TSC: Isis Cuéllar operó a través de sus asistentes para desviar fondos

El exministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar enfrentaron interrogatorios del TSC, donde negaron su responsabilidad en el desvío de fondos y trasladaron la culpa a terceros

Tegucigalpa, Honduras.- El escándalo por el presunto desvío de recursos del Fondo de Administración Solidaria (FAS) alcanzó un nuevo capítulo con las declaraciones de la diputada Isis Cuéllar y José Carlos Cardona Erazo, exministro de Desarrollo Social (Sedesol), quienes se desmarcaron de responsabilidades directas y trasladaron la carga a asistentes y subordinados.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un informe remitido al Ministerio Público (MP) en el que se documentan irregularidades en el manejo de millones de lempiras en ayudas sociales; entre ellas, obras no ejecutadas, liquidaciones inconsistentes, documentos falsificados y el uso sistemático del fondo para beneficiar al círculo político y familiar de Cuéllar.

La investigación surge a raíz de un video difundido en junio pasado, donde se escucha a la diputada oficialista dialogar con el entonces secretario de Sedesol, describiendo la forma en que se distribuyeron recursos a estructuras del partido.

El informe detalla además que en mayo de 2023 la legisladora de Libre ejecutó 6.5 millones de lempiras en 67 cheques, de los cuales únicamente se cobraron 58, equivalentes a más de 5.1 millones de lempiras.

La verificación en los 18 municipios de Copán reveló irregularidades en las obras financiadas. Se encontraron cotizaciones idénticas en expedientes distintos, facturas inconsistentes y documentos emitidos por empresas que negaron haber realizado ventas. Incluso, firmas de beneficiarios diferían de las rúbricas presentadas ante la auditoría, lo que apunta a manipulación documental.

El TSC concluyó que los fondos fueron asignados de manera discrecional, sin criterios técnicos verificables, y que la intervención de gestores ajenos desnaturalizó el propósito del programa.

Sin embargo, ambos involucrados (Cuéllar y Cardona) se desvincularon de sus responsabilidades en los interrogatorios realizados por auditores del TSC.

" Desconocí en todo momento dichas solicitudes... era imposible, por la naturaleza de mi investidura y mi agenda, estar al pendiente del detalle-especificidad de las mismas”
José Carlos Cardona, exministro de Sedesol

Este medio conoció que el documento fue remitido hace dos semanas al Ministerio Público. El fiscal general Johel Zelaya confirmó la recepción del expediente en ese entonces, pero el martes que fue difundido a los medios le restó importancia y lo calificó como “superfluo”.

“No responden a intereses partidarios. El Ministerio Público investiga casos de corrupción sin distingos de colores políticos”, expresó.

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Las versiones de Cardona y Cuéllar

En un oficio enviado el 27 de agosto de 2025, Cardona respondió a 16 preguntas del equipo auditor del TSC. El exfuncionario negó haber tenido conocimiento de las solicitudes tramitadas en Copán y aseguró que la administración y supervisión del FAS estaban en manos del Comité Técnico Interno, no de su despacho ministerial.

“Desconocí en todo momento dichas solicitudes... era imposible, por la naturaleza de mi investidura y mi agenda, estar al pendiente del detalle-especificidad de las mismas”, afirmó el exministro en el documento al que LA PRENSA Premium tuvo acceso.

Cardona subrayó que la secretaría operaba con limitaciones presupuestarias que impedían verificaciones en campo. “No se hicieron verificaciones ni supervisiones... la Sedesol es una secretaría muy grande con un presupuesto muy reducido, casi siempre en déficit”, explicó.

También explicó que el polémico Acuerdo Ministerial N° 083-A-SEDESOI-2023 nunca fue aprobado porque “contradecía” las funciones técnicas de la Sedesol y que, por instrucciones de Casa Presidencial, el reglamento vigente seguía siendo el de 2022.

El exministro remarcó que nunca tuvo comunicación con Cuéllar ni con su equipo y que su papel se limitaba a dar lineamientos técnicos. “No participé de dichas acciones ni he tenido comunicación alguna con la diputada Cuéllar”, concluyó.

Un día después, el 28 de agosto, la diputada Isis Cuéllar también presentó su descargo ante el TSC. La congresista oficialista responsabilizó a la Sedesol y a sus colaboradores más cercanos, afirmando que su rol no incluía verificar la ejecución de los fondos.

“No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyectos... eso corresponde directamente a la Secretaría de Sedesol, tal como lo establece el Reglamento Interno del FAS”, argumentó en su oficio.

Cuéllar reconoció que su equipo de trabajo incluye a Ilsy Baquedano y Paola Pérez Moreno -asistente y excuñada, respectivamente-, ambas señaladas en el informe como beneficiarias y gestoras de cheques. Sin embargo, se apresuró a marcar distancia.

“En ningún momento he girado instrucciones ni verbales ni escritas a la señorita Ilsy Baquedano”, dijo, sugiriendo que si hubo irregularidades, estas deben ser aclaradas por su asistente. Cabe mencionar que, además de ellas, este medio evidenció que otro de los gestores es Eduardo Elvir.

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Testimonios apuntan al entorno de Isis Cuéllar

Entre los casos documentados figuran beneficiarios ligados a la asistente de Cuéllar: Ilsy Valeska Baquedano Mejía, su madre Alba Luz Mejía y su tía Nora Elsa Mejía, quienes recibieron más de 292,000 lempiras.

El informe también incluye a colaboradores cercanos y personas vinculadas sentimental o familiarmente con la congresista, así como a candidatos a cargos públicos y servidores con ingresos estables.

" Es probable que este esquema se repita en otros departamentos y con otros legisladores”
Lester Ramírez, analista

Diferentes testimonios de los beneficiarios recogidos en el informe mencionan que solo reclamaron los cheques, les entregaron el dinero a personas de confianza de la diputada Cuéllar y luego firmaron documentos que ni siquiera leyeron. “Cambié el cheque en la agencia de Banadesa y lo entregué en efectivo a Ilsy Baquedano; me pidieron firmar papeles sin dejarme leerlos”, declaró un beneficiario al TSC.

Otros beneficiarios dijeron que fueron trasladados en grupos a sucursales de Banadesa en Cortés, Lempira y Copán, donde cobraban los cheques de forma coordinada y luego los devolvían a Baquedano, Pérez o Elvir.

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Red de corrupción

El analista e investigador Lester Ramírez calificó como “uno de los más extensos y detallados” el informe de auditoría presentado por el TSC.

Ramírez señaló que el documento, de 89 páginas, “pone en evidencia una red de corrupción que prácticamente tomaba el dinero destinado a los beneficiarios y lo desviaba hacia estructuras políticas de la diputada”.

Para Ramírez, Baquedano es “el brazo operativo de esta trama”. El analista advirtió que los requerimientos fiscales que se desprendan del caso podrían ser “muy abiertos y extensos”, alcanzando a funcionarios de Sedesol y los operadores que facilitaron el desvío de fondos.

El investigador también advirtió que la modalidad detectada podría repetirse en otros departamentos y con otros diputados, debido a la sofisticación con que fue ejecutada. “Este tipo de prácticas incluso aparece con la aprobación del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya”, subrayó.

Por su parte, el diputado Carlos Umaña subrayó que los hallazgos del TSC son vinculantes y deben tener consecuencias jurídicas.

“Estos informes son vinculantes, son de motivo para que el Ministerio Público establezca los requerimientos fiscales correspondientes y se investigue hasta las últimas consecuencias, ya que existen las pruebas suficientes para que esta causa sea llevada a la judicialización y se restituya el daño hecho al Estado de Honduras”, expresó.

Por su parte, Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), mencionó que la actuación del Ministerio Público “ha sido sesgada y parcial en sus investigaciones”.

“El Ministerio Público, en otras circunstancias, ha actuado sin necesidad de informes externos, ya sea de oficio o por denuncias públicas. Sin embargo, ahora que existe un informe oficial está obligado a actuar, más aún a 65 días de las elecciones nacionales”, enfatizó.

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