El informe elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el manejo irregular de fondos en Sedesol, y remitido al Ministerio Público, no constituye en sí una evidencia ante un tribunal, dijo Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco).
En una conferencia de prensa, el fiscal dijo que “el informe no está dirigido a convertirse en prueba ante un tribunal, sino que simplemente son hallazgos que ha realizado el Tribunal Superior de Cuentas y los pone en conocimiento del Ministerio Público para que pueda investigar”.
Santos explicó que, aunque aún no ha revisado personalmente el informe del TSC, es importante entender que los hallazgos del tribunal no constituyen pruebas legales para presentar acusaciones automáticas.
En el documento se revelan irregularidades en la distribución del Fondo de Administración Solidaria, un programa presupuestado para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales, el cual debe ser solicitado por los diputados.
La PRENSA reveló hace tres meses, cuando estalló el escándalo, parte del esquema utilizada por Isis Cuéllar, congresista de Copán, para desviar fondos, utilizando a beneficiarios fantasmas que entregaron el dinero de las ayudas sociales a cercanos y colaboradores de Cuéllar.
Santos expuso que la Fiscalía realiza, por su parte, investigaciones activas sobre el manejo irregular de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Además, el director de Uferco confirmó que las investigaciones abarcan casos tanto de la administración anterior como de la actual.
“Tenemos investigaciones asignadas que corresponden a ambos periodos”, dijo, aunque se mostró reservado para no entorpecer el debido proceso y respetar la confidencialidad.
No obstante, adelantó que dentro de los casos se indagan delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude.
En particular, explicó que en varias investigaciones aparecen personas que habrían usado sus influencias para favorecerse o favorecer a terceros, lo que amerita investigar también el delito de tráfico de influencias.
En cuanto a los recursos con los que cuenta la unidad, Santos reconoció que a pesar de un incremento presupuestario este año para el Ministerio Público, la Uferco aún carece del personal y equipamiento suficiente para atender la complejidad y volumen de casos que maneja.
“Tenemos que trabajar con lo que hay”, afirmó con cierta resignación. Negó categóricamente que existan presiones políticas para influir en el curso de las investigaciones. “No recibo llamadas de políticos y si alguien intenta presionarme, simplemente corto la comunicación”, sostuvo con firmeza.
Santos también hizo un llamado a la población y a los medios a evitar especulaciones prematuras, especialmente en un año electoral. “Estamos trabajando con objetividad y respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados. Cuando las investigaciones concluyan, ustedes conocerán los resultados”, concluyó.
Manejo del Fondo de Administración Solidaria
El informe del Tribunal Superior de Cuentas documenta una serie de irregularidades en el manejo del Fondo de Administración Solidaria.
El fondo forma parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023 y estaba destinado a beneficiar a comunidades vulnerables mediante proyectos específicos.
La investigación del TSC se activó tras la difusión de un video en redes sociales donde la diputada por Copán, conversa con el entonces Secretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, sobre la estrategia para distribuir fondos a militantes del partido de gobierno, lo que levantó sospechas sobre el destino real de esos recursos.
El tribunal identificó que se emitieron 67 cheques para beneficiarios de programas sociales, de los cuales 58 se cobraron finalmente por un total de más de cinco millones de lempiras.
Sin embargo, los recursos no se entregaron conforme a lo establecido por la normativa, que exige que estos fondos beneficien a comunidades, patronatos o asociaciones, sino que fueron asignados a personas vinculadas política y familiarmente con la diputada Cuéllar.
Entre los beneficiarios se encuentran familiares directos y colaboradores cercanos de la diputada, además de candidatos políticos y empleados públicos con ingresos estables, lo que contraviene el objetivo de ayudar a personas en condiciones de vulnerabilidad.
La auditoría del TSC detectó irregularidades en la documentación y ejecución de los proyectos. Algunos beneficiarios declararon que nunca recibieron el dinero completo o que entregaron los fondos en efectivo a intermediarios vinculados a la diputada.
Además, varios proyectos de emprendimiento presentaban evidencias de bienes sin uso, almacenados o en mal estado, y se encontraron cotizaciones y facturas duplicadas o que no correspondían con los trabajos realizados.
