Malas señales y feos recuerdos se han revivido en Honduras tras la última arremetida en los precios internacionales de los carburantes. Esto ha dejado de ser una simple variable macroeconómica para convertirse en una presión directa y muy fuerte sobre el día a día de la sociedad hondureña.
Cuando sube el precio del combustible, sube la canasta básica, el transporte y el costo general de vida, desencadenando un efecto dominó que asfixia, tanto el presupuesto familiar, ya bastante golpeado, como la endeble operatividad de los pequeños negocios; igual, aunque los grades también sufren, aún tienen más margen de maniobra.
Frente a esta coyuntura, la respuesta no puede ser la resignación o la nula o poca acción gubernamental y bancaria, sino un replanteamiento de nuestras dinámicas laborales, financieras y de movilidad urbana. Urge revisar.
Para la mayoría de los hogares hondureños, el alza de los combustibles absorbe de forma inmediata los ingresos destinados a la alimentación, servicios básicos y la salud, sin olvidar la educación pública y privada que igual es impactada.
En un entorno donde la cobertura del crédito formal en el sistema financiero alcanza únicamente al 15.2% de la población en edad de trabajar, las familias carecen de un amortiguador financiero bancario más flexible para sobrellevar estas crisis de liquidez.
Ante esta dura y asfixiante inflexión del sistema bancario, que por supuesto también tienen sus razones, el recurso más extendido es el financiamiento informal, al que recurre el 26.1% de los adultos atrapados en el préstamo con familiares y amigos como principal fuente de crédito para cubrir gastos de subsistencia.
Sí, y aunque las remesas familiares representan más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras e inyectan una liquidez vital, la inflación arrastrada por el costo de transporte erosiona rápidamente este alivio, dejando a miles de familias atrapadas en un ciclo de endeudamiento precario.
Es por ello que, si leemos el mismo dato, pero a la inversa, la cifra del crédito formal en el sistema financiero ahora mismo está dejando sin posibilidades de financiamiento formal al 84.8% de la población de Honduras en edad de trabajar y a expensas de, apartando al amigo o el familiar que presta por amor y fe, en manos del usurero, del estafador o el rufián que ofrece plata fresca sin aval ni supervisión. Sí, algo más la banca puede hacer. }
Ahogamiento de las MIPYMES
Pero más allá del gasto directo de la persona versus el proveedor, las micro y pequeñas empresas, MIPYMES, constituyen la columna vertebral del empleo en el país; sin embargo, siguen siendo las más vulnerables ante el incremento en los fletes y el acarreo de insumos.
A diferencia de las grandes corporaciones, las microempresas carecen de reservas o músculo financiero para absorber los costos operativos adicionales; por ejemplo: de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, el 29% de las microempresas en Honduras enfrenta una restricción completa de acceso al crédito en el sector formal.
Su duro presente es sin capacidad para financiar capital de trabajo ni actualizar sus sistemas de reparto, el encarecimiento del transporte las fuerza a trasladar los costos al consumidor final o, en el peor de los escenarios, a recortar personal o cesar operaciones.
Ante un escenario tan gris y poco alentador, si el precio internacional del petróleo escapa al control nacional, la forma en que gestionamos la movilidad interna sí depende de decisiones administrativas y empresariales. La crisis energética exige acelerar medidas de ahorro de carburante en los principales centros urbanos de Honduras.
Iniciativas como las aplicadas por la alcaldía municipal del distrito Central, AMDC, Tegucigalpa, que implementó el teletrabajo los viernes y cuatro turnos escalonados para empleados públicos, demuestran que es factible reducir significativamente la congestión vehicular y el consumo inútil de combustible.
Expandir e institucionalizar de forma temporal y claramente documentado, esquemas híbridos en el sector privado y estatal no solo aliviaría la factura petrolera individual y nacional, sino que reduciría sustancialmente los tiempos de traslado de la fuerza laboral.
Más acciones
Existe un contraste evidente entre el alto uso de conectividad personal y la baja digitalización de las gestiones económicas cotidianas. Aunque el 76.9% de los adultos en Honduras posee un teléfono celular, únicamente el 1.3% de quienes usan internet realiza transacciones bancarias en línea, y la adopción de billeteras electrónicas ronda apenas el 8.9% tras los ajustes regulatorios de verificación presencial.
Cada trámite presencial o pago que requiere efectivo genera desplazamientos físicos innecesarios y consumo de transporte. Fomentar la banca digital, la interoperabilidad de billeteras móviles y el comercio electrónico reduciría la necesidad de movilización física, generando un ahorro directo y tangible en pasajes y gasolina para la ciudadanía.
Está claro que el alza de los combustibles representa un desafío complejo que demanda soluciones integrales y proactivas, más que reactivas. No basta con esperar fluctuaciones favorables en el mercado internacional del petróleo; es imperativo fortalecer la inclusión financiera de las microempresas, modernizar la movilidad laboral e impulsar de forma decidida la transformación digital.
Solo coordinando y entrelazando política pública y estrategia privada se logrará mitigar de manera sostenible el impacto en la economía de los hogares hondureños.
