El dinero, como el poder, siempre encuentra a quien recompensar primero. El Banco Central de Honduras subió el dieciocho de septiembre su tasa de política monetaria de 5.75% a 6%. Es un cuarto de punto, una cifra que en la conversación pública suena casi anecdótica, pero que en la vida real de miles de hondureños significa una cosa muy concreta. Quien tiene dinero guardado en el banco ganará un poco más por tenerlo ahí quieto. Quien necesita pedir prestado para abrir un negocio, comprar una casa o simplemente sostener a su familia durante un mes difícil, pagará más por ese mismo dinero.
El economista José Luis Moncada lo dijo con precisión: este ajuste encarece el crédito, afecta la inversión, el consumo y a la pequeña empresa, y profundiza el riesgo de recesión. No es una medida neutral. Ninguna decisión monetaria lo es jamás.
El propio Banco Central justificó la subida citando una inflación anual de 6.2%, por encima de su meta, impulsada casi enteramente por alimentos y energía. Y justificó también algo más revelador: la necesidad de evitar que el capital emigre hacia instrumentos en dólares que hoy pagan más en Estados Unidos. Esa frase técnica, arbitraje de tasas, es la manera elegante de decir que Honduras, con su economía atada al dólar, no tiene realmente libertad para fijar su propia política monetaria.
Cuando la Reserva Federal sube, nosotros subimos. Apenas dos días antes, el dieciséis de septiembre, la Reserva Federal había elevado su tasa a un rango de 3.75% y 4%, citando inflación persistente y, textualmente, incertidumbre elevada por desarrollos geopolíticos.
Ahí está lo verdaderamente alarmante de esta historia. Kevin Warsh, el economista que Donald Trump colocó al frente de la Reserva Federal esperando un aliado que bajara las tasas según su propia visión política, votó junto al resto de la junta, doce votos contra cero, para subirlas.
Trump reaccionó con una mezcla de resignación y advertencia pública: dijo que respetaba a Warsh, pero que las tasas siguen siendo demasiado altas, y llegó a admitir que no lo habría nominado si hubiera sabido que terminaría subiéndolas. Cuando ni siquiera el hombre elegido por el poder político logra doblar a la autoridad monetaria frente a la evidencia, la evidencia debe ser tomada muy en serio.
Y la evidencia tiene nombre: la guerra en Irán. Desde finales de febrero, el cierre parcial del Estrecho de Ormuz interrumpió cerca de veinte por ciento del comercio marítimo mundial de petróleo y gas licuado, el precio del Brent saltó de setenta y dos a más de ciento dieciocho dólares por barril, y los fertilizantes subieron cuarenta por ciento en semanas.
El ejemplo más nítido de esta presión llega por mar. Las navieras que antes cruzaban por Ormuz ahora pagan sobrecargos de hasta cuatro millones de dólares por transitar el Canal de Panamá, frente a los doscientos cincuenta a trescientos mil dólares que costaba ese mismo servicio expedito antes de la guerra. Economistas consultados por Bloomberg y CNBC coinciden: esta inflación será más ancha, más profunda y más persistente que la anterior, y si el conflicto se extiende hasta el próximo año, la presión sobre precios y tasas no hará más que crecer.
Frente a esa cifra multimillonaria que Panamá cobra hoy con total legitimidad de mercado, resulta difícil no pensar en el corredor interoceánico hondureño, un proyecto de casi veinte mil millones de dólares que sigue esperando financiamiento serio mientras nuestros vecinos convierten cada crisis geopolítica en ingreso soberano.
