alertó sobre debilidades en compras y contratos del programa.

Incluso, en ese informe aparece otro dato reelevante del proceso de compra de diésel en San Pedro Sula, donde se advirtió que la orden solo estaba firmada por dos personas, sin nombres que permitieran establecer con claridad quién la elaboró ni quién la autorizó.

Lo expuesto en este reportaje y las advertencias contenidas en ese informe no quedarán solo en papel. Desde el actual gobierno informaron que estos procesos, junto con otras compras de años posteriores en las que también se detectaron irregularidades, están bajo investigación.

Con las pesquisas abiertas dentro de la Enee, los casos expuestos en esta serie documental de LA PRENSA Premium empiezan a perfilarse como la punta de un iceberg. Debajo de esos contratos no solo quedaron vacíos en el papel, sino señales de un esquema de compras y contrataciones opacas.